El cartel de Paraguaná: narcotráfico y poder político en Venezuela

Fuente: InsightCrime

Chiche Smith

El 3 de abril de 2021, la policía del estado de Anzoátegui, al este de Venezuela, respondió a un aviso para interceptar un Toyota Corolla plateado. Interrogaron a la conductora, una mujer de mediana edad acompañada de un pariente joven. Bajo la presión de las autoridades, la mujer los llevó a un edificio residencial donde vivía su padre, un hombre corpulento, de pelo ralo, cerca de sus setenta años.

El hombre afirmó que era un ciudadano ordinario; presentó un documento de identidad con el nombre de Ramón Guillermo Valera. Pero después de un interrogatorio, admitió que el documento era falso. Su verdadero nombre era Emilio Enrique Martínez, más conocido como “Chiche Smith”, uno de los narcos más notorios de la costa Caribe de Venezuela.

La captura de Martínez conmocionó al país entero. Su arresto marcó la caída de uno de los narcotraficantes más veteranos de Venezuela, cuyas conexiones con actores poderosos dentro del Estado parecían ponerlo fuera el alcance de la justicia.

La historia del Cartel de Paraguaná de Martínez es el ejemplo perfecto de la profunda sinergia entre la política y el narcotráfico en Venezuela. Su ascenso es un caso de estudio sobre cómo las conexiones entre narcotraficantes y políticos locales, así como las fuerzas de seguridad y personajes de influencia nacional, pueden formar la base de sistemas enteros de gobernanza criminal. Su caída permite entender cómo las diferencias entre facciones en los más altos niveles del Estado venezolano pueden ocasionar el desmoronamiento de esos imperios criminales.

Un feudo criminal en el Caribe

Martínez ha sido una figura legendaria en Paraguaná, la península que sobresale en el mar Caribe desde el estado costero de Falcón. Hijo de un traficante local, comenzó su carrera como miembro de una de las muchas mafias que trasegaban mercancías de contrabando desde Falcón a las islas cercanas del Caribe Neerlandés en la década de 1990.

Fue a prisión en 1998, pero recuperó su libertad seis años después. Para ese momento, tenía la mira puesta en productos más lucrativos. En 2010, “Chiche Smith” fue nombrado en expedientes judiciales como el dueño de 600 kilos de cocaína incautados de una lancha frente a la costa de Falcón.

Según periodistas y líderes políticos locales, entre sus compradores se encontraba el Cartel de Sinaloa de México y entre sus socios comerciales se contaba Walid Makled, quien era uno de los intermediarios de drogas más conocidos y bien conectados de Venezuela. Sin embargo, Martínez prefería mantenerse a la sombra.

En 2017, Víctor Clark fue elegido gobernador de Falcón y todo cambió. Joven y ambicioso, Clark fue catalogado por los analistas políticos como el acólito del presidente Nicolás Maduro, pero su campaña también contó con el respaldo personal de Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, quien muchas veces ha competido con Maduro por el poder dentro del chavismo.

Clark celebró su victoria electoral con un fastuoso concierto en la ciudad costera de Cabo San Román, en la punta de la península de Paraguaná. Los habitantes locales relataron a InSight Crime que no se escatimó en gastos, con camiones llenos de cerveza y pirotecnia espectacular. Pero eso no fue lo único que llamó la atención.

“Toda la familia de Chiche Smith estaba allí como invitados de honor y protegidos por soldados”, le comentó a InSight Crime una periodista local, con reserva de su identidad para cuidar su seguridad. Otros residentes confirmaron su versión.

Poco después de la fiesta, se fotografió a Clark con parientes de Martínez en eventos públicos. Chiche Smith se había convertido en figura pública.

Martínez no tardó en volverse un personaje querido en Paraguaná. Los locales relatan cómo empezó a comprar propiedades en el municipio de Carirubana, pagando generosamente en efectivo por chozas en la playa, con la promesa de construir un resort turístico.

