Cómo Obama permitió que Hezbolá se fortaleciera en Latinoamérica

POR: MIGUEL ANGEL CAMACHO

@MIGUEL_ANGELC 

FUENTE: PANAMPOST

El Proyecto Cassandra, de la DEA, fue una piedra en el zapato para los planes que Obama tenía con Irán.

El 11 de septiembre de 2001 cambió radicalmente la estrategia que Estados Unidos venía implementando en su lucha contra el terrorismo. El ataque contra las Torres Gemelas no solamente generó que se empezaran a tomar acciones más directas contra grupos que representaban una amenaza para la seguridad de los estadounidenses y la soberanía de este país, sino que, además, hubo una mayor concentración de esfuerzos por parte de las agencias de inteligencia y seguridad para bloquear todas las fuentes de financiación de dichos grupos.

La DEA (Administración para el Control de Drogas) fue una de las agencias que más se fortaleció después del ataque del 9/11, pues era evidente que muchos de los grupos terroristas que querían acabar con EE. UU., y con cualquier país democrático, tenían como fuente de financiamiento no solo la venta ilegal de petróleo, la minería ilegal, el tráfico de armas y de personas, sino que el tráfico de drogas se convirtió en un pilar que les facilita a dichos grupos adquirir de forma rápida, y en grades volúmenes, dinero con el cual pueden llevar a cabo diferentes acciones terroristas en cualquier parte del mundo. Y en el tema de drogas y lavado de activos, la DEA era la agencia más idónea para estar al frente.

Y con el tiempo la DEA demostró que sus acciones daban resultado, pues logró llevar a varios pesos pesados del terrorismo a nivel mundial ante la justicia estadounidense. Por esta razón, la agencia fue fortalecida por el Congreso de EE. UU. durante la administración de George W. Bush, facultando a sus agentes a manejar armas de asalto y a “operar virtualmente en cualquier lugar, sin el permiso requerido de otras agencias de los Estados Unidos. Todo lo que tenían que hacer era conectar a los sospechosos de drogas con el terrorismo”.

Uno de los grupos que estaba en la mira de la DEA debido a sus conexiones con el narcotráfico era el Hezbolá, grupo terrorista libanés chiíta, que fue incluido en la lista de organizaciones terroristas en 1997, debido a varios atentados perpetrados Estados Unidos e Israel.

Para el 2008 el Gobierno de Estados Unidos tenía claro que Irán llevaba años apoyando a Hezbolá, así lo aclaró en un el Country Reports on Terrorism 2008:

“La Fuerza Quds, una rama de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), es el principal mecanismo del régimen para cultivar y apoyar a los terroristas en el exterior. La Fuerza Quds brindó ayuda en forma de armas, entrenamiento y financiamiento a HAMAS y otros grupos terroristas palestinos, Hezbolá libanés, militantes radicados en Iraq y combatientes talibanes en Afganistán”.

Además, la DEA tenía claro que una de las fuentes de financiamiento de este grupo terrorista era el narcotráfico, por lo que en 2008 decidió poner en marcha el Proyecto Cassandra, que le permitió durante años rastrear las conexiones, y recopilar las pruebas, de este grupo en diferentes partes del mundo: su modo de lavar dinero, las organizaciones privadas y estatales que apoyaron su actuar ilícito, cuáles eran los grupos terroristas locales que los apoyaban, las rutas utilizadas para transportar la droga, los políticos que apoyaban su actuar, la cantidad de dinero que movían por medio de diferentes actividades, entre otros aspectos.

La DEA dedicó todos sus esfuerzos en desmantelar, o por lo menos debilitar, a Hezbolá. Se podría decir que tenía todo listo, y que si hubiera habido un poco de compromiso político para hacerlo, este grupo terrorista no representaría la amenaza que hoy representa.

