Minería ilegal, la cultura de la muerte que azota el Arco Minero del Orinoco

La minería ilegal se convirtió en sistema que solo trae muerte y destrucción para los estados y poblaciones que forman parte del Arco Minero del Orinoco.

Por: Emmanuel Rondón 

Fuente: PanAmPost

Lagunas contaminadas de mercurio y cianuro producto de la minería a cielo abierto (Foto cortesía de Fritz Sánchez)

El Arco Minero del Orinoco (AMO) nació como un proyecto de desarrollo estratégico nacional creado por el chavismo en 2016. Está conformado, en su mayor extensión, por el Norte del estado Bolívar y, en menor medida, por Amazonas y Delta Amacuro. Es la zona más rica en minerales de toda Venezuela; oro, cobre, diamante, hierro, torio y coltán son algunos de los minerales que son explotados por el régimen de Nicolás Maduro, el crimen organizado y grupos irregulares extranjeros mediante la minería ilegal.

El chavismo como sistema político es a grandes rasgos una máquina eficaz de generar violencia, impunidad, corrupción y muerte. Y esto fue lo ocurrió con el Arco Minero del Orinoco (AMO). Vieron la oportunidad idónea para impulsar la minería ilegal para financiar sus proyectos criminales.

La explotación del arco minero ha traído una deforestación que, en un tiempo cortísimo, se convirtió en un ecocidio sin precedentes; hizo que las violaciones a los derechos de los indígenas sean todavía mayores; viene provocando un etnocidio sistémico; y ha generado una serie de actividades ilícitas que ha transformado el territorio en una zona de terror.Descarga de tambores de combustible para minas ilegales en el Alto Caura (Foto cortesía de Fritz Sánchez)

El hampa común y las guerrillas se disputan la zona, oprimiendo a los pueblos originarios y a muchos venezolanos que han encontrado en la minería ilegal una vía para sobrevivir. Todo bajo el amparo y la mirada cómplice de las fuerzas de seguridad de la tiranía. La única ley que existe es la que impone la criminalidad, creando una cultura de la violencia que solo ha traído muerte y crimen.

Pero todo esto debe ejemplificarse con testimonio y estudio, porque las consecuencias del AMO tienen muchísimas vertientes que merecen ser denunciadas. Entre las más importantes está el cómo utiliza el régimen de Maduro la minería ilegal como un arma económica, política y geopolítica, luego viene lo que esto ha generado: ecocidio, etnocidio y crimen; quiénes manejan el arco y quiénes se los permiten; su fachada legal y lo más importante: cómo esto está siendo vital para sostener al régimen mediante la comercialización ilegal del coltán, oro y los intereses en los recursos naturales venezolanos por parte de sus aliados ideológicos y políticos: China, Rusia, Irán, Cuba, Turquía y las guerrillas colombianas.

La fachada legal del chavismo que hizo proliferar a la minería ilegal

La Asociación Civil Kapé-Kapé publicó en su informe sobre la minería ilegal 2020, algunas de las crudas realidades que viven las personas que habitan en la zona; mencionan la situación con respecto al hampa y la ocupación de grupos irregulares; así como también las actividades criminales que se están desarrollando en la zona. Pero una de las cosas que, particularmente, llama la atención, es cómo el Estado venezolano ha promulgado decretos y resoluciones con el objetivo de hacer la minería del AMO una “actividad legal”, pero con mecanismos notoriamente insuficientes y con toda la intención de que así lo sea.

Existen minas con el “amparo legal correspondiente” para ser trabajadas, también se han aprobado autorizaciones a empresas de carácter mixto, pero su aporte al fisco nacional ha sido prácticamente inexistente. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, porque no hay inversión de capital extranjero. Ninguna empresa se animaría a invertir y trabajar en las minas en Venezuela. ¿Las razones? Elija: inestabilidad política, económica y social; la inseguridad jurídica y física (violencia); las expropiaciones y la poca contraprestación son algunas de las razones para que no haya inversión. El único capital extranjero que puede llegar a esta zona es gracias a razones políticas y provienen de Moscú, Teherán, La Habana y Pekín. Como pueden deducir: es una zona diseñada para que la ilegalidad y la criminalidad sea la norma.

