Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República Islámica de Irán provenientes de Venezuela

Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada

Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República Islámica de Irán provenientes de Venezuela. Sus operaciones violaron las sanciones impuestas contra ese país por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

Fuente: Venezuela Politica

Esta semana el empresario iraní, propietario del banco Pilatus Bank, Ali Sadr Hashemi Nejad estuvo en la sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia donde se discutió la posibilidad que su caso cambie a manos de otro juez. ¿Por qué? El magistrado Andrew L. Carter. Jr. reveló que tiene acciones en el JP Morgan Chase bank y que su esposa trabaja en esa institución que aparece en la acusación del gobierno de los Estados Unidos contra el millonario iraní como uno de los bancos que fueron víctimas de las conspiración de lavado de dinero y fraude bancario. Carter Jr. informó a la Fiscalía y a la defensa que por las razones expuestas estaba dispuesto a auto recusarse y a reasignar a otro juez del tribunal el expediente debido a un posible conflicto de intereses.

Durante la conferencia del lunes 29 de julio de 2019, el juez Carter Jr. proporcionó a la fiscalía y a la defensa de Ali Sadr Hashemi Nejad un cronograma de información para que las partes aborden el problema de su posible retiro del caso y ordenó que las respectivas respuestas fueran entregadas a la corte el martes 30 de julio, a la vez que anunció que habría una conferencia telefónica el jueves 1 de agosto.

Fiscalía dice que el juez debe quedarse

La fiscalía opinó en una comunicación (fechada el 30 de julio de 2019) que la decisión de un juez federal de recusarse a sí mismo, está "comprometida con la discreción del tribunal de distrito". Aclaró que no está de acuerdo con que el juez abandone el caso.

El oficio del gobierno está firmado por el Fiscal de los Estados Unidos, Geoffrey S. Berman y los fiscales asistentes, David W. Denton Jr., Jane Kim, Michael Krouse y Garrett Lynch.

La fiscalía sostiene que difiere de la evaluación de conflictos del Tribunal con respecto a la recusación y para argumentar su postura proporcionó a la corte detalles adicionales sobre la participación de JPMorgan Chase & Co. uno de los bancos víctimas en este caso.

En un documento de 3 páginas, los fiscales sostienen que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia ("IEEPA"), fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario; lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.

En la acusación hay una serie de bancos víctimas de la operación acusada que se mencionan colectivamente en este documento como los "bancos-víctimas".

Ali Sadr Hashemi Nejad participó en un proyecto de infraestructura en Venezuela, que fue dirigido por la compañía iraní del acusado, Stratus Group.

La acusación del gobierno estadounidense dice que Ali Sadr Hashemi Nejad junto a sus cómplices "idearon y ejecutaron un plan para evadir las sanciones económicas de los Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses, incluido JPMorgan Chase, al ocultar el papel de Irán y las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense".

El acusado y otros, utilizando varias entidades, realizaron una serie de transacciones financieras internacionales en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultó el nexo iraní a los pagos de, entre otros, los bancos de víctimas, en violación de las sanciones económicas de los Estados Unidos. 

Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, la subsidiaria venezolana, bajo la dirección del demandado y otros, enrutó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity usando cuentas corresponsales en los bancos- víctimas, por un total de aproximadamente $ 115 millones.

Ali Sadr Hashemi Nejad y otros "ordenaron que los pagos se transfirieran a través de los bancos-víctimas a las cuentas bancarias de Stratus Turkey o Clarity en una institución financiera en Suiza. La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que el demandado y otros habían incorporado en 2009". 

El 1 de febrero de 2012, Clarity transfirió directamente más de $ 2 millones en ganancias del Proyecto de viviendas de Venezuela a los Estados Unidos. "Esas ganancias se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California" dice la acusación.

La fiscalía sostiene que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de defraudar a los bancos víctimas "engañándolos para que procesaran transacciones financieras en las que de otra manera no se habrían involucrado, y al hacerlo, se expusieron a la posibilidad de un daño sustancial". 

La fiscalía reveló que en en el juicio, el Gobierno planea llamar a testigos de algunos de los bancos-víctimas para declarar, entre otras cosas, sobre sus procesos de cumplimiento de sanciones, sus procedimientos al abrir cuentas para clientes y al autorizar ciertas transacciones, el daño causado a los bancos por el esquema de lavado del acusado, entre otros aspectos.

Los fiscales señalan que el Gobierno espera demostrar que el acusado tomó acciones específicamente diseñadas con el propósito particular de ocultar información material a los bancos-víctimas y para evadir los procesos que los bancos implementan ante las sanciones que prohíben las transacciones financieras en beneficio de las entidades iraníes. 

De los $115 millones en pagos denominados en dólares estadounidenses que están en el centro de este caso, JPMorgan Chase & Co. fue el banco corresponsal por aproximadamente $45 millones y, por lo tanto, desempeñará un papel central en la prueba en el juicio en este asunto, anunciaron los fiscales.

Asimismo, el Gobierno advirtió que probará que el demandado ordenó que las transacciones se procesaran en beneficio de Clarity a través de JPMorgan Chase y que el acusado sabía que dicho banco había implementado procedimientos para bloquear transacciones de corresponsales para pagar a instituciones e individuos iraníes. 

Ali Sadr Hashemi Nejad habría diseñado un mecanismo de pago para ocultar información sobre los beneficiarios iraníes de las transacciones para inducir a los bancos-víctimas a procesar esas transacciones que de hecho fueron procesadas, en violación de las sanciones de EE. UU. y de las políticas de JPMorgan Chase que las prohíben.

Los fiscales sostuvieron en la conferencia del lunes 29 de octubre que tienen la intención de llamar al menos a un empleado de JPMorgan Chase como testigo en el juicio, lo cual ya ha sido discutido con los abogados de la oficina del Asesor General del mencionado banco.

Si el acusado es condenado, JPMorgan Chase tendrá, como víctima del delito, ciertos derechos. Por ejemplo, el banco podrá dirigirse al Tribunal en el momento de la sentencia y describir el daño que la conducta del acusado le causó. 

Del mismo modo, JPMorgan Chase tendrá derecho a la restitución obligatoria por cualquier pérdida pecuniaria que sufran, que incluye bienes perdidos como resultado del delito y "gastos incurridos durante la participación en la investigación o el enjuiciamiento del delito o la asistencia a los procedimientos relacionados con el delito.

Habla de la defensa

El demandado Ali Sadr Hashemi Nejad presentó su respuesta ante la divulgación del juez Carter Jr. con respecto a la propiedad de sus acciones en JP Morgan Chase y el empleo de su cónyuge en el banco, destacando que de acuerdo al Código de conducta para jueces de los Estados Unidos y la jurisprudencia sobre circunstancias análogas, el magistrado no está obligado a recusarse. 

Señala que el asunto se deja a discreción del juez, en función de si sería razonable cuestionar su imparcialidad en estas circunstancias.

Sadr dijo que apreciaba que el juez haya señalado su potencial conflicto de intereses a las partes y entendía que según la divulgación del magistrado, depende de la discreción del Tribunal determinar si se debe recusar. 

Sadr afirmó que está dispuesto a renunciar a cualquier objeción al conflicto potencial revelado por el juez Carter Jr.