Obama: un obstáculo en la lucha contra el terrorismo

Sin embargo, todos los esfuerzos de la DEA, todas las pruebas, todos los testigos, todos los avances en la lucha contra este grupo terrorista se perdieron cuando Barack Obama llegó a la presidencia de los EE. UU. Así lo revela POLITICO, uno de los portales más importantes de análisis de actualidad política de este país, en un amplio reportaje sobre el Proyecto Cassandra.

En esta investigación se revela que la política implementada por Obama a favor de Irán, uno de los principales aliados de Hezbolá, fue la principal enemiga de Cassandra. Para Obama, las políticas de bloqueos y sanciones implementadas por el Gobierno de W. Bush contra Teherán fue infructuosa, y por lo tanto se debían llevar a cabo acciones más amables.

El objetivo del Gobierno Obama era llegar a un acuerdo con Irán, en donde esta nación se comprometiera a desmontar todo proyecto relacionado con armas nucleares. Para tal fin, decidió implementar una política mucho menos hostil y evitó llevar acabo cualquier tipo de acción que pudiera debilitar el acuerdo que se estaba construyendo.

En el reportaje de POLITICO, que tiene como fuentes a varios de los líderes del Proyecto Cassandra, se afirma que cuando estos “buscaron la aprobación para algunas investigaciones importantes, procesamientos, arrestos y sanciones financieras, los funcionarios de los departamentos de Justicia y Hacienda retrasaron, obstaculizaron o rechazaron sus solicitudes”. Además, afirmaron que la administración Obama también obstaculizó los “esfuerzos para perseguir a los principales operativos de Hezbolá, incluido uno apodado ‘ El fantasma”.

Para David Asher, quien supervisó el Proyecto Cassandra durante años, el bloqueó de las operaciones de la DEA contra Hezbolá “fue una decisión política, fue una decisión sistemática”.

Tan evidente fue el bloqueo, que el Gobierno Obama se negó a incluir como una “importante organización criminal transnacional” a Hezbolá. Esta decisión le quitó dientes a la DEA, pues al no incluirla impidió que al Proyecto llegara dinero adicional y más personal para combatir al grupo terrorista.

Como si fuera poco, Katherine Bauer, quien fuera funcionaria de Obama en el Tesoro, confirmó en el mes de febrero de 2017 que “bajo la administración Obama… estas investigaciones [relacionadas con Hezbolá] fueron aplastadas por miedo a sacudir el bote con Irán y poner en peligro el acuerdo nuclear”.

Pero esta renuencia a implementar cualquier tipo de acción contra Hezbolá, por miedo a molestar a Irán, se hizo más evidente cuando Obama ganó la reelección en el 2012, según se afirma en el reportaje.

“Después de que Obama ganara la reelección en noviembre de 2012, el rechazo de la administración a los casos de drogas de Hezbolá se hizo más evidente y ahora parecía emanar directamente de la Casa Blanca, según miembros del equipo de trabajo, algunos exfuncionarios estadounidenses y otros observadores”.

Otro de los ejemplos de los constantes obstáculos de la administración Obama contra las investigaciones de la DEA fue cuando el Departamento de Justicia impidió que se abriera un juicio formal contra Abdallah Safieddine, quien es considerado por esta agencia como el “eje de la red criminal de Hezbolá”, pese a que los fiscales de Nueva York consideraban que tenía un caso sólido contra él.

Este fue solo uno de los casos, sin embargo, los líderes del Proyecto Cassandra afirmaron que varios como ese habían sido “cerrados, descarrilados o retrasados” por “funcionarios de las divisiones de Seguridad Nacional y Criminal del Departamento de Justicia, y del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional”.

Hezbolá en Latinoamérica

Después de haber luchado al lado del Gobierno colombiano contra carteles del narcotráfico, la DEA logró recopilar información en la que se evidenciaban los vínculos de Irán y el grupo terrorista Hezbolá con grupos criminales a lo largo de Latinoamérica.

Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, México, Venezuela y Colombia fueron los países en donde el grupo terrorista logró penetrar más, pero fue en los dos últimos en donde se asentó y tomó fuerza.