La ausencia de un Estado venezolano con “reglas claras” conjuntamente con un régimen totalitario en Miraflores (Palacio Presidencial) que sólo le interesa el enriquecimiento ilícito, el apoyo político y el control social ha generado la proliferación a gran escala de la minería ilegal en el AMO. El fondo del meollo es simple: al chavismo jamás le interesó crear un sistema legal para controlar la extracción responsable de minerales preciosos y estratégicos para la nación; ellos solo querían el recurso y lo iban a obtener a como dé lugar. Así que la pobre fachada legal se desmorona con los hechos.

La estructura delincuencial chavista en el arco minero y sus aliados internacionales

Una de las empresas que funge como explotadoras es Wall Marketing, que se encarga de trabajar el Coltán a cielo abierto. Este mineral, hasta ahora, no ha aportado un solo centavo de dólar al fisco nacional pese a que lleva años explotándose. Misma situación ocurre con el diamante. El que sí aporta algo de dividendos es el oro, que reporta al Banco Central de Venezuela a través de la empresa estatal CVG Minerven.

Lo primero que hay que destacar con respecto al oro azul – como se le conoce al coltán – es que el que maneja el negocio es nada más y nada menos que Nicolás Maduro Guerra, el hijo del tirano Maduro. El diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia (que ha hecho una gran labor denunciando los crímenes que se perpetran en el AMO), lo denominó como “El Zar del Coltán”, básicamente, el cabecilla intocable de todo el negocio. Esto ejemplifica como funcionarios o allegados del régimen en Venezuela manejan y tiene intereses económicos en la zona.

Sobre el contrabando del Coltán y para tener una idea de las cantidades que se contrabandean desde Venezuela: en el año 2018 se incautó cinco toneladas de coltán en el puerto de Trieste en Italia; el proceso fue realizado por la fiscalía de Italia y todavía está bajo el signo de la investigación.

La explicación del por qué el oro si reporta al fisco y, el diamante y el coltán no, es bastante simple: las dos últimas no tienen concesiones, pero la primera sí, y está ubicada en El Callao perteneciendo exclusivamente a CVG Minerven.

Lo interesante de esto es que CVG la está operando Mibiturven, que es minería binacional turca venezolana. Américo De Grazia aseguró en conversación con el PanAm Post que “de turca no tiene absolutamente nada, el propietario es Alex Saab, solo que la registró en Turquía (…) y usan a Turquía como mascarón de proa para sacar al oro de Venezuela”.

Hay que recordar que Alex Saab es uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro, un hombre vital para el régimen que actualmente enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos mientras es retenido por la justicia de Cabo Verde. Otras de las compañías del testaferro del régimen es una empresa de carbón en el Zulia, Carboturven, y una de madera llamada Mavetur que está en Monagas, Anzoátegui, Aragua, Barina, Bolívar y Apure.

El proceso de extracción del oro en la región de El Callao ha generado en la zona un contexto social terrorífico. La inseguridad es uno de los grandes males que afecta a los habitantes, pero un dato relevante es como la explotación laboral se ha vuelto cotidiana y cómo están utilizando a los jóvenes como parte del proceso.

De hecho, según el periodista Ebus Bram, en su estudio «Venezuela Paraíso para los contrabandistas», reseña que aproximadamente un 45 % de los mineros en la región de El Callao son niños y adolescentes. Estos jóvenes, al igual que todos los mineros de la zona, están sometidos a condiciones laborales precarias y extremadamente dañinas para la salud por las sustancias químicas utilizadas. El mercurio es un claro ejemplo.

