BCV y PDVSA máquinas para el blanqueo de capitales

El gobierno de Nicolás Maduro estaría utilizando las instituciones del Estado como Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central(BCV) -entre otros entes gubernamentales- para lavar dinero proveniente de la corrupción y de la industria criminal, según se desprende de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de los Estados Unidos.

Por: Maibort Petit

Fuente: Venezuela al Día

Las averiguaciones son el tema central de las discusiones que tienen lugar en el Departamento de Estado y que apuntan a la posible designación de Pdvsa como una industria criminal debido a que ha sido usada por más de una década para blanquear grandes montos de dinero que han entrado al sistema financiero norteamericano y luego han sido desviados a varios paraísos fiscales.

Otros entes gubernamentales que están bajo la lupa federal son los siguientes: Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), Banco Económico y Social Venezolano (BANDES), Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Suministros Venezolanos Industriales, CA (SUVINCA), Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) y la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CANTV).

Los Estados Unidos ha puesto en marcha una serie de políticas para frenar los métodos que el gobierno venezolano utiliza para blanquear capitales en el sistema financiero norteamericano. Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro y las alertas hechas por el Fincen responden a la lucha de las autoridades estadounidenses para atacar el problema que han generado en EEUU la corrupción generalizada de los funcionarios venezolanos.

El 20 de septiembre de 2017, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) advirtió a los bancos norteamericanos sobre los mecanismos usados por los funcionarios corruptos venezolanos para lavar dinero y exigió que deben tomar todos los mecanismos de corrección para evitar que siga funcionando la enorme máquina lavadora de dinero de los miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Aquellas instituciones norteamericanas que no cumplan con las regulaciones se exponen a severas sanciones.

Las autoridades fiscalizadoras de los EEUU pidieron a las instituciones financieras realizar de manera rigurosa los reportes y verificar la información de los clientes y de las transacciones para detener, disuadir y prevenir que los ingresos vinculados a presunta corrupción pública venezolana se trasladen a través del sistema financiero estadounidense. En consecuencia, las empresas deben permanecer vigilantes ante estos riesgos y garantizar que sus programas de supervisión sean actualizados y cumplan con todas las obligaciones reglamentarias pertinentes.

El FinCEN asegura que existe una corrupción pública generalizada en Venezuela y que los altos funcionarios del gobierno de Maduro están usando diferentes métodos para mover y ocultar el dinero producto de su delito.

Es tanto el dinero que se está blanqueando que las autoridades norteamericanas identificaron unas “banderas rojas” que pueden ayudar a las instituciones financieras a identificar actividades sospechosas que puedan ser indicativos que se está frente a un caso de corrupción de funcionarios venezolanos, incluyendo el abuso de los contratos del gobierno, las transferencias bancarias de corporaciones y las adquisiciones de bienes raíces en las regiones del sur de Florida, en Nueva York y en Houston.

El gobierno de los Estados Unidos ha advertido a los bancos sus obligaciones de monitorear, detectar y reportar tal conducta, de tal manera de frenar dichos mecanismos que han infectado el sistema financiero norteamericano con dinero de origen ilegítimo.

La corrupción no es la única preocupación

Las investigaciones hechas con antelación han revelado que existen dudas razonables sobre el uso de instituciones como el Banco Central de Venezuela para lavar dinero de la industria criminal.

El caso de las transacciones de bonos venezolano es uno de los factores que más ha despertado preocupación y es por ello que se activaron los mecanismos de vigilancia ante la sospecha dichos instrumentos estén siendo usados como método para blanquear dinero.

Averiguaciones señalan que el Banco Central de Venezuela (BCV) estaría procesando “legítimamente” enormes cantidades de dólares en efectivo que reenvía a grandes centros bancarios del mundo, entre los cuales destacan instituciones financieras de Inglaterra. Los movimientos de dinero se producen -inclusive- a través de la valija diplomática.

El pago de altos intereses es un aspecto bastante sospechoso, así como también la incongruente política que ha mantenido el gobierno de pagar obligaciones a pesar de las deficiencias que se observan en las finanzas públicas de la nación suramericana, asegura el operador financiero, Carlos Martín quien se dedica a trabajar con este tipo de instrumentos y ha recibido las alertas del gobierno de los EEUU sobre los funcionarios públicos venezolanos.