Pese a la información que poseía la DEA, la política implementada por Obama de no molestar a su nuevo amigo, Irán, y a que no se incluyó a dicho grupo terrorista como una “organización criminal transnacional”, la DEA no pudo ejecutar fuera del territorio estadounidense acciones contra Hezbolá o contra quienes tenían negocios con este grupo.

Hezbolá en Colombia

Tras años de investigación en América Latina, la DEA logró establecer que Safieddine, uno de los hombres fuertes de Hezbolá, estaba vinculado con “numerosas redes internacionales de tráfico de drogas y lavado de dinero”. La más grande se encontraba en Medellín, y era liderada por Chekri Mahmoud Harb, alias Talibán, un libanés que se desempeñaba como enlace entre Hezbolá y la Oficina de Envigado, uno de los más violentos carteles de narcotráfico colombiano, y quien era uno de los más importantes aliados de dicho grupo terrorista, ya que le lograba lavar USD $200 millones mensuales.

Tras un operativo realizado en conjunto por la DEA y las autoridades colombianas, el Talibán fue arrestado en 2009 en la ciudad de Bogotá. Meses después de su arresto, en 2010, Mahmoud fue extraditado a los EE. UU., donde los integrantes del Proyecto Cassandra querían que fuera condenado por narcoterrorismo basados en las pruebas que tenían en su contra, sin embargo, el Departamento de Justicia de la administración Obama se negó a imputarle dicho cargo.

Después del arresto de Mahmoud, la DEA pudo establecer que Ayman Saied Joumaa, un colombo-libanés, se hizo cargo de la Oficina de Envigado y coordinaba el envío de toneladas de droga hacia Estados Unidos y Europa, además de lavar dinero por medio de empresas que vendían autos usados. Pero Joumaa no solo tiene nacionalidad libanesa y colombiana, también posee cédula venezolana, pese a que nunca ha vivido en ese país.

Sin embargo, la Oficina de Envigado no es la única organización criminal colombiana que tiene nexos con Hezbolá. En el 2013 el doctor Matthew Levitt, quien ha sido asesor de los Departamentos de Estado, Tesoro y Defensa de los Estados Unidos, y es director del Programa Stein de Inteligencia y lucha contra el Terrorismo del Washington Institute, afirmó para la revista Semana que existen suficientes pruebas que demuestran que la guerrilla de las FARC y Hezbolá han realizado negocios durante años:

“Sí hay instancias de cooperación entre Hezbolá y las FARC. Y lo que también sabemos es que Hezbolá, los talibanes, Al Qaeda, las FARC, o el que sea, trabajarán siempre juntos mientras esté de acuerdo con sus intereses. Lo sabemos porque agentes en investigaciones encubiertas del FBI tuvieron contacto con gente de las FARC y vieron cómo eran contactados por personas que supuestamente pertenecían a los talibanes y Hezbolá y estaban encantados de hacer negocios juntos”.

Además, la DEA logró evidenciar, por medio de agentes encubiertos que se hicieron pasar por miembros de las FARC, que Hezbolá efectuaba negocios con este grupo guerrillero cuando lograron atrapar a Jamal Yousef, exmiembro del ejército sirio, quien “acordó entregar armas de grado militar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por cientos de kilogramos de cocaína”. Además de Yousef, la DEA logró establecer que Ali Fayad, agente de Hezbolá, estaba dispuesto a proporcionarle armamento a las FARC “para asesinar a funcionarios estadounidenses y colombianos”.

En 2014 Fayad fue arrestado por las autoridades de la República Checa, en Praga, sin embargo, según integrantes del Proyecto Cassandra, el Gobierno de Obama no se esforzó en realizar la presión necesaria para que fuera extraditado a los EE. UU.