También invirtió dinero a manos llenas en la zona por medio de su Fundación Carmen Virginia Martínez, que llevaba el nombre de su difunta madre. La fundación distribuía alimentos y juguetes entre familias de bajos recursos, organizaba obras públicas, como limpieza de calles, ofrecía empleos bien pagos y renovaba la infraestructura local, algunas veces en cooperación abierta con el alcalde de Carirubana, Alcides Goitía.

Sin embargo, según numerosos residentes, periodistas, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad del lugar, que hablaron con InSight Crime, las comunidades de Paraguaná no fueron los únicos beneficiarios de la generosidad de Martínez.

“Víctor Clark permitió que los narcotraficantes hicieran mejoras y modificaciones [en la zona] y luego el gobierno regional las inauguraba como si fueran obras públicas”, señaló un oficial del ejército local, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

“Los comandos [del ejército] también recibieron provisiones, teléfonos, logística para actividades deportivas [de Martínez]”, agregó.

No obstante, la colaboración de Chiche Smith con Clark tuvo dos caras.

“El Cartel de Paraguaná sabe todo sobre todos, así que uno presta atención cuando ellos aconsejan no votar contra Víctor Clark o hablar mal de él, porque ellos saben dónde vives”, le explicó a InSight Crime un residente que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.

A cambio, Martínez esperaba una cosa: carta blanca para el trasiego de narcóticos por el territorio de Falcón.

Para hacerlo, requería la complicidad de las fuerzas de seguridad.

“[Chiche Smith] y su familia se reúnen con todos los comandantes [del ejército]”, relató un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien habló con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato. “Cuando entra un nuevo comandante, se reúne con esa gente y empiezan a trabajar juntos”.

Esas relaciones se ven facilitadas por el gobernador, según afirmó otro oficial del ejército en intercambio con InSight Crime, quien también pidió que se mantuviera su anonimato.

“Como cabeza del estado, [Víctor Clark] es el intermediario”, comentó. “Él no participa, pero permite que todo pase”.

Varias fuentes también sostuvieron que la política influye en la designación de la cabeza de los puestos de mando del ejército en la región y que Clark lleva años moviendo hilos para influir en ese proceso.

“Los cambios de mandos militares, sobre todo a nivel estatal, son acciones políticas”, señaló el oficial de la GNB. “Las personas en esos cargos son más políticos que militares, y para llegar a ese nivel hay que estar bien conectado”.

Narcotráfico y política local

La estrecha red de conexiones entre Martínez y el gobierno local, el ejército y la población de Falcón crearon una forma de gobernanza criminal muy singular, un feudo narco donde políticos y fuerzas de seguridad se aliaron con actores criminales para usar las ganancias ilícitas, no solo para su enriquecimiento personal, sino también para mantenerse en el poder.

Con el deterioro progresivo de la situación económica, política y social de Venezuela, esos acuerdos han proliferado por todo el país y juegan un rol crucial tanto en el respaldo al Estado venezolano como para garantizar que se mantenga el flujo de drogas.

“El crimen trabaja con la política; toma control de las gobernaciones”, comentó un exagente antinarcóticos venezolano, quien habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera reserva de su identidad por razones de seguridad. “Y convierte esas gobernaciones en centros del crimen organizado”.

En el nivel más básico, la relación entre la política y el narcotráfico en Venezuela se basa en la mediación de la relación entre las fuerzas de seguridad y algunos criminales protegidos. Los gobernadores y alcaldes tienen cierto control sobre las actividades y determinan el liderazgo de los entes de policía estatales y municipales, ejercen influencia en los nombramientos del ejército regional y coordinan con las fuerzas armadas los temas de seguridad.

Mediante el ejercicio de estas facultades para instalar y manipular a agentes de seguridad corruptos, los políticos locales no solo pueden garantizar la impunidad para ciertos traficantes que gozan de su favor, sino que también garantizan la lealtad de las fuerzas de seguridad permitiéndoles lucrarse del flujo de narcóticos.

Los mismos políticos pueden ser beneficiarios de esos dineros corruptos, aunque es muy difícil rastrear los pagos directos. Sin embargo, la sinergia entre la política local y el crimen organizado en Venezuela va más allá de las simples coimas.

