Es hora de que el Departamento de Justicia haga responsable a Hezbollah

ELEFANTES EN LA HABITACIÓN

El gobierno de EE. UU. Debe responder preguntas incómodas sobre sus esfuerzos para detener las actividades de tráfico de drogas del grupo.

POR: DEREK MALTZ, EMANUELE OTTOLENGHI

Fuente: Foreign Policy

El mes pasado, una investigación de Politico encendió una tormenta al acusar a la administración Obama de socavar deliberadamente el Proyecto Cassandra, un ambicioso esfuerzo de la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. Para evitar que Hezbollah traficara drogas a los Estados Unidos y Europa. Expertos del gobierno de Obama respondieron que los cargos eran categóricamente falsos y motivados políticamente.

El Fiscal General Jeff Sessions ha aprovechado el informe de Politico para ordenar una revisión de las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia de Obama. El 11 de enero, anunció el establecimiento de una fuerza de tareas interinstitucional encargada de combatir el financiamiento del terrorismo de Hezbollah. Del mismo modo, múltiples congresistas republicanos han exigido una investigación sobre cómo el departamento manejó el Proyecto Cassandra.

El artículo de Politico afirma que estas investigaciones, que comenzaron en 2008, descubrieron una verdad incómoda: las más altas autoridades de Hezbollah aprobaron y coordinaron actividades delictivas a gran escala en las que participaron sus operativos, incluida la facilitación de envíos de grandes cantidades de cocaína por los cárteles de la droga y el blanqueo de los ingresos de las ventas de cocaína alrededor del mundo. Pero a medida que los investigadores expusieron más detalles sobre la participación de Hezbolá en estas actividades criminales globales, las implicaciones políticas de sus hallazgos incomodaron cada vez más a la administración de Obama. En ese momento, el presidente Barack Obama y su administración no solo buscaban un acuerdo nuclear con el principal mecenas de Hezbolá, Irán; también creían que una distensión nuclear con Teherán podría ser un preludio para transformar a Irán en un factor estabilizador en la región. Exponer a Hezbolá, y por extensión, su mecenas iraní, como una empresa criminal transnacional que ayuda a los narcotraficantes a vender cocaína y blanquear dinero, incluyendo crecientes acusaciones contra los altos mandos de Hezbolá, socavaría los esfuerzos políticos de la administración para trazar un nuevo rumbo con Teherán .

Es por eso que, de acuerdo con Politico, los investigadores del Proyecto Cassandra encontraron una "serie de obstáculos cada vez más insuperables" mientras buscaban perseguir a los superiores en la jerarquía de Hezbollah. Según un ex oficial de la CIA citado por Politico, los negociadores iraníes suplicaban en nombre de Hezbolá, y el gobierno de Obama no permitiría que las investigaciones de la DEA desbarataran su gran visión de un nuevo Medio Oriente.

No es que las investigaciones hayan sido cerradas. En cambio, según Politico, se bloquearon muchos obstáculos en el camino del proyecto, que en última instancia puede haber causado su desaparición. Esto incluyó la eliminación de las referencias a Hezbollah de acusaciones penales, la falta de respaldo administrativo para las solicitudes de los fiscales de extraditar a sospechosos arrestados de países aliados para enfrentar un juicio, una negativa a atacar a Hezbolá mediante leyes contra el crimen organizado, presupuestos recortados para las investigaciones de Hezbollah y la reasignación de personal clave. Además, incluso tras el arresto de altos agentes de Hezbollah que podrían convertirse potencialmente en testigos cooperantes en contra de sus superiores y en la acumulación de pruebas financieras y de comunicaciones condenatorias que respaldan las acusaciones penales, no se realizaron esfuerzos serios para presentar cargos contra los niveles más altos de El liderazgo de Hezbolá

Dada la gravedad de estas quejas, estamos firmemente de acuerdo en que es necesaria una investigación, pero nos preocupa que se convierta en un circo político en lugar de revivir los vacilantes esfuerzos del gobierno para perseguir a Hezbollah. La mejor manera de evitar que el Departamento de Justicia y las revisiones del Congreso se conviertan en ejercicios partidistas es asegurarse de que se centren en cinco decisiones clave que maniataron al Proyecto Cassandra.

