Malik El Souki Lara, empresario con un pasado de ilicitudes

Malik El Souki Lara, empresario con un pasado de ilicitudes en la industria petrolera de Venezuela, se ocupa ahora de decidir cuáles empresas son contratadas o no por PDVSA

Fuente: Expresa.se

Malik Hassib El Souki Lara fue propietario en Venezuela de la empresa Militarek, una antigua contratista de PDVSA incursa en diferentes violaciones laborales y de las leyes que rigen las contrataciones que realizan las compañías pertenecientes al Estado venezolano.

Tras varios escándalos a consecuencia de ilicitudes en las contrataciones obtenidas en PDVSA, El Souki Lara supuestamente había dejado de recibir contratos y emigrado de Venezuela.

Pero ahora Malik El Souki es propietario de una empresa qué se encarga de decidir qué compañías contratan o no con PDVSA. Debido a las sanciones impuestas a PDVSA por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y por autoridades de Estados Unidos, tal función ha sido tercerizada y delegada en la firma de El Souki.

Anteriormente las empresas que tenían intenciones de ser contratistas de PDVSA, debían inscribirse en un registro de proveedores y presentar directamente su documentación ante la estatal petrolera venezolana, pero ahora, por decirlo de alguna forma, la firma de Malik El Souki, se ocupa de «filtrar» y determinar, cuáles serán las empresas que podrán ser contratistas de PDVSA.

Malik El Souki es vinculado en la actualidad con el empresario Samark López, quien en 2017 fue sancionado por la OFAC, organismo que identificó a compañías de López Bello como parte, supuestamente, de una red de narcotráfico en el mundo. El Souki es también vinculado con el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, quien fuera sancionado en la misma oportunidad por la OFAC. La razón principal de tal vinculación es que algunos creen que para que El Souki pueda tener actualmente tal poder en PDVSA, debe gozar de relaciones de muy alto nivel, como las ya dichas.

A las empresas que ahora son contratadas por PDVSA, se les paga en la ciudad de Caracas a través de la compañía de Malik El Souki, sin dejar constancia de la contratación directa por parte de la estatal y sin transacciones bancarias que involucren a la petrolera del Estado venezolano.

El Souki Lara desarrolla parte de su actividad en las ciudades de Anaco y El Tigre, mediante dos compañías que dirige, una denominada «Guanipa Tool» y otra de nombre «Petro Gems». Es preciso agregar que El Souki Lara posee también otra compañía, que parece resultar de una mezcla de nombres de las dos antes señaladas, denominada, «Gems & Guanipa Tool, C.A. LLC» y registrada en Houston, Texas.

Esas empresas de El Souki Lara se ocupan de la perforación de pozos y extracción de crudo, con el uso de equipos que habían sido comprados por PDVSA en el año 2015, pero que se encontraban abandonados, debido a la paralización de la industria petrolera venezolana y al papel que jugaban las asociaciones mixtas de PDVSA. Pero ahora los equipos han sido recuperados y están siendo utilizados por las firmas de El Souki Lara.

El Souki trabaja en consonancia con la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), controlada accionarialmente por militares venezolanos y cuyo objeto social es el desarrollo de actividades para la rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros. CAMIMPEG opera en Venezuela de una u otra manera, de forma similar que la aerolínea Turpial Airlines y otras empresas en poder de militares.

Para las nuevas actividades de perforación y producción petrolera está siendo contratado personal extranjero especializado, procedente de países como Colombia, México, Emiratos Árabes y otros con tradición en la industria petrolera.

Malik Hassib El Souki cuenta con unos socios inversionistas, con quienes ha tenido problemas, pues el acuerdo con PDVSA, es que la estatal les pagará con crudo y no monetariamente, situación por la que los socios están renuentes, al no saber que hacer con el crudo en el mercado exterior, debido a las sanciones internacionales, algo que los obligaría a vender el petróleo en el mercado negro, mediante el alquiler de tanqueros y su fondeo en aguas del Caribe para realizar el trasiego, como otrora lo hicieran empresas vinculadas al colombiano Alex Saab, quien debido a su situación judicial ha dejado espacios abiertos en ese sentido, que están siendo ocupados por compañías como las de El Souki.

Ilicitudes

Malik Hassib El Souki Lara ha sido denunciado e investigado en Venezuela desde el año 2010 por presentar documentos falsos a entes del Estado. Desde 2011, los trabajadores de una de sus empresas lo han denunciado reiteradamente por no cumplir con el contrato colectivo, entre otras irregularidades.

Un año más tarde, en el 2012, la investigación iniciada dos años antes rindió sus frutos: le sentenciaron régimen de presentación en el estado Anzoátegui.

Sin embargo, los trabajadores de su empresa Militarek, aseguraban en el año 2018 que a pesar de todas las denuncias y de tener un régimen de presentación, se encontraba radicado en Panamá y seguía como contratista de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Transporte Militarek, C.A, la empresa de El Souki más denunciada, ha sido contratista de PDVSA y ofrecía servicios de rehabilitación y perforación de pozos petroleros, limpieza y mantenimiento industrial, transporte de maquinarias y equipos pesados.

En el año 2012 PDVSA presentó un informe de auditoría de las contrataciones y ejecución de pagos otorgados por su filial, PDVSA Servicios Petróleos, S.A, a la contratista Transporte Militarek, C.A.