Después de dos años de haber estado arrestado, Fayad fue liberado por las autoridades checas, casualmente, justo una semana después de que el Gobierno Obama y el iraní firmaran el acuerdo nuclear que habían estado negociando los últimos años.

“Para el grupo de trabajo, la liberación de Fayad fue uno de los mayores golpes hasta el momento. Algunos agentes le dijeron a POLITICO que las relaciones de Fayad con Hezbolá, los cárteles de la droga de América Latina y los gobiernos de Irán, Siria y Rusia lo convirtieron en un testigo críticamente importante en cualquier enjuiciamiento”.

Debido a la inacción de la administración Obama, la DEA no pudo emplear las estrategias requeridas contra los grupos criminales colombianos que tienen claros nexos con el grupo terrorista Hezbolá, ya que al imputar cargos por narcotráfico y no por narcoterrorismo la DEA se vio con las manos atadas.

El chavismo y su apoyo a Hezbolá

Debido a los resultados de la lucha contra la droga implementada por el Gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, en conjunto con la DEA, y debido a la inestabilidad política, económica y social de Venezuela, los carteles de la droga vieron en el país donde surgió el socialismo del siglo XXI un ambiente propicio para desempeñar sus labores sin temor a que el Estado los persiguiera, no solamente por el pago de coimas a funcionarios para que los dejaran operar, también porque políticos de más alto nivel estaba involucrados activamente en el envío de droga a México, EE. UU. y Europa.

Es conocida la estrecha relación que el presidente Hugo Chávez tenía con su par iraní Mahmoud Ahmadinejad. Según información de inteligencia de los EE. UU., Chávez trabajó en conjunto con Ahmadinejad y Hezbolá para fortalecer el tráfico de drogas desde Venezuela hacia otras partes del mundo:

“En unos pocos años, las exportaciones venezolanas de cocaína se dispararon de 50 toneladas por año a 250, gran parte de ellas destinadas a ciudades estadounidenses, según muestran las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.

Los agentes de la DEA también le informaron a POLITICO que tuvieron la oportunidad de llevar a Walid Makled García, alias El Turco, quien fuera el dueño de la aerolínea venezolana Aeropostal, ante la justicia estadounidense, sin embargo, el interés de Obama estaba centrado en no afectar el tratado nuclear con Irán, por lo cual Makled nunca llegó a los EE. UU.

Makled hacía parte de la red que enviaba semanalmente desde Venezuela a Teherán, por medio de Conviasa, aerolínea estatal venezolana, un avión “con una bodega de carga llena de drogas y efectivo”. Según la DEA, el vuelo regresaba a Caracas con armamento y agentes de Hezbolá, “a quienes el Gobierno venezolano les proporcionaría identidades falsas y documentos de viaje a su llegada”.

Makled fue arrestado en 2010 por las autoridades de Colombia, y solicitó ser extraditado a los EE. UU. para colaborar con la justicia de ese país y ser protegido por esta, ya que “afirmó tener 40 generales venezolanos en su nómina y pruebas que implican a docenas de altos funcionarios venezolanos en el tráfico de drogas y otros crímenes”.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos, quien por esa época afirmó que Hugo Chávez era su “nuevo mejor amigo”, decidió extraditar Makled a Venezuela. Dicha decisión no generó conflicto alguno con el Gobierno de Obama, pues este no tenía mucho interés en afectar las relaciones que empezaba a forjar con Irán, y el testimonio de Makled hubiera ocasionado que Obama se viera presionado a suspender o cancelar cualquier negociación con Irán.

Otro de los pesos pesados entre la conexión entre el Gobierno de Venezuela, Irán, Hezbolá y la guerrilla de las FARC, es Hugo Carvajal, mayor general retirado del Ejército de Venezuela y político oficialista, quien fue arrestado en 2014 en Aruba por cargos de narcotráfico en EE. UU. Pero nuevamente el Gobierno de Obama no hizo la presión suficiente para que fuera extraditado a su territorio, por lo cual fue liberado tres días después de su arresto.