Ambas partes reconocen la amenaza excepcional que representa Hezbollah tanto para Estados Unidos como para sus aliados. Las revisiones que se enfocan en la reconstrucción del Proyecto Cassandra aprendiendo las lecciones del pasado pueden contar con el apoyo bipartidista.

Nuestras dos primeras preguntas se refieren a extradiciones fallidas que habrían dado acceso a los investigadores de EE. UU. A un tesoro de información. En primer lugar, ninguna figura de alto nivel en el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia o la Casa Blanca luchó por la extradición del nacional sirio-venezolano y el capo de la droga designado por los EE. UU., Walid Makled García. ¿Por qué? Makled era el depositario de información privilegiada sobre la relación Venezuela-Hezbolá, así como la corrupción del gobierno venezolano y la cooperación con los cárteles de la droga. Makled fue arrestado en 2010 en Colombia, un aliado cercano de los Estados Unidos. Sin embargo, Obama se negó a usar su prestigio, influencia y palanca para llevarlo a los Estados Unidos, dejando que Makled fuera enviado de regreso a Venezuela en 2011, poniendo así los secretos que podría haber revelado fuera del alcance de la aplicación de la ley de los EE. UU.

En segundo lugar, ¿por qué el gobierno de EE. UU. No extraditó a los agentes de Hezbolá, Ali Fayad, y Khaled Merebi de la República Checa? Fayad, un agente clave en la adquisición de armas, fue arrestado por agentes de la DEA en 2014, junto con Merebi y su colega, Faouzi Jaber, durante un ataque de la DEA que se asemejaba mucho a la captura del traficante de armas Viktor Bout en 2008 en Tailandia.

Bout, un ciudadano ruso que inspiró el personaje de Nicolas Cage en la película de 2005 (Lord of War) EL SEÑOR DE LA GUERRA y vendió armas a los talibanes, caudillos africanos y a Hezbollah, tenía amigos en altos cargos en Moscú. Rusia se opuso enérgicamente a su extradición y criticó su condena. Pero la administración Obama estaba dispuesta a gastar un capital político considerable para extraditarlo para el juicio en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando, en julio de 2015, Hezbolá diseñó el secuestro de cinco ciudadanos checos en el Líbano, Estados Unidos hizo poco para asegurar la extradición de los dos hombres antes de que Praga sucumbiera a la extorsión de Hezbollah. Jaber finalmente fue extraditado a fines de febrero de 2016 y está esperando la sentencia en Nueva York, pero no antes, a principios de ese mes, los checos habían liberado a Fayad y Merebi, quienes regresaron prontamente a Líbano.

La tercera decisión para revisar es la que impidió que se presentaran cargos contra uno de los principales líderes de Hezbollah, Abdullah Safieddine. Safieddine es el enviado de Hezbolá a Irán, así como también el primo materno del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Una acusación formulada en el Distrito Este de Pensilvania en 2009 contra cuatro agentes de Hezbolá implicados en la venta de moneda falsa y el intento de adquisición de miles de rifles de asalto para Hezbolá mencionaron oblicuamente a Safieddine. Una declaración jurada de 2009 se refirió a él como un alto funcionario de Hezbollah con sede en Irán llamado "Individuo B". Claramente, los investigadores no tenían pruebas suficientes para acusarlo en ese momento y estaban usando este caso como una plataforma para construir un caso contra Safieddine .

El Departamento del Tesoro finalmente nombró a Safieddine en conjunto con su acción de 2011 contra el Banco libanés canadiense, que había ayudado a Hezbollah a lavar cientos de millones de dólares en ganancias de drogas en nombre de los carteles colombianos y mexicanos. Pero nunca fue acusado, a pesar de que, según los investigadores, supervisa las actividades delictivas más significativas de Hezbollah, incluido el tráfico de drogas y la compra de armas para apoyar el esfuerzo bélico sirio.