La auditoría evaluó siete contrataciones relacionadas con el suministro, servicio y operaciones de taladros en las bases operacionales de San Tomé, estado Anzoátegui, y en el Distrito Morichal y Maturín, estado Monagas, entre los años 2008 y 2011.

La comisión de auditoría determinó que dos de las contrataciones violaban la Ley de Contrataciones Públicas, su reglamento, las Normas Generales de Control Interno y la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas.

¿Las irregularidades? Ausencia en el expediente único de la Resolución de las Máximas Autoridades Administrativas sobre la designación de la comisión de contrataciones públicas, disponibilidad presupuestaria, presupuesto de la obra, acto motivados y solvencias. Tampoco se elaboraron los presupuestos bases y la programación presupuestaria. Las solvencias laborales presentadas por El Souki y Arquímedes García, representante legal, eran falsas y 52 de los avisos de pago no incluyeron las deducciones del aporte al Fondo de Desarrollo Social. Además, las contrataciones se hicieron bajo la modalidad de contratación directa sin justificación alguna.

La Ley de Contrataciones Públicas de Venezuela establece en su artículo 155 que se debe rescindir el contrato en caso de violación del procedimiento, soborno o cualquier otro incumplimiento de la ley. No solo se debe resolver el contrato (nulidad o rescisión), se debe denunciar el hecho ante el Registro Nacional de Contratista, la Contraloría General y la Fiscalía, como lo dicta el artículo 56.

Asimismo, el informe de la auditoría en sus recomendaciones instó a la Gerencia de Contrataciones de PDVSA Servicios a cumplir con los parámetros que establece la ley.

En caso de complicidad con algún empleado público, este también debería ser sometido mediante un proceso disciplinario que implica que la máxima autoridad del ente debe aplicar la Ley Orgánica del Trabajo e iniciar un proceso para sancionar al funcionario. Las sanciones van de una amonestación, suspensión hasta una destitución.

El contratista puede ser inhabilitado hasta por tres años por el Registro Nacional de Contratista por presentar documentos falsos. De acuerdo con el artículo 79 de la Ley Contra la Corrupción, el contratista puede ser penado desde seis meses hasta tres años de prisión por sobornar o presentar documentos falsos.

Las denuncias contra Militarek fueron elevadas ante el Ministerio del Trabajo, a la Contraloría General de la República y a la Consultoría Jurídica de PDVSA.

Sin embargo, más allá de los reclamos, protestas y pruebas presentadas no se tomaron inmediatamente cartas en el asunto, y la empresa Militarek continuó siendo contratista de la industria petrolera y siguió violentando los derechos de los trabajadores.

Uno de los aliados de El Souki era el expresidente de PDVSA, Nelson Martínez.

“No sé si eran socios, pero es lo más probable. Yo conocí a Nelson Martínez a través de Malik El Souki”, dijo en una ocasión Alan Figuera, dirigente del sindicato de trabajadores petroleros Sinutrapetrorinoco.

Figuera aseguró en 2018 que El Souki viajaba poco a Venezuela, pues estaba residenciado en Panamá junto a su esposa, luego de que ambos fueron imputados por falsificar documentos

Trabajadores de Transporte Militarek no se explicaban en 2012 cómo la empresa seguía operando para PDVSA sin poseer los documentos de solvencia laboral, lo que a su juicio era garantía para velar por el cumplimiento de las obligaciones emanadas por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. En un escrito de esa época trabajadores de la contratista señalaron:

La jueza de control nº 3 del estado Anzoátegui María Caraballo Español dictó en marzo de 2012 medida de presentación cada 45 días contra el propietario de la empresa Transporte Militarek, Malik Hassib El Souki Lara, por los presuntos delitos de “forjamiento de documentos, uso de documentos falsos o alterados y obtención ilegal de lucro en acto de la administración pública”, además de “fraude continuado”.

Pero el tribunal tercero de Anzoátegui no consideró que existiese riesgo de fuga de El Souki Lara, quien según trabajadores de la empresa contratista de PDVSA, se radicó luego en Panamá.

Los trabajadores consideraron que el tribunal debió haber librado una orden de captura contra el indiciado por haberse fugado de Venezuela y no haber cumplido el régimen de presentación impuesto. Señalaron que las irregularidades por las cuales fue juzgado Malik Hassib El Souki Lara fueron del conocimiento de la Contraloría General de la República mediante expedientes 6.021 y 5.791 e igualmente fueron notificadas a la Fiscalía General de la República y a la Vicepresidencia de la República, en el segundo caso por medio de denuncia en la coordinación general de la unidad de correspondencia, efectuada el día 26 de abril de 2012.

Los trabajadores cuestionaron que a pesar de no cumplir con la documentación requerida y no poseer las condiciones necesarias de funcionamiento, la empresa era aprobada en las inspecciones que realizaban funcionarios de PDVSA a las actividades que efectuaba la contratista en 9 taladros petroleros en el estado Anzoátegui.

Transporte Militarek poseía una compañía hermana denominada “Transporte y Servicios Militari” que era contratista de la estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). Según los trabajadores, ninguna de ambas tenía las solvencias laborales correspondientes.