Laberinto de negocios de militares en Venezuela revela investigación periodística

El trabajo realizado en seis meses por un equipo de periodistas de Occrp, narra la relación de empresas relacionadas a altos oficiales de la Fuerza Armada y sus familiares, que accedieron a dólares de Cadivi o contratos gubernamentales

Por ARI

Fuente. El Pitazo

Créditos de las caricaturas: Midhat Kapetan

Una red de empresas y propiedades en Estados Unidos, pertenecientes a familiares del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y un entramado corporativo construido por 35 generales de la Fuerza Armada, que recibieron 225 contratos con el Estado venezolano, revela una serie de reportajes realizado por el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp).

A través de lYarazedt Betancourt, esposa de Padrino López por 20 años y otros parientes, se muestra el entramado familiar que incluye empresas y bienes raíces valoradas en millones de dólares en Estados Unidos y Venezuela.

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) encontró que una de estas compañías es Trámites Consulares, Inc., empresa registrada en Texas en 2010, encargada de tramitar visas de asilo político para venezolanos víctimas de la persecución por los gobiernos de Chávez y Maduro.

La investigación, que se desarrolló durante más de seis meses a partir de documentos internos la Fuerza Armada venezolana, fue realizada por Occrp, organización global de periodismo de investigación que trabaja sobre criminalidad transfronteriza, esquema de lavado de dinero a gran escala y corrupción internacional.

«Un funcionario corrupto, después de ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos, sigue siendo propietario y dirigiendo negocios a través de miembros de su familia», dijo a OCCRP Gary Kalman, experto estadounidense en temas de lavado de dinero y uno de los fundadores de FACT Coalition, organización que aboga por la transparencia corporativa.

El club de los 35

Pero Padrino no está solo. OCCRP también encontró que 35 generales venezolanos crearon 42 empresas privadas habilitadas para trabajar con el Estado. Juntos han obtenido 225 contratos, a pesar de que en Venezuela está prohibido que los funcionarios hagan negocios con el gobierno.

Los miembros del Club de los 35 se relacionan con 42 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas en las últimas décadas y que se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron 225 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo.

“Se convierte en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una empresa”, dijo Pedro Mendoza, un ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, otra rama de las Fanb, que decidió abandonar su país en febrero de 2019 y cruzó la frontera hacia Colombia.

Mendoza describió la actitud de la administración Maduro hacia sus generales como: “Tú me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios económicos”.

Una mirada más profunda muestra que el estilo de vida de los miembros del Club de los 35 es incompatible con sus sueldos. Occrp tuvo acceso a nóminas de la Fuerza Armada, que en Venezuela no son públicas, y muestran que un teniente gana en promedio 6,30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza sólo 8,90 dólares.

“No ha habido voluntad para revisar qué está pasando con esos oficiales que están vinculados a un sector político y que manejan enormes cantidades de dinero”, dijo el abogado de derechos humanos Alonso Medina Roa, quien ha defendido a varios oficiales acusados de rebelarse contra el gobierno de Maduro.

La información sobre las compañías vinculadas a los generales viene del Registro Nacional de Contratistas (RNC), al que las empresas se supone deben afiliarse para obtener contratos con el Estado.

Hasta hace tres años, una multitud de datos estaban a disposición del público, incluyendo la dirección de las empresas, la identidad de los accionistas, de los socios y de los miembros de la junta directiva, así como detalles de los contratos públicos de dicha empresa.

Pero en agosto de 2017, la gestió de Maduro limitó severamente la información del RNC, y ya no es posible saber qué personas tienen vínculos con las empresas contratistas ni qué contratos han obtenido. De la noche a la mañana, Venezuela se volvió casi tan opaca como una jurisdicción offshore.