¿Qué es la Organización R que se perfila como garantía de orden en el Arco Minero?

Fuente: InSight Crime: 

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Un reportaje publicado por InSight Crime indica que una de las bandas que se disputan por el control de las minas mutó mezclando sus actividades al margen de la ley con ayuda social y actividad política

Un reportaje publicado esta semana por el sitio especializado en criminalidad InSight Crime, da cuenta del sostenido ascenso de la «Organización R (OR)», un grupo dirigido por un sujeto apodado «Run», quien ante el caos desatado en el Arco Minero del Orinoco ha venido imponiendo un régimen que dicho portal define que «ha adoptado tres caras: una de banda criminal, otra de organización comunitaria y la otra de fuerza política».

Organización R

De acuerdo con el reportaje, esta organización es una de las múltiples bandas que controlan la minería ilegal de oro en el estado Bolívar. Pero, la Organización R evolucionó al combinar el poder armado con trabajo social y acción política.

Con lo que la OR y su líder han logrado posicionarse como una garantía de seguridad en la región en medio de la anarquía que se desató ante la lucha desesperada del Ejército venezolano, la guerrilla colombiana y otras organizaciones delictivas por sacar el mayor provecho de la explotación del oro.

Cabe mencionar que, en la región se ha dado en llamar «sindicatos» a estas bandas que se disputan el control de las minas. Por lo que en el reportaje que se muestra a continuación ese término no hace referencia a las organizaciones de trabajadores, en el sentido tradicional.

El texto que sigue corresponde al reportaje en su integridad publicado por InSight Crime:

Hacia las 11 de la noche del 6 de abril de 2020, el teniente coronel Ernesto Solís volvía a la base militar que comandaba, cerca de la ciudad de Tumeremo, en el estado de Bolívar, al este de Venezuela. Allí lo interceptaron varios hombres armados en motocicleta, quienes dispararon repetidamente contra su vehículo. El ataque dejó muertos a Solís y al sargento que lo acompañaba.

La muerte de Solís tenía un aura de inevitabilidad. Al mando de las operaciones militares en una de las regiones mineras más ferozmente disputadas de Venezuela, había tenido que enfrentar numerosas acusaciones de abusos y alianzas con grupos armados, y ya había sobrevivido a otros ataques contra su vida, según su propio relato. Tenía muchos enemigos.

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Pronto, la policía dejó claro cuáles de esos enemigos creían que eran responsables de la emboscada: la Organización R (OR) y su líder, Eduardo José Natera Balboa, alias «Run» o «Pelón Natera».

En ese tiempo, pocas personas fuera del estado Bolívar sabían de la existencia de la OR. Los informes de la región estaban más preocupados por los movimientos del Ejército para arrebatar el control de la minería de oro a las bandas criminales de la región, una campaña dirigida por el círculo más cercano al presidente Nicolás Maduro, y, según señalaban varias investigaciones de medios y fuentes locales, coordinada con las guerrillas colombianas.

Hoy en día, sin embargo, la OR hábilmente ha combinado la fuerza armada con el trabajo social y la acción política para posicionarse como uno de los principales poderes en el corazón minero de Bolívar. Al hacerlo, ha puesto en evidencia las fallas de la estrategia del régimen de Maduro para convertir el anárquico sector minero de Bolívar en una potencia económica que pare la maltrecha economía venezolana y llene los bolsillos de sus élites corruptas.

De la cancha de fútbol al campo de batalla

Las riquezas del corazón minero de Venezuela en Bolívar han sido objeto de disputa de muchas bandas criminales —conocidas localmente como sindicatos— por más de una década. Pero desde el comienzo, la OR fue distinta.

El fundador del grupo, Run, era más conocido como jugador del equipo local de fútbol. Pero su historial criminal data de más de una década atrás. En 2008, fue condenado por una serie de delitos menores, pero se escapó de la prisión local de El Dorado.

Run formó la OR, también conocida como las 3R, de lo que quedó de las bandas mineras que antes habían dirigido la actividad en Tumeremo, según Américo De Grazia, líder local de la oposición política. Además reforzó el grupo con el reclutamiento de desertores del Ejército venezolano, como informó a InSight Crime un alto oficial de gobierno del estado Bolívar, quien habló en condición de anonimato.

El oficial dijo: “de todas las bandas que operan en Bolívar, para mí, la OR es la más organizada, porque tienen una capacidad logística increíble y entrenamiento al estilo colombiano”.

Run también buscó el apoyo de la comunidad local de Tumeremo entregando alimentos y juguetes a los niños, organizando eventos deportivos y actividades para los jóvenes locales, llevando servicios públicos o ayudando a mejorar la infraestructura existente e incluso con la financiación de un servicio local de ambulancia.