Pero no son solamente funcionarios y allegados del régimen quiénes tienen intereses económicos con la minería ilegal y la explotación de recursos naturales del arco minero. Según indicó el diputado De Grazia, el régimen de Maduro, en calidad de sus propios intereses geopolíticos, ha facilitado la ocupación de la zona para sus principales aliados internacionales.

A todo esto, debe agregarse que en el arco minero operan distintos grupos armados en favor del régimen, el primero de ellos, y es el que les proporciona un paragua a todas las partes interesadas con la tiranía, es el Cartel de los soles que maneja la droga y el contrabando de estupefacientes en el territorio.

Pero la ocupación extranjera no es únicamente un factor económico-político, sino también ideológico-criminal. En el arco minero, actualmente, las guerrillas de ideologías marxistas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), trabajan y operan libremente en el AMO. Según cuenta De Grazia, estos grupos guerrilleros trabajan como filiales de Cuba para conseguir recursos económicos y financiar actos de terrorismo en la región.

Luego están las milicias pro iraníes representadas en los grupos terroristas de Hezbollah y Hamas, quiénes velan por los intereses del régimen de Teherán y son franquicias de Irán protegidas por el exvicepresidente de Venezuela y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

En menor medida, en el eslabón final de la cadena alimenticia, se encuentran los sanguinarios colectivos, que son una serie de grupos armados venezolanos que están por y para la tiranía de Maduro. A un nivel similar se encuentran los sindicatos y el hampa común, que son provenientes de las cárceles y que se introdujeron en las minas durante el régimen de Chávez con promoción y amparo de Francisco Rangel Gómez cuando fue gobernador y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para monitorear las actividades auríferas en la región.

Los intereses del régimen en la minería ilegal como factor económico y político

Fritz Sánchez, periodista venezolano especializado en ecología y turismo, señala que para el chavismo el AMO se ha convertido en un baluarte para sus intereses políticos, económicos y geoestratégicos.

Para Sánchez, el proceso de la explotación del arco minero y la ocupación de grupos irregulares armados “se acrecentó con el colapso de la industria petrolera nacional y la necesidad del régimen para financiar sus operaciones, a la par del cobijo operativo que brindó el difunto Chávez a los guerrilleros de las FARC y ELN para tomar el control de las minas de minerales metálicos y no metálicos en la región Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro). Esto en aras de tener un «ejército aliado» y con gran interés de defender la Revolución Bolivariana ante cualquier inestabilidad social, política o económica”.

Además de las guerrillas o grupos irregulares armados, el Hampa común es otro notorio problema en la zona, entre los dos persiste una lucha por el control de las principales minas. La Fuerza Armada no tiene peso en el control, no se mete inmiscuye en esta disputa, pero sí se benefician de las actividades.

¿Qué consecuencias trajo la ocupación de las guerrillas y hampa común en el territorio? Como señala el periodista en conversación con el PanAm Post, una de las atrocidades más grande es la utilización de los indígenas como mano de obra esclava. “Son múltiples los casos documentados y testimonios recabados por distintas organizaciones de derechos humanos que han denunciado la explotación de las comunidades en condiciones de neoesclavitud en las minas al sur del Orinoco. También los mismos pueblos indígenas en la Región Guayana han elevado sus voces para visibilizar esta situación donde se les ultrajan sus derechos fundamentales”. A los indígenas no solo se les ha despojado de sus tierras y sus derechos, sino también de sus costumbres, provocando una aculturización de los pueblos originarios, explica el periodista.

Sánchez indica que la actividad minera siempre fue común en el estado Bolívar, pero la presencia de guerrillas colombianas con ideología marxista o islámicas, no. Esta ocupación es propiciada directamente por el régimen.

En el último lustro la minería ilegal se ha convertido en una opción viable de sobrevivir para muchos ciudadanos venezolanos a raíz de la crisis económica que persiste en el país. Sánchez indica que esta era una actividad que era desempeñada por pobladores locales o de estados aledaños a Bolívar – en su mayoría – y/o delincuentes que huían de la justicia en menor medida. “Ahora, para profesionales e indígenas las actividades mineras en el arco minero son una especie de esperanza de supervivencia”.