Como lo demuestra el caso del Cartel del Paraguaná, los políticos estatales y municipales pueden llegar a depender de los narcotraficantes para obtener respaldo político, mediante la financiación de campañas, sus votos, o los servicios públicos que los gobiernos locales, casi en bancarrota, no pueden suministrar.

Un gran número de fuentes, desde fiscales hasta líderes políticos locales, todos declararon en condición de anonimato, y describieron a InSight Crime los numerosos servicios que los políticos locales proveen a los narcotraficantes. Entre ellos se contaba usar su influencia sobre las fuerzas de seguridad para dirigir operativos contra rivales criminales y hacer lobby con las instituciones judiciales para blindarlos contra la judicialización. También pueden incluir el uso de sus facultades administrativas para facilitar el tráfico de drogas, como la emisión de licencias y autorizaciones de transporte o el otorgamiento de concesiones que permitan el acceso a infraestructura de transporte, como los puertos.

En las docenas de entrevistas que se realizaron en el marco de esta investigación, InSight Crime escuchó denuncias que implicaban a los gobernadores actuales o recientes en más de la mitad de los 23 estados venezolanos, así como a alcaldes municipales, diputados de la Asamblea Nacional y otros servidores públicos. Aunque la mayoría de las acusaciones siguen sin verificar y varias fueron poco más que rumores, existe evidencia más que suficiente que muestra que las acusaciones por narcotráfico no son obstáculo para hacer una carrera política en Venezuela.

Entre las denuncias más persistentes se contaron las instauradas contra Ramón Carrizales, ex vicepresidente y ministro de defensa, quien fue gobernador del estado venezolano de Apure, en la frontera con Colombia, por más de diez años hasta que perdió su cargo antes de las elecciones locales en noviembre de 2021.

Varias figuras del chavismo han señalado al hijo de Carrizales de trabajar para el narcotraficante Walid Makled, al igual que su esposa, quien trabajó en la empresa Almacenadoras, de Makled, mientras fungía como ministra de ambiente. En Apure, por otro lado, numerosas fuentes, incluidos expertos en drogas, periodistas, residentes y políticos locales de ambos extremos del espectro político, acusaron a Carrizales de presidir una “zona franca” para el narcotráfico a favor de grupos guerrilleros aliados y sus clientes, los carteles.

Otros gobernadores y exgobernadores han sido señalados de proteger a grupos guerrilleros que trafican narcóticos en Venezuela. Las autoridades estadounidenses han sancionado a los exgobernadores Henry Rangel Silva, exgobernador del estado Trujillo, y a Ramón Rodríguez Chacín, exgobernador de Guárico, así como al actual gobernador de Táchira Freddy Bernal por esas denuncias.

Además, varios gobernadores han sido investigados por autoridades internacionales por denuncias de narcotráfico, incluido el exgobernador de Barinas, Adán Chávez, y la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, a quienes la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, les ha abierto investigaciones, según reportes de prensa.

Varios casos recientes también han puesto en evidencia la participación de alcaldes municipales y diputados de la Asamblea Nacional. A comienzos de 2022, un alcalde de Zulia, un diputado por Falcón y otro por Táchira fueron capturados en posesión de cocaína, al parecer de una célula traficante que según las fuentes tenía nexos con el Cartel de Paraguaná.

Un agente de las fuerzas de seguridad conocedor del caso, y quien habló con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato, señaló que la red traficante pagó a los políticos para transportar narcóticos pensando que era improbable que detuvieran vehículos oficiales.

Sin embargo, a pesar de la proliferación de relaciones entre las autoridades locales y el narco, estas conexiones políticas también son frágiles y mutables, como lo descubriría Chiche Smith.

La caída de Chiche Smith

El 15 de abril de 2020, comandos de la GNB y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) allanaron varias propiedades vinculadas a Emilio Martínez en Falcón y el vecino estado de Carabobo. En 20 allanamientos durante los siguientes cuatro días, incautaron seis propiedades y once vehículos, e hicieron al menos 20 capturas.

