El partido venezolano Voluntad Popular en el centro de una historia de extorsión, amenazas y acusaciones en Colombia contra sus exdirigentes Gaby Arellano y Ana Karina García

El partido venezolano Voluntad Popular en el centro de una historia de extorsión, amenazas y acusaciones en Colombia contra sus exdirigentes Gaby Arellano y Ana Karina García

Fuente: Prensaamerica1

Gaby Arellano y Ana Karina García

En el año 2019 le fue encomendada la tarea a un asesor electoral de Voluntad Popular, de reorganizar el partido político opositor en el estado Anzoátegui, con el propósito de crear una plataforma para conformar un nuevo movimiento que permitiera lanzar la candidatura de Juan Guaidó a la presidencia de Venezuela.

Se había planteado entonces que Guaidó haría tienda aparte y se separaría de Voluntad Popular.

El asesor electoral, quien es venezolano, se trasladó desde Bogotá, Colombia, hasta el estado Anzoátegui, en Venezuela, para iniciar el proceso de reorganización del partido, algo para lo que, se escucha, exigió el pago de casa, viáticos y una camioneta. El asesor estuvo durante algunas semanas trabajando en la reorganización y creación de la nueva plataforma que serviría también para que el entonces diputado Marco Aurelio Quiñones, miembro de Voluntad Popular, fuera candidato a la gobernación de Anzoátegui.

Pero sin haber culminado la tarea para la que había sido contratado, el asesor la hizo a un lado, para viajar a Bogotá a hacer campaña a favor de candidatos a concejales que participarían en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019, algo que al parecer esperaba le resultara más rentable.

Denuncia en Colombia

El tema del asesor electoral que viajó de Bogotá a Venezuela en 2019 parece guardar relación con la denuncia por extorsión y amenaza con arma blanca en Colombia, contra las entonces dirigentes de Voluntad Popular Gaby Arellano y Ana Karina García, quienes en 2020 renunciaron a su militancia en el partido.

La denuncia fue presentada ante la fiscalía colombiana por Carlos Eduardo Vilma Parra; ciudadano colombo venezolano excandidato a concejal de Bogotá.

Es importante destacar que la denuncia por amenaza con arma blanca cortopunzante fue presentada en Colombia el 9 de noviembre de 2021.

De acuerdo a declaraciones del denunciante, la problemática tuvo su origen en un presunto contrato verbal entre él y Ana Karina García en agosto del 2019. Por lo que García haría la «prestación de servicio en la búsqueda de voluntarios para la incorporación del equipo de estrategia tierra electoral»; de la campaña por el partido Centro Democrático que apoyaba a Vilma Parra en su aspiración al concejo de Bogotá.

Posteriormente, luego de un mes García comenzó una campaña de hostigamiento y amenazas en su contra. La exmilitante de Voluntad Popular reclamaba por el pago a ella y su equipo por las labores prestadas en la campaña.

De este hecho, se derivó en amenazas con una campaña de desprestigio y persecución, a través de las redes sociales en la que participó Gaby Arellano.

Por su parte, Arellano extorsionó al político, diciendo que las amenazas cesarían, a menos que le pagara a su tía Lorena Arellano un total de 900 mil pesos. Vilma Parra consignó ante la Fiscalía de Colombia capturas de pantalla como prueba de los hechos mencionados.

Seguidamente, en la denuncia se narra que a principios de octubre García y otra ciudadana de nacionalidad venezolana, Paola Coy, suplantaron la identidad del político. Ambas asumieron el control de su cuenta en Twitter, un modo de coaccionarle para que pagara el monto solicitado.

Finalmente, Gaby Arellano, prófuga de la justicia venezolana y Ana Karina García cometieron un delito penal, al dirigirse a la residencia de Vilma el 29 de octubre. También estuvo presente el dirigente de Primero Justicia Luis Martínez.

De acuerdo con el relato del político, Martínez irrumpió de manera violenta en el hogar y amenazó a los presentes con un arma blanca.

Finalmente, entre los implicados en la denuncia ante la Fiscalía de Colombia están Ana Karina García, Gaby Arellano, Karina Villegas. Asimismo, Luis Martínez y otros miembros de Voluntad Popular y Primero Justicia; por fraude electrónico, acoso personal, amenaza de uso de arma blanca, violación de morada y extorsión.