El gran problema es que en esta zona no hay ley y es “gobernada” por organizaciones al margen de la ley “En la actualidad, la crueldad de las mafias criollas y de los guerrilleros colombianos, más allá de sus disputas por el control de las zonas mineras, se dan la «mano» en cuanto a la explotación humana sin distingos de edad, la neoesclavitud de indígenas y los homicidios caprichosos, así como las operaciones de alcohol, drogas y prostitución voluntaria y forzada”. Todo esto ocurre bajo el amparo y protección de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército venezolano, que también se ve beneficiada de las actividades ilícitas de la zona.

Sánchez, quién ha sido testigo de primera mano de la trágica realidad a la que son sometidos los pueblos indígenas venezolanos, comenta que los grupos irregulares han ido penetrando constantemente hasta imponerse y tomar el control de las zonas mineras tradicionales y no tan tradicionales como es la cuenca del Caura. En este último, «los indígenas Yek´wana y Sanema han sufrido la invasión de los territorios, la destrucción de sus hábitats y el desplazamiento de sus comunidades. A pesar de sus denuncias desde el año 2006, el Estado no ha actuado hasta la fecha. La militarización de la cuenca como medida de control solo sirvió para -legalizar- una actividad ilícita que genera muchas ganancias a la Fuerza Armada Nacional (FAN)”.

La actividad aurífera ilegal ha sido un calvario para las comunidades indígenas de la zona. La situación acabó con su dinámica social, económica y de relación con el medio ambiente.

En ese sentido, Sánchez comenta una de las historias que documentó: “La comunidad de El Playón en el río Caura es un ejemplo de ello. En pocos años paso de ser el tercer destino turístico internacional del estado Bolívar, a ser una base logística de paso para los mineros del Alto Caura. Y no fue por voluntad propia, sino que las presiones y la supervivencia los llevó a ello. Incluso, quienes tenían el deber de atender sus denuncias y erradicar el avance de minería ilegal (efectivos militares apostados en la zona) eran quienes les aconsejaban que no denunciarán más”. Con esta realidad, se entiende que los pueblos indígenas no han tenido otra posibilidad más que acoplarse como prestadores de servicios logísticos para la minería por el declive del turismo y las presiones de las mismas organizaciones delincuenciales que se apoderaron de la región con la aprobación de la FAN.

En el río Caura, además, se viene sosteniendo unos altísimos grados de contaminación que ha generado que las comunidades muestren un alto el valor promedio de mercurio en seres humanos.

Sobre este tema, Sánchez facilitó un estudio realizado en el año 2011 por científicos de la Fundación La Salle de Ciencias naturales, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y la Universidad de Oriente, a solicitud de la organización indígena Kuyujani, que arrojó unos datos contundentes: el 92 % de la muestra excedió el valor medio de referencia del mercurio total en cabello establecido por la OMS, que es de 2mg/kg. El valor máximo que se encontró en un paciente fue de 45,41 mg/kg. El 36,8 % exceden los 10mg/kg y el 7,2 % superan los 20 mg/kg.

La OMS señala que existe un porcentaje significativo de probabilidad que los bebés y futuras generaciones de indígenas nazcan con desórdenes neurológicos por la contaminación mercurial. Y esto ocurre en todas las zonas indígenas que constituyen el arco minero. Y este problema puede ir acrecentándose hasta ir abarcando mucho más terreno incluso fuera del AMO.

Consecuencias sociales del dominio del Hampa, la guerrilla y aliados del régimen

La ONG Kapé-Kapé recabó denuncias y situaciones alarmantes que vienen perpetrándose en las zonas indígenas que componen el arco minero.