Los indignados residentes de Paraguaná salieron a las calles a protestar.

“Entraron a la fundación y se robaron todo”, informó un manifestante a Primer Informe. “Queremos una explicación”.

Las semanas siguientes traerían algunas explicaciones, pero también más preguntas. En junio, la ONA presentó acusaciones por narcotráfico contra Martínez y siete de sus cómplices, por lavado de ganancias del narcotráfico por medio de la Fundación Carmen Virginia Martínez.

De repente hubo un intenso escrutinio no solo sobre Chiche Smith, sino también sobre sus conexiones con el estado. Y estas iban más allá de Víctor Clark.

Entre los detenidos se contaron dos agentes de policía del estado de Carabobo —Raúl Roberto de Gallego Salas y Orlando José Silva Moreno— a quienes se acusó de colaborar con el despacho de cargamentos de cocaína del Cartel de Paraguaná desde Puerto Cabello, en Carabobo.

Fuentes de la policía y fotografías dan cuenta de que ambos tenían vínculos cercanos con el gobernador de Carabobo Rafael Lacava y su jefe de seguridad José Domínguez, y que habían asistido a eventos con altos mandos de la política venezolana, como el fiscal general Tarek William Saab, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Douglas Rico, y el alcalde del municipio de Miranda, Pablo Acosta.

Tanto Rico como Lacava negaron cualquier delito, pero el exjefe de la policía de Carabobo Salvatore Luchesse declaró lo contrario.

“El cargamento que salió de Puerto Cabello fue autorizado por Rafael Lacava y supervisado personalmente por ‘El Portu’ José Domínguez”, escribió en Twitter. Tanto Domínguez como el director de la policía de Carabobo se vieron obligados a presentar su renuncia a raíz del escándalo.

Luchesse también alegó que las operaciones contra el Cartel se desataron por una agudización de las tensiones entre las facciones políticas divergentes en el chavismo que surgieron desde la muerte, en 2013, de la figura unificadora que fue el presidente Hugo Chávez.

“Lo que viene ocurriendo en Valencia [capital de Carabobo] en los últimos tres días es una guerra por el poder entre las bandas de Rafael Lacava y Diosdado Cabello”, sostuvo en otro tuit.

Las declaraciones de varios residentes, periodistas, miembros de las fuerzas de seguridad locales y antiguos empleados de la familia Martínez, apuntaron a la misma situación. En diálogo con InSight Crime todos insistieron en que las medidas tomadas contra Martínez respondieron a un intento del presidente Nicolás Maduro para mantener las operaciones de Martínez, que habían sido fuente de conflictos entre las facciones políticas locales, bajo control.

Asimismo, declararon que las fuerzas de seguridad le habían permitido a Martínez huir, y que este regresaría una vez se hubieran calmado las cosas. Sin embargo, en ese punto, estaban equivocados. Un año después, Martínez fue arrestado en Anzoátegui.

En Paraguaná, las redadas y la posterior captura de Martínez trastocaron lo que parecía ser un orden bien establecido.

“Es como un triángulo: Maduro le ordena al ejército que obedezca las órdenes del gobierno regional y el gobierno regional nos ordena que protejamos y cuidemos a esas personas [del Cartel de Paraguaná]”, le comentó un agente antinarcóticos local a InSight Crime, hablando bajo la condición de anonimato. “Entonces cuando nos dijeron que los capturáramos, nos sentimos mal, porque esas personas nos permitieron dejar de pasar necesidades”.

Las razones del repentino revés de fortuna de Martínez siguen siendo un misterio.

Una teoría es que Martínez fue perseguido para impedir que se sometiera a la DEA y entregara información comprometedora contra funcionarios del gobierno venezolano.

"Si Chiche fuera capturado por la DEA, rodarían muchas cabezas por narcotráfico, desde soldados hasta alcaldes y gobernadores”, comentó un agente de la policía de Falcón a InSight Crime, bajo la condición de anonimato por motivos de seguridad. “Detenido en Venezuela, el gobierno puede dar rodeos con el caso hasta que la gente se olvide de él”.