Martín cree que la sospecha que el gobierno venezolano utiliza mecanismos de lavado de dinero a través del BCV podría ser la única respuesta lógica ante la interrogante que persiste en el mercado sobre el comportamiento del gobierno de Venezuela de priorizar los pagos de deuda, sin contar con un presupuesto “visible” para ello.

Reportes sobre lavado de dinero

En los últimos años, las instituciones financieras han reportado a Fincen sospechas de que miles de transacciones pueden estar vinculadas a la corrupción pública venezolana, incluidos los contratos gubernamentales. Como resultado de estos informes y de las investigaciones en curso, las autoridades estadounidenses creen que todos los organismos gubernamentales venezolanos, incluidas las empresas estatales, son vulnerables a la corrupción pública y al lavado de dinero.

De acuerdo con FinCEN, el gobierno venezolano parece usar su control sobre gran parte de la economía para enriquecer a funcionarios gubernamentales, ejecutivos de Pdvsa, sus familias, amigos y asociados. Por lo tanto, las autoridades federales cree que existe un alto riesgo de corrupción que involucra a funcionarios y empleados del gobierno venezolano en todos los niveles, incluyendo a aquellos que gerencian y trabajan en empresas estatales venezolanas.

Es tal la preocupación que el Fincen advirtió que las transacciones que involucran a agencias gubernamentales venezolanas y empresas estatales, en particular aquellas que involucran contratos gubernamentales, pueden potencialmente ser usadas como vehículos para mover, lavar y ocultar productos de corrupción malversados.

Con la intención de frenar los movimientos de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos adelantó las designaciones de algunas personas que participan o apoyan materialmente la corrupción pública de diversas empresas estatales venezolanas con la finalidad de limitar sus actuaciones e impedir que se siga lavando dinero sin control.

El Fincen advirtió que debido a las últimas medidas tomadas por los EEUU contra el gobierno de Nicolás Maduro, los funcionarios venezolanos crearon nuevas empresas estatales y que no son aún conocidas para poder -mediante ésta vía- canalizar los beneficios ilícitos y burlar el control de las autoridades.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses han colocado alertas a las transacciones que involucren los siguientes aspectos:

1) Contratos del gobierno venezolano dirigidos a cuentas personales;

2) Contratos del gobierno venezolano dirigidos a compañías que operan en una línea de negocios no relacionada (por ejemplo, pagos para proyectos de construcción dirigidos a comerciantes textiles);

3) Contratos del gobierno venezolano que se originan, o están dirigidas a, entidades que son corporaciones offshore, “compañías comerciales” generales o compañías que carecen de un propósito comercial general;

4) Documentación que corrobore transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano (facturas, giros, etc) que incluyen cargos a precios sustancialmente más altos que los precios de mercado o que incluyen documentación demasiado simple o que carezca de detalles tradicionales (valuaciones de bienes y servicios).

5) Los funcionarios venezolanos que reciban acceso preferencial a dólares de los Estados Unidos a un tipo de cambio oficial más favorable que puedan explotar este sistema de tipos de cambio con múltiples niveles con fines de lucro;

6) Pagos que involucren contratos del gobierno venezolano originados en cuentas venezolanas no oficiales, particularmente cuentas ubicadas en jurisdicciones fuera de Venezuela (Panamá, República Dominicana y otras islas del Caribe);

7) Pagos que involucren contratos del gobierno venezolano originados de terceros que no sean entidades oficiales del gobierno venezolano;

8) Depósitos en efectivo en lugar de transferencias bancarias en cuentas de empresas con contratos del gobierno venezolano;

9) Transacciones para la compra de bienes raíces, principalmente en las regiones del sur de la Florida, Nueva York y Houston y que involucren a funcionarios gubernamentales actuales o antiguos, miembros de las familias o asociados que no sean proporcionales a sus salarios oficiales en bolívares; y

10) Funcionarios corruptos del gobierno venezolano que tratan de abusar de las unidades de administración de patrimonio de un banco estadounidense o extranjero mediante el uso de transacciones financieras complejas para mover y ocultar la corrupción.