Este trabajo social se realizó bajo la bandera de una organización de caridad: la Fundación 3R. Aunque en público tanto la fundación como el grupo armado niegan vehementemente tener cualquier vínculo, un miembro de la OR, en entrevista con InSight Crime vía WhatsApp bajo la condición de que se reservara su identidad, confirmó que en Bolívar es de conocimiento general y algo que la OR ha reconocido en el pasado: son dos caras de la misma organización.

“Todo lo que la ciudad necesite, lo hacemos aparecer por medio de la Fundación”, dijo.

Las 3R también adoptó una estrategia diferente hacia la minería. Mientras que la mayoría de los sindicatos se centran en exprimir hasta la última gota de las ganancias por la actividad a punta de pistola, la OR se ha posicionado como defensora de los mineros y las comunidades que viven de la actividad.

“Somos jóvenes preocupados por la falta de orden en las minas y el irrespeto hacia la otra gente”, señaló un líder de 3R, quien accedió a responder las preguntas de InSight Crime por correo electrónico bajo la condición de que se mantuviera su anonimato. “Hemos propuesto imponer orden, basado en el respeto hacia los otros, respeto por las mujeres y los niños, respeto por el trabajo, la necesidad de honrar las deudas, respeto por la religión de la gente, el derecho de los niños a la educación y la recreación, y el respeto por la salud de la población minera”.

Sin embargo, la versión de “orden” de la OR tiene un precio. Según un miembro de OR, contactado por WhatsApp, ese precio es el 15 por ciento de la producción de oro. La OR también regula fuertemente la actividad comercial del metal, incluso, su precio. Un comunicado que se hizo circular entre la comunidad y que llegó a manos de InSight Crime comienza con: “Estamos actualizando los precios del oro en dólares, efectivo y transferencias”. Después de enumerar los nuevos precios, el comunicado concluye: “Los precios establecidos por la OR deben respetarse. De no hacerlo, se aplicarán medidas correctivas según se estime necesario”.

Para quienes viven en el territorio de la OR, “medidas correctivas” se entiende como una amenaza apenas disimulada, pues las reglas se imponen brutalmente. En un video de la OR que circuló por Bolívar, se muestra a un hombre semidesnudo agarrando su cabeza con una marca alrededor de su cuello que dice: “No se pega a las mujeres”. Incitado por una voz detrás de la cámara, este confiesa que le pegaba a su pareja. “No habrá próxima vez”, le advierte la voz.

Pero, en comparación con la “justicia” que imparten otras bandas mineras, que incluye la mutilación y el desmembramiento, según la evidencia recogida por grupos de derechos humanos, esos castigos parecen relativamente humanos para muchos en Bolívar. Pese al costo financiero y la crueldad de la justicia extrajudicial del grupo, muchos de los residentes y mineros entrevistados por InSight Crime recibieron bien la seguridad que el grupo les ha brindado.

“Ya no hay extorsión ni secuestros, todas esas cosas con las que teníamos que vivir, el acoso, la persecución, eso se acabó”, comentó un residente de Tumeremo, que no quiso ser identificado por motivos de seguridad.

Cuando InSight Crime entrevistó a Solís, tres meses antes de su asesinato, describió cómo la OR se había convertido en un enemigo formidable, al mezclar el poder armado con las obras sociales. El respaldo de la población local servía como una red de inteligencia para el grupo, y le daba una ventaja vital sobre las fuerzas de seguridad y sus rivales criminales.

Pero fue su descripción de cuando visitó las oficinas locales del partido político, la Unidad Popular Venezolana (UPV), miembro de la coalición de partidos de izquierda afines al gobierno chavista, lo que reveló hasta dónde se había extendido la influencia de la organización.

“En el exterior, la oficina era de la UPV, pero dentro era todo la OR. Los documentos decían ‘Organización R’. En el computador, tenían un censo de todas las personas que vendían oro. Todo, absolutamente todo, estaba contabilizado”, señaló Solís

La cooptación de la sede local de la UPV —confirmada en los pronunciamientos públicos de la misma OR— no fue el límite de las aspiraciones políticas del grupo. La Fundación 3R también trabajó muy de cerca con el Movimiento por la Paz y la Vida, un programa del gobierno nacional que promueve las actividades deportivas y culturales en comunidades desfavorecidas.

El director del programa es un antiguo jugador profesional de básquetbol y exviceministro de deportes, Alexander “Mimou” Vargas, quien fue nombrado en el cargo directamente por la presidencia. Las actualizaciones en redes sociales de Vargas y la Fundación 3R presentan videos de este inaugurando escenarios deportivos y programas de salud en compañía de representantes de la Fundación.