Otras fuentes creen que la detención estuvo relacionada con el decomiso de un cargamento de cinco toneladas de cocaína en un barco frente a la costa de Aruba, lo que daño aún más la imagen del gobierno frente a la comunidad internacional y atrajo atención no deseada hacia la salida de droga desde Paraguaná.

“El gobierno de Maduro dio la orden de arrestarlo para mostrar que en el país se combate el narcotráfico”, dijo otro agente de la GNB, quien también solicitó que no se divulgara su nombre.

Drogas y el balance del poder

Aunque las fuentes consultadas tenían distintas teorías sobre la captura de Martínez, todos coincidían en que la decisión debía haber venido de los más altos niveles del Estado venezolano. Chiche Smith se había convertido en un peón en un juego que se extendía mucho más allá de Paraguaná, en el que se usa el acceso a las ganancias del narcotráfico para comprar, balancear y romper las lealtades políticas en un Estado sumido en pugnas internas.

La principal fractura del chavismo está entre el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes han competido por influencia en el partido desde que ambos reclamaron el derecho a suceder a Hugo Chávez en la presidencia, y formaron polos de poder rivales. Otros pesos pesados chavistas también mantienen pequeñas facciones, como el ex vicepresidente y actual ministro de hidrocarburos Tareck El Aissami, mientras que otros, como el gobernador Lacava en Carabobo actúan como agentes libres sin bando.

“[Estas facciones] evolucionan, se conectan o chocan entre sí”, como le explicó a InSight Crime un analista político venezolano, quien tampoco quiso que se divulgara su nombre, por razones de seguridad.

Varios analistas y antiguos políticos chavistas describieron a InSight Crime cómo la fuerza de estas facciones en gran medida está determinada por su capacidad de canalizar recursos para los partidarios del régimen y mantenerlos en cargos estratégicos en el ejército y la política.

Dentro del Estado venezolano el tráfico transnacional de cocaína es una de las pocas fuentes de efectivo que quedan para impedir la quiebra. Así pues, para esas facciones el control de las zonas claves para el narcotráfico se traduce en poder político.

En 2021, con las elecciones regionales de noviembre, el mapa del poder político en estas zonas se redibujó, y el principal ganador fue el presidente Maduro.

Los aliados de Diosdado Cabello perdieron la gobernación de Apure frente a un partidario de Maduro, y la gobernación del estado de Zulia, en la frontera con Colombia, fue para la oposición, lo que cierra un año en el que la influencia de Cabello ha sufrido una serie de golpes en los campos político y militar.

Las elecciones también dieron una serie de victorias a los partidarios de Maduro, dejando a esta facción al mando de muchos de los estados importantes para el narcotráfico en Venezuela.

“Maduro sigue controlando la situación, al menos por ahora, y creo que con las elecciones ganó mayor control sobre el proceso”, declaró a InSight Crime un politólogo, que solicitó reserva de su identidad. “Pero el gobierno tiene un interés en mantenerse en el poder; pueden pasar por alto sus diferencias internas si esas diferencias amenazan su permanencia en el poder”.

Entre los ganadores de las elecciones de noviembre de 2021 está Víctor Clark, cuya trayectoria política no se vio afectada por el escándalo de Chiche Smith.

Y, al menos por el momento, gobierna un estado donde el Cartel de Paraguaná sigue traficando narcóticos, aunque Chiche Smith esté en prisión.

“La gente [de Chiche] sigue moviendo de todo y los euros siguen llegando”, comentó un pescador de Paraguaná, que también teme por su seguridad si se revela su nombre.

Independientemente de que la red de Chiche Smith siga operando con autorización de Clark o no, conserva su capacidad para corromper a las autoridades.

“Aún hay muchos [políticos y miembros de las fuerzas de seguridad] que colaboran con esas personas”, dijo uno de los agentes de la GNB.

“Por supuesto que hay interés en trabajar con ellos”, añadió. “¿De dónde más sacaría dinero un soldado para tener haciendas, camionetas, casas, negocios y todo lo demás?”