El agente John “Jack” Kelly, de la División de Operaciones Especiales de la DEA, encargado de supervisar los casos de Hezbolá, afirmó que “Si hubiéramos tenido acceso a cualquiera de ellos (Makled o Carvajal), podríamos haber derribado toda la red”.

Era Trump

En el momento en que Trump asumió el mando de los EE. UU. la política implementada por Obama a favor de Irán y sus aliados se empezó a ver afectada. Trump endureció su postura contra Bashar al-Ásad, Irán y Venezuela. Frente a este último empezó a tomar medidas más drásticas y sancionó a varios miembros de la dictadura de Nicolás Maduro, entre ellos al vicepresidente Tareck El Aissami, quien es catalogado por EE. UU. como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y que, según la inteligencia norteamericana, es el enlace directo entre la dictadura y Hezbolá, así lo detalla el portal Infobae en 2014:

“Según una investigación realizada por la periodista venezolana Patricia Poleo, El-Aissami y otros presuntos miembros de Hezbollah en Venezuela son los encargados de reclutar jóvenes en su país para que mantengan un fuerte entrenamiento en el sur del Líbano. Junto al gobernador de Aragua, formarían parte de este entramado el encargado de Negocios venezolano en Damasco, Gahzi Nasserddine, y su hermano Ghasan”.

Sin embargo, las acciones implementadas por Trump no han sido suficiente, pues el Proyecto Cassandra no ha visto un nuevo aire que le permita llevar a cabo las acciones que desde años tiene planeadas.

“Después de una oleada inicial de interés por resucitar al Proyecto Cassandra, la administración Trump guardó silencio sobre el asunto. En todas las condenas públicas de Hezbollah e Irán por parte de la administración Trump, el tema del tráfico de drogas no ha surgido”.

Aunque Trump decida resucitar al Proyecto Cassandra, “el daño causado por años de interferencia política será difícil de reparar”, así lo afirmó el oficial superior de la DEA Derek Maltz, pues “la pérdida de personal clave, los recortes presupuestarios y las investigaciones retiradas son solo algunos de los muchos desafíos que empeoraron con el paso de casi un año desde que Trump asumió el cargo”.

Las preguntas

Después de conocer las declaraciones de los miembros del Proyecto Cassandra sobre cómo la administración Obama bloqueó los esfuerzos de la DEA por debilitar a Irán, Hezbolá y a sus aliados (Venezuela, FARC, carteles de droga mexicanos, Oficina de Envigado, entre otros), es válido hacerse varias preguntas relacionadas con el contexto latinoamericano:

De haber sido otra la política de Obama contra Irán, una más dura, ¿Hezbolá habría logrado tomar la fuerza que tomó en Latinoamérica?

¿La situación de Venezuela no hubiera empeorado en la medida en que lo hizo si la administración Obama hubiera sancionado a Tareck El Aissami y si hubiera bloqueado a tiempo el ingreso de armamento y agentes de Hezbolá a Venezuela?

Si la administración Obama hubiera insistido en extraditar a Walid Makled y a Hugo Carvajal a suelo estadounidense, ¿no habría sido más fácil que el Ejército venezolano, sumido en la corrupción, decidiera llegar a un acuerdo con la oposición venezolana y con el Gobierno estadounidense para facilitar un proceso de transición?

¿De haber conectado adecuadamente, y a tiempo, la relación entre Hezbolá y las FARC, EE. UU. hubiera apoyado las negociaciones entre este grupo guerrillero y el Gobierno colombiano?

¿Las FARC hubieran aceptado entregar las armas de haber visto una inminente amenaza de extradición a los EE. UU. por su apoyo al grupo terrorista Hezbolá?

Quizá para algunos la respuesta a estas preguntas sea la misma: para que el Proyecto Cassandra hubiese dado los resultados esperados sin bloqueos por parte de la Casa Blanca, en 2009 habría tenido que ganar John McCain, no Barack Obama.