Departamento del Tesoro identificó a empresas venezolanas y sancionan a funcionarios del Gobierno

Fuente: LaPatilla

Alejandro Rebolledo

La Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN) emitió un pronunciamiento para alertar a las instituciones financieras de la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las figuras políticas de ese país y sus asociados pueden usar para mover y esconder la corrupción.

Nota de prensa

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, electo por la Asamblea Nacional venezolana, Alejandro Rebolledo explicó que esta advertencia también provee banderas rojas para ayudar a identificar y a reportar la actividad delictiva al Fincen, que puede ser indicativa de la corrupción del Gobierno, incluyendo el abuso en los contratos del régimen venezolano, transferencias bancarias de corporaciones y compras de bienes raíces en el sur de Florida y Houston.

“Venezuela se enfrenta a graves circunstancias económicas y políticas debido a la ruptura del orden democrático y constitucional. La comprobada corrupción generalizada en el país daña su crecimiento económico y estabilidad político-social”, agregó el Magistrado.

Rebolledo indicó que en los últimos años, las instituciones financieras han reportado al Fincen sus dudas con respecto a muchas transacciones sospechosas de estar vinculadas a la corrupción pública venezolana, incluyendo contratos gubernamentales.

Igualmente, explicó que el 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) incluyó en su lista al vicepresidente Tareck El Aissami por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes y a quien señalan como su representante, Samark López.

“Las designaciones de la OFAC aumentan la probabilidad de que otras figuras políticas venezolanas no enlistadas puedan tratar de proteger sus activos; incluidos aquellos que podrían estar asociados con la corrupción política, para evitar futuras sanciones financieras”, aseguró Rebolledo.

Del mismo modo, explicó que para las autoridades americanas, transacciones que involucren a agencias gubernamentales venezolanas y a sus funcionarios (en particular aquellas que involucran contratos gubernamentales) pueden potencialmente ser usadas como vehículos para mover, lavar y ocultar bienes y dinero en los EEUU, producto de la corrupción.

Entre las empresas públicas venezolanas mencionadas por FINCEN, figuran el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Suministros Venezolanos Industriales, CA (SUVINCA), el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y entidades estatales similares.

A medida que las organizaciones policiales y las instituciones financieras aumentan el escrutinio de las transacciones que involucren a las empresas estatales venezolanas, los funcionarios corruptos pueden tratar de canalizar los ingresos ilícitos a través de empresas estatales menos conocidas, recién creadas o empresas afiliadas.

Según el Fincen, los miembros del régimen y sus aliados dirigen contratos gubernamentales a sus empresas asociadas para la importación de bienes y obtener la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para las empresas domiciliadas en el extranjero. Tanto los importadores como los funcionarios del gobierno receptor suelen desviar una parte de la mercancía hacia el mercado negro, donde las ganancias son mayores.

También incluyeron los negocios de exportación en el sur de la Florida que se especializan en el envío de mercancías a Venezuela. Estos son particularmente vulnerables a los esquemas de lavado de dinero.

De acuerdo con las obligaciones reguladoras existentes, las instituciones financieras deben tomar medidas razonables y basadas en el riesgo para identificar y limitar cualquier exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con la corrupción pública venezolana.

Por otro lado, en materia de Seguridad Nacional, el magistrado Rebolledo el gobierno norteamericano tomó acciones para detectar intentos de ingreso al país de sujetos relacionados al terrorismo internacional. Según Washington, Venezuela no comparte adecuadamente la información relacionada con seguridad pública y terrorismo, en consecuencia, limitó el Visado norteamericano a funcionarios – y familiares- del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y Paz ; El SAIME, El CICPC.