Llevar cargos de narcotráfico contra los líderes más veteranos de Hezbollah, como Safieddine, pondría al descubierto los tóxicos vínculos que vinculan a Hezbollah y los cárteles de la droga en toda América Latina. Si bien ningún país de América Latina reconoce a Hezbollah como una organización terrorista, muchos sienten la presión de tomar medidas contra los narcotraficantes. Las revelaciones públicas de la criminalidad y el narcotráfico también dañarían los supuestos principios islámicos de Hezbollah.

¿Por qué, entonces, el Departamento de Justicia no aceptaría presentar cargos contra un importante criminal de Hezbollah? Es como si, en la década de 1930, el departamento le hubiera dicho al FBI que podría enjuiciar a la mafia, pero que debería dejar libre a Al Capone.

Una cuarta pregunta relacionada es por qué, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos contra otros operativos de Hezbolá, ninguna de las acusaciones identificó al grupo. ¿Cómo podemos luchar contra una organización si ni siquiera podemos llamarla por su propio nombre?

La quinta pregunta sobre el Proyecto Cassandra se refiere a asuntos pendientes del caso del Banco Líbano Canadiense, que es merecidamente conocido como uno de los mayores éxitos en la historia del enjuiciamiento de redes de financiamiento del terrorismo. Sin embargo, no fue un éxito absoluto: Hezbollah aprovechó 300 concesionarios de automóviles usados ​​en los Estados Unidos para blanquear los ingresos de las drogas mediante la exportación de vehículos a África Occidental. Pero las acciones tomadas contra la red del banco afectaron solo a 30 empresas debido a la falta de cooperación entre agencias. Eso fue en 2011. Avance rápido hasta 2018. La mayoría de las 270 empresas restantes aún están en funcionamiento. Las imágenes satelitales muestran que los mismos estacionamientos de África occidental utilizados por Hezbollah en 2011 todavía están repletos de automóviles. ¿Por qué el Departamento de Justicia no ha perseguido una red de empresas delictivas de las cuales es claramente consciente?

Responder a las cinco preguntas planteadas anteriormente llevará algún tiempo. Mientras ese esfuerzo está en marcha, hay otros pasos que el gobierno de EE. UU. Puede tomar contra Hezbolá. Uno es ofrecer recompensas sustanciales por la información que conduzca al arresto o condena de numerosos líderes superiores de Hezbollah. El Departamento de Estado recientemente colocó un precio multimillonario en las cabezas de dos figuras con sangre en sus manos, pero se deben agregar muchos más nombres a la lista.

El gobierno de EE. UU. También puede designar a Hezbolá como una organización criminal transnacional incluso antes de presentar acusaciones contra individuos específicos. Hacerlo ayudaría a movilizar una respuesta más fuerte en el Hemisferio Occidental, donde Hezbollah hace gran parte de su tráfico.

El hecho es que Hezbollah es una organización terrorista y un grupo criminal transnacional. Sus diversas actividades, incluidas las benéficas, sociales y educativas, dependen de la financiación derivada de actividades delictivas. Su liderazgo, del mismo modo, es conocedor y cómplice de los esfuerzos de sus redes mundiales para beneficiarse del crimen. Recopilar inteligencia para exponer, interrumpir y procesar este fenómeno debería ser una prioridad, no una idea de último momento que pueda sacrificarse por otros fines geopolíticos.

En última instancia, el éxito de la campaña de aplicación de la ley contra Hezbollah dependerá de la comprensión de lo que salió mal en el caso del Proyecto Cassandra. Ya sea por diseño o por negligencia, la herramienta más efectiva que el gobierno de EE. UU. tenía a su disposición estaba severamente debilitada. Es hora de aprender por qué y hacer que Project Cassandra vuelva a funcionar.