El espejismo de Maduro

La oferta de la OR de imponer orden y seguridad llegó en el momento preciso para convocar a las comunidades mineras de Bolívar, cansadas de años de violencia y caos a manos de bandas criminales y las fuerzas de seguridad.

Cuando el grupo inició su expansión en 2019, la certeza de que los grandes planes del gobierno de Maduro de construir un pujante sector minero en lo que llamó el Arco Minero del Orinoco (AMO) eran algo más que una ilusión.

El gobierno no había logrado atraer ni el capital ni la experticia necesarias para convertir un sector minero rudimentario y no regulado en una industria moderna. En lugar de eso, atrajo a un número creciente de actores de la élite chavista, otorgando acceso a la riqueza de la región a cualquiera, desde la familia del presidente hasta los gobernadores de los estados.

“[El régimen de Maduro ha estado] repartiéndose el estado como si fuera su territorio. Cada quien recibe parte del botín”, opinó un exoficial del Ejército que fue un alto mando en Bolívar antes de su retiro y habló con InSight Crime bajo la condición de que se mantuviera su anonimato.

El oro de Bolívar también comenzó a financiar una nómina a la sombra para las fuerzas de seguridad. El personal de seguridad raso recibe un exiguo salario del Estado venezolano casi en bancarrota, de manera que muchos se aseguran su subsistencia tomando una parte de las economías criminales en las zonas a las que están destinados. La rotación constante de personal permite la distribución de estas oportunidades entre las fuerzas. Es así como la región minera de Bolívar es ahora uno de los destinos más codiciados del país, según el oficial retirado.

“Cuando llegué por primera vez al sur de Bolívar, eso era un castigo”, recordó. “Ahora, la gente se pelea por eso como si fuera un premio”.

Pronto la región se vio inundada por diferentes ramas de las fuerzas de seguridad, entre las que se contaban el Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía y los servicios de inteligencia. Hay evidencia sólida de que el Ejército comenzó trabajando con las guerrillas colombianas para combatir a los sindicatos. Pero cuando la presencia guerrillera comenzó a disiparse, las fuerzas de seguridad hicieron alianzas con los sindicatos, a raíz de lo cual apuntaban sus armas solo a quienes no cooperaban o no les pagaban.

InSight Crime habló con numerosas fuentes en Bolívar, que expresaron su deseo de mantener su identidad en reserva, entre ellos personal activo y retirado del Ejército y la policía, quienes describieron cómo cada división de las fuerzas de seguridad encontró su manera de beneficiarse del negocio mediante acuerdos hechos con los sindicatos y otros actores dedicados a las operaciones mineras.

Algunos trabajan directamente con grupos criminales para controlar o extorsionar las minas, mientras que otros protegen los intereses de las élites políticas y castrenses. Otros asumen tareas más especializadas, como el cobro a quienes introducen gasolina de contrabando o sacan oro de la región, o cerrando investigaciones en curso por homicidios u otros delitos.

Incluso los no corruptos cuando llegan a Bolívar pronto son seducidos por el sistema, según un oficial activo del Ejército, apostado en Bolívar, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

“Todos tenemos un precio. Puede ser dinero o familia, pero tenemos un precio”, confesó. “No todos se compran con oro. Con otros, dicen, ‘Páseme información o lo mato a usted y su familia y lo corto en pedacitos’”.

Pero ahora se está presentando un nuevo problema. Es posible que no haya suficientes riquezas para todos. Los mineros informales han estado agotando los depósitos auríferos de fácil acceso, cerca de la superficie, como lo explicaron expertos regionales en minería en conversaciones con InSight Crime, y las operaciones prometidas con tecnología avanzada que podrían explorar a mayor profundidad no aparecen.

Como resultado de eso, las élites chavistas y las numerosas divisiones de las fuerzas de seguridad se han encontrado en competencia por los recursos cada vez más escasos, no solo con los sindicatos, sino entre ellos mismos.

“Es el caos total, un conflicto en el que el ganador es la persona que tiene más poder, el más cercano a la cúpula”, concluyó el oficial retirado.

La guerra y la paz

En Sifontes, Solís llegó a ser una muestra de estas tensiones. Las comunidades locales lo acusaron de ser responsable de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, y alegaron que colaboraban con la guerrilla colombiana. La situación llegó a un punto crítico en diciembre de 2019, cuando el Ejército tomó el control de varias minas locales y bloqueó las rutas de acceso que conducían a ellas.

Para la OR, él se convirtió en el principal obstáculo para su toma de poder en Tumeremo.

“Solís nos hizo la vida imposible; no nos dejaba trabajar”, comentó el miembro de la OR. “Mató muchos inocentes, algo que Run no hace”.

