Delitos de lesa humanidad en Venezuela en el caso CLAP son denunciados ante la Corte Penal Internacional por el abogado Salvador Pimentel

Fuente: avefenixnoticias.com

Abogado Salvador Pimentel Roja

El abogado venezolano Salvador Jesús Pimentel Roja presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 4 de noviembre de 2024, acusando a funcionarios públicos, legisladores y empresarios venezolanos de delitos de lesa humanidad relacionados con el programa de distribución de alimentos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Pimentel, quien se identifica como víctima y abogado en ejercicio de su propia acusación, remitió la denuncia al Fiscal Jefe de la CPI, Karin Khan, en La Haya, Países Bajos, con copias a la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas, la Secretaría de la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La denuncia se centra en el suministro masivo de alimentos e hidratación contaminados, vencidos o no aptos para el consumo humano a través del programa CLAP. Pimentel alega que estas acciones, realizadas con conocimiento de causa y de forma prolongada, han causado envenenamiento y otros daños graves a la salud colectiva de los venezolanos.

El denunciante y sus argumentos

El remitente de la denuncia, Salvador Jesús Pimentel Roja, es un abogado venezolano-español, nacido en Caracas en 1979. Colegiado en Venezuela y residente en Madrid, Pimentel posee un doctorado en Derecho Internacional y Derechos Humanos, una especialización en Derecho Penal, y es criminólogo con acreditaciones de la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Pimentel fundamenta su denuncia en los numerales 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18 y otros aplicables del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sostiene que, si bien los delitos denunciados son perseguibles en Venezuela, la incapacidad del sistema judicial venezolano para juzgar con imparcialidad a los presuntos responsables, debido a su poder e influencia, justifica la intervención de la CPI. Argumenta que la magnitud del daño a la salud de la población venezolana, comparable a la contaminación intencional del agua, lo convierte en un crimen de lesa humanidad de competencia de la CPI.

El programa CLAP y su origen

El programa CLAP, creado en Venezuela como respuesta a la grave escasez de alimentos entre 2014 y 2021, se convirtió en la principal fuente de alimentos para muchos hogares venezolanos. Según la ONU, en 2020, el 32,3% de las familias venezolanas padecían inseguridad alimentaria, lo que significa que se alimentaban mucho menos de lo necesario para mantener una salud óptima. El CLAP, concebido como un programa social de suministro de alimentos subsidiados, se transformó, según la denuncia, en un esquema de corrupción y violación de derechos humanos.

Pimentel describe cómo el Estado venezolano, a través del Ministerio de Alimentación, CONCECOEX (Corporación Venezolana de Comercio Exterior) y CUSPAL (Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios), contrató a diversas empresas para el suministro de alimentos para el programa CLAP. Entre las empresas mencionadas en la denuncia se encuentran: GROUP GRAND LIMITED, MULBERRY PROJE YATRÍM, MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETI, ASASY FOOD FZC, ADON TRADING FZE, SALVA FOODS 2015, C.A, EOLO ENERGIES INC, VILADRAKE INTERNATIONAL LC y FB FOODS LLC CA LIMITED. Estas empresas, junto con funcionarios públicos y diputados, conforman el grupo de denunciados en el caso CLAP.

Irregularidades en la contratación y suministro

La denuncia de Pimentel señala irregularidades significativas en el proceso de contratación y suministro de alimentos del programa CLAP. Se menciona un sobreprecio exorbitante en los contratos, que oscilaba entre el 400% y el 650% del valor real de los productos, según auditorías. Además, se alega que las empresas suministraron alimentos no aptos para el consumo humano: productos en mal estado, descompuestos, caducados, materiales no alimenticios e incluso productos con potencial para causar envenenamiento. Todas estas acciones, según Pimentel, se realizaron en violación de las normas de calidad y protocolos establecidos en la legislación venezolana.

En 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación por delitos económicos relacionados con el caso CLAP, la cual se extendió a varios países europeos. Como resultado, se congelaron fondos de las empresas y personas involucradas, incluido el banco UNION BANK, por incumplimiento de las normas de cumplimiento y por facilitar transacciones sospechosas que podrían constituir lavado de dinero. Pimentel argumenta que estas acciones judiciales internacionales confirman la existencia de una trama de corrupción y lesa humanidad en el programa CLAP.

Los niveles de participación en la trama CLAP

Pimentel clasifica a los denunciados en tres categorías, según su nivel de participación en la trama CLAP:Categoría Uno: Funcionarios públicos: Aquellos que, en nombre del Estado venezolano, otorgaron y administraron los contratos, autorizaron los pagos y omitieron el control de calidad, cantidad y distribución de los alimentos.

Categoría Dos: Empresarios, representantes de empresas y asesores: Aquellos que compraron y distