Continúa devastación de la jungla venezolana por actividades ilícitas

Por Yolima Dussán

Fuente: Dialogos Americas.Com

La devastación de la selva tropical de Venezuela avanza por la minería ilegal. Cerca de 2821 kilómetros cuadrados de bosques han sido destruidos por grupos criminales venezolanos, colectivos paramilitares y guerrillas colombianas, bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro, asegura el informe Minería ilegal en Venezuela: muerte y devastación en las regiones de Amazonas y Orinoco, publicado por la ONG Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS en inglés), y presentado en un foro virtual el 26 de junio.

El informe registra los daños para el medio ambiente, los derechos humanos, la salud, el orden público y la estabilidad en la región. Las organizaciones criminales venezolanas disputan el control del territorio minero con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), ambos colombianos, y amparados por el régimen de Maduro, dice el documento.

Este hecho fue ratificado el 24 de junio, en el reporte Informes nacionales sobre terrorismo 2019: Venezuela, del Departamento de Estado de los EE.UU., que consignó: “Los lazos financieros con las FARC-D, el ELN y los grupos paramilitares venezolanos, facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen para incluir a miembros de las fuerzas armadas”.“Muchas de las estructuras ilegales en Colombia encontraron en la dictadura de Nicolás Maduro espacio para fortalecer sus negocios criminales y nos afectan de manera grave”, afirmó el ministro de Defensa de Colombia Carlos Holmes Trujillo durante el foro virtual. “Ante la crisis económica y sobre todo por la pérdida de la renta petrolera, el [régimen] de Maduro ha tenido que echar mano del oro para financiar operaciones internacionales”.

Asimismo, el Departamento de Estado indica la presencia del ELN en 12 de los 24 estados de Venezuela, y alerta sobre la “cooperación esporádica entre las FARC-D y el ELN en las áreas de control de carreteras, fronteras, distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables, y tráfico de narcóticos y oro ilegales”.

El informe del CSIS ratifica que el ELN ha expandido su control en el Arco Minero (territorio del sur de Venezuela dedicado a la minería) desde 2019, donde controla varios corredores de transporte importantes y administra cadenas de suministro de equipos en la región.

Además de la deforestación causada por el proceso minero ilegal, “el uso indiscriminado de sustancias como cianuro o mercurio contamina de manera mortal las fuentes de agua de nuestros campesinos”, agregó Holmes.

CISIS encontró niveles elevados de mercurio en peces de agua dulce de la región, que se exportan para el consumo en Brasil, Guyana y Trinidad y Tobago; además, determinó que aproximadamente 500 000 trabajadores están involucrados en operaciones mineras ilegales, muchos de ellos de comunidades indígenas, forzados a trabajar. “Estos mineros en su mayoría son venezolanos empobrecidos, y se estima que el 45 por ciento son menores de edad”, dice el informe.