El asesinato de Solís no solo facilitó la toma de control de Tumeremo por la OR, sino que también marcó el inicio de su expansión a nuevas regiones, pues se expandieron al norte de Sifontes e incursionaron en el municipio vecino de El Callao.

Este avance pronto les valió nuevas enemistades, pues entraron a territorios controlados por uno de los sindicatos más antiguos y poderosos de la región: el Tren de Guayana.

En el pasado, el Tren de Guayana había recibido apoyo del exgobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez, según testimonios de delatores del interior de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones de los medios y los mineros de la región sostienen que aún hoy la banda sigue contando con el apoyo de aliados en el poder. Ha habido incluso acusaciones de que el Tren de Guayana coordinó operaciones con una facción del Ejército y emplea soldados activos y exmilitares como mercenarios.

Pese a tener que confrontar un grupo criminal armado y al Ejército, la OR sacó a sus nuevos enemigos de al menos tres minas en meses de enfrentamientos. Pero aunque desplegaron pericia militar, arsenal de alto poder y la disposición a usar violencia letal, la OR volvió a describir su expansión como una campaña honesta para proteger a los mineros de la depredación del Tren de Guayana y sus aliados en el Ejército.

“El Tren de Guayana le roba a la gente. Irrespetan a mujeres y niños. No respetan los espacios públicos y abusan de los trabajadores”, señalo el líder de la OR.

Una vez más, su retórica era repetida por los mismos mineros. Después de que la OR acabó con el control del Tren de Guayana sobre una mina ubicada entre Tumeremo y el bastión del Tren de Guayana, en Guasipati, los mineros organizaron una conferencia de prensa.

“¡Gracias a la Organización de R, que nos liberó de la esclavitud del Tren de Guayana!”, exclamó uno de los voceros. El evento terminó con los mineros en pleno gritando al unísono “¡R! ¡R! ¡R!”.

Después de meses de cruentas luchas, en septiembre el conflicto tuvo un abrupto fin, o al menos una pausa. La OR divulgó un comunicado declarando que habían cerrado un acuerdo de paz con el Tren de Guayana y el gobierno. Según el comunicado, las zonas alrededor de las minas que se habían disputado, serían ahora “zonas de paz”, libres de grupos armados.

Los rivales siguen siendo enemigos, como le aclaró Run a InSight Crime, en respuesta a varias preguntas escritas por WhatsApp. Pero la lucha se había acabado, por el momento.

“Todo el mundo quiere paz”, dijo. “Pero la relación no ha cambiado. Cada bando se mantendrá en su zona. No somos amigos. No somos nada”.

¿Una nueva alianza?

El anuncio de la tregua fue una sorpresa, pues pareció que la OR salía ganando del conflicto. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la participación de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), que, según Run, medió para el acuerdo y administrará las minas disputadas.

Ahora que la visión de Maduro de una revitalización de las fortunas de Venezuela gracias al Arco Minero del Orinoco ha dado paso a la cruda realidad, y al saqueo de los recursos naturales por parte de élites corruptas y grupos criminales, la CVM es ahora responsable de garantizar que los funcionarios del gobierno venezolano sigan sacando su tajada.

El organismo cobra un porcentaje de la producción de cada concesión minera autorizada por el gobierno. Pero según múltiples fuentes de la región, que hablaron con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato, tiene acuerdos similares con las operaciones ilegales que manejan los sindicatos.

Sin embargo, según afirman las fuentes, la CVM se está viendo frustrada, pues muchos de los actores detrás de las minas, sobre todo del Ejército, no cumplen su parte del trato.

“Hay un fuerte enfrentamiento entre la CVM y el Ejército, porque la CVM no está recogiendo lo que se le debe, y la mayoría de los dueños de las operaciones mineras son generales”, comentó el alto oficial del gobierno de Bolívar.

La OR, en contraste, se ha forjado una reputación de ser socios confiables, capaces de mantener el flujo de oro. El grupo parece haber ayudado a entregar el control de las tres minas directamente a las manos de la CVM, al menos por el momento.

Que la OR llegue a ser mejor aliado para la CVM que el Ejército representaría un cambio para una organización que ha cultivado una imagen de Robin Hood, como ilegales rectos, negándose a entrar en los juegos de poder de élites distantes y gángsters locales, a la par que defienden a los trabajadores explotados por esos bloques de poder.

“Run es el Rebelde del sur, porque no quiere alinearse con ninguna de las fuerzas de seguridad ni con ningún gran nombre en el gobierno”, señaló el miembro de la OR.

Aunque la OR juega un peligroso juego en Bolívar, lo ha hecho con estilo. Mientras Maduro tiene problemas para controlar el caos que desató en Bolívar, el Rebelde del Sur se está perfilando como el aliado comercial preferido del estado.