En estos lugares la única moneda de intercambio es el oro, no existe ninguna otra forma de comerciar. Según datos de CNN un minero puede sacar entre 100 y 150 gramas de oro por día. Pero, tal y como indica la asociación civil Kapé-kapé en su informe del 2020, los mineros son unos de los componentes más bajos de la “cadena alimenticia minera”. Son, primero, explotados – trabajan 12 horas por día sin parar – y segundo, son extorsionados.

Dependiendo de la zona donde se encuentren, el minero debe dirigirse al sindicato (grupo delincuencial o hampa común) o a los grupos de guerrilla como pueden ser miembros de las FARC o el ELN.

“Del oro extraído los mineros deben pagar a los molinos para su procesamiento, luego deben pagar a los grupos armados que controlan el territorio entre un 30 y un 50 %, otros grupos cobran una tarifa plana independiente de cuanto puedan extraer los mineros. Otras fuentes señalan que algunos mineros pagan hasta un 80 % a grupos como los sindicatos.”. (Cita del informe Kapé-Kapé con información de CNN, año 2019).

Y no son solo los mineros quiénes “pagan vacuna” (la cuota de extorsión), los residentes o habitantes de la zona que comercian productos de alimentos, o tienen restaurantes/bares, que tienen negocios, también deben pagar sumas de oro a la semana para poder trabajar. La negación de pagar la vacuna, normalmente, trae consigo un precio altísimo: la represalia de los grupos que dominan la zona.

Pero la consecuencia más terrorífica es sin dudas la cultura de la muerte, la violencia. Los mejores ejemplos son los de El Callao y Tumeremo: “el municipio El Callao está considerado como el más violento de Venezuela con 876 víctimas por cada 100 mil/ hab y el municipio Sifontes, donde se encuentra Tumeremo ocupa el tercer lugar con una taza de 274 víctimas por cada 100 mil/hab”. Este dato lo denunció Kapé-Kapé en su informe 2020 y es el reflejo de lo que ha causado la ocupación de grupos irregulares en estos municipios.

Un ecocidio y etnocidio sin precedentes

Es de público y notorio conocimiento que en el arco minero se propicia impunemente un ecocidio y que este traerá consigo unas desastrosas consecuencias ambientales. Además de esta trágica situación, hay que mencionar el etnocidio sostenido que sufren los pueblos originarios.

Para empezar, hay que mencionar un dato clave: de los 44 pueblos indígenas que componen las distintas etnias en Venezuela, 33 están al sur del Orinoco. La ocupación inconstitucional de los territorios de los pueblos autóctonos ha desconfigurado el rol de las etnias en la zona. Los indígenas pasaron de ser autosustentables, a convertirse en mano de obra esclava.

A los indígenas se les obliga a trabajar de forma forzada, desempeñando una tarea neoesclava, en beneficio de los grupos delincuenciales que manejan sus territorios. ¿A qué se enfrentan los indígenas en la zona? Además de la explotación, padecen las consecuencias de la contaminación causada por la minería; donde no solo los humanos que trabajan directamente con las sustancias químicas se ven perjudicados, sino también los ecosistemas en donde se desarrolla la actividad extractivista. Ríos, zonas boscosas, flora y fauna son literalmente contaminados o exterminados, según sea el caso.

Otra situación muy compleja es la inseguridad. El sur del Orinoco y sus comunidades indígenas se han convertido en zonas donde la muerte parece estar recorriendo constantemente. Masacres, asesinatos por sicariato, robos y trata de blanca son algunas de las trágicas realidades que trajo el AMO a sus hábitats. El contexto propició la irrupción todo tipo de abusos y violaciones.

En lo que se refiere a violencia de género, Amnistía Internacional – en su informe de Mujeres al Limite 2019 –, refleja la denuncia de la Organización de Mujeres Amazónicas Canaleras que señala: en las zonas mineras la violencia hacia la mujer se da, sobre todo, en los bares, prostíbulos y expendios de comida. Las mujeres que trabajan en estos sitios regularmente terminan vendidas o intercambiadas con fines de explotación sexual. También son obligadas, al igual que los indígenas, a realizar actividades ilícitas, sea por los mineros o grupos armados irregulares. (Información de kapé-kapé).

Las niñas y adolescentes son utilizadas como productos, se comercializan con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor va entre los 5 y 10 gramos de oro, siendo el costo de mayor a menor dependiendo de la edad de la mujer. (Amnistía Internacional, 2019 del informe de Kapé). Las mujeres que se resisten a los abusos posteriormente son víctimas de hostigamiento, secuestros y torturas, incluso muchas mujeres y niños han resultado heridos o asesinados en muchos de los enfrentamientos entre los grupos armados por el control de la minería.

Si el etnocidio y el crecimiento de la cultura de la violencia y la muerte preocupa, ¿Qué quedará para lo que es el criminal ecocidio? Según el reconocido botánico Francisco Delascio, la situación que vive el arco minero se compara con los seres fantasiosos que acompañaron las jornadas “doradistas” de la Guayana, es decir, esas jornadas donde todo el mundo iba a la conquista de El Dorado para buscar el lago Parima o los yacimientos auríferos.

¿Quiénes eran esos seres fantasiosos? “Pues, los hombres sin cabeza, llamados ypurgotos e ewaiponomas. ¿Por qué esta analogía cobra mayor vigencia? Porque, hoy por hoy, esa destrucción ambiental del sur de Venezuela por una falsa minería ecológica sola la pueden estar llevando individuos acéfalos no pensantes”.

Delascio señala la tautología que significa tener un ministerio de ecología minera, algo que es absurdo, además, porque no existe la minería ecológica. “La minería ecológica es destrucción completamente”.

La destrucción que hay en el arco minero es apoteósico y para dimensionarlo, hay que ir a los datos proporcionados por el ministerio de llevar el control sobre el ambiente, ellos indican que la tasa de deforestación anual a nivel nacional oscila entre unas 347 mil hectáreas al año. Si esto ocurre en el territorio nacional, ¿cuántas hectáreas se perderán en una zona como el AMO que está oculta por el régimen?

En el escudo de la Guayana donde prácticamente se localiza la mayor parte del arco minero, la fuente de oro, diamante, coltán y cantidades de materiales estratégicos, se localiza también una de las más grandes masas de bosques tropicales que existe en el planeta, que representa prácticamente el 80 % de la superficie de bosques del país.

“Hay que recordar que, la extinción, es un acto drástico y catastrófico, lo extinto no se va a reanimar. Lo extinto es apagar, agotar, desaparecer algo. Y para obtener una riqueza pingüe, en relación a los beneficios auténticos, para sacar unas gramas de oro y reservar algo para el momento, se va a acabar toda esa biodiversidad”, dice Delascio, que también remarca el peligro no solo de perder especies animales y vegetales, sino también a las etnias indígenas venezolanas que, como se señaló anteriormente, están perdiendo su cultura y en muchos casos también sus vidas.

El problema de los pobres suelos hará que sea casi imposible recuperar la vegetación deforestada

Toda la biodiversidad, toda la riqueza y bosques fabulosos que podemos ver en toda la selva amazónica y Guayana venezolana se desarrollan en suelos muy pobres, explica Deslacio. Ese suelo es uno de los núcleos terrestres más antiguos que existen con una data de tres mil millones de años y debido a la génesis geológica, a la transformación, modificaciones de años de lavados y también de extinciones naturales, hicieron que esos suelos sean sumamente pobres (a nivel de nutrientes biológicos); y los ecosistemas prosperan lentamente. Son suelos pobres en calcio y además de eso presentan una muy elevada acidez y toxicidad por la presencia de aluminio y amonio que milita en la gran cantidad de microorganismos.

“Por tanto, esos exuberantes paisajes que se mantienen en toda nuestra Amazonia y Guayana venezolana, se mantienen porque los propios árboles emiten raíces adventicias, raíces aéreas para captar por vía corriente los nutrientes liberados para la descomposición de materia orgánica acumulada en la superficie”.

¿Qué es lo que sucede? Que esos bosques se mantienen prácticamente como capa de hojarasca, como un pequeño colchón, y el reciclaje de ellos es como un sistema cerrado que no toma casi nada del suelo.

Entonces, si ya de por sí el suelo es pobre, biológicamente hablando, si se le agrega la remoción de la capa vegetal, las talas, los tractores y la utilización de sustancias químicas, de metales como mercurio y toda la cantidad de esos elementos que ya son harto conocidos los efectos que producen (mutaciones, envenenamiento, tanto en la serie animal como la especia humana), la biodiversidad no tiene tanta amplitud de resiliencia.

Con todos estos factores, la naturaleza está condenada a desaparecer. Y cuanta más actividad exista en esa zona, más rápido desaparecerá.

También ocurre que esa desaparición no va a ser únicamente perjudicial para Venezuela, resulta que a medida que todos esos volúmenes de sustancias perjudiciales, de excretas o de detritus o todos esos químicos que están utilizando, vayan cayendo a las aguas, ¿a dónde van a ir? Pasan por todo el Orinoco y van a salir al mar. De ese mar se irá distribuyendo a lo largo de toda la costa venezolana, donde los manglares, que son refugios de peces y de otras muchísimas especies que sirven de alimento o contribuyen al mantenimiento general de la naturaleza, van a estar afectadas. Todo ese grupo de corales, por ejemplo, van a ser contaminados. Entonces no va a haber lugar donde los alevines y juveniles de múltiples especies tengan lugar para la limpieza. Y a través del mar caribe, esta contaminación va a llegar a la zona norte caribeña.

El botánico también explicó que una de las cosas que más le preocupa es que la zona puede quedarse sin agua: “Olvidamos que lo más importante de allí no es solamente lo que yace en el subsuelo, no es solamente esas riquezas geológicas, lo más importante de allí es que, sin la vegetación, toda esa región tan interesante como es la región de Guayana, que es una región hídrica, forestal, turística; va a quedar sin agua, y sin agua no hay vida”. La deforestación puede acabar con toda la vida al sur del Orinoco, un ejercicio de canibalismo natural solamente capaz de ser generado por el chavismo.

Situación no dimensionada y poco conocida a nivel internacional

Quizás, a nivel nacional, lo que ocurre en el Arco Minero del Orinoco está sobradamente denunciado y reconocido. Pero también es cierto que el problema está infravalorado y poco dimensionado. Se sabe que existe una inseguridad feroz, una violencia atroz, pero aún así es un caso que tiene pocas luces en lo que al desastre natural y étnico se refiere.

Afuera de Venezuela la divulgación tampoco es que haya sido escasa, al contrario, organizaciones, activistas, periodistas y un grupo incansable de personas se han encargado de dar a conocer todos los crímenes que se cometen en el AMO. Pero no deja de ser un tema irrelevante en la opinión pública a nivel ambiental, criminal y también esclavista. Fue mucho más valorado por la opinión pública, por ejemplo, las tragedias naturales de Australia y Brasil por los incendios.

El sistema que impera en el Arco Minero merece una mayor difusión en los medios de prensa, una cobertura que, en verdad, pueda causar una dimensión real del daño que están causando el régimen de Maduro y sus aliados. Este es un problema que no solo afecta a Venezuela sino al mundo entero. Porque a nivel ambiental afectará a la región cuando la contaminación de los ríos llegue al mar, porque de esos recursos explotados ilegalmente sale la financiación a grupos terroristas, guerrilleros y regímenes del mundo, porque de esos minerales el chavismo está sacando una tajada suculenta y porque a pasos agigantados vamos a ir perdiendo los bosques de la Guayana donde yacen maravillas y patrimonios de la humanidad como el Kerepacupai Merú o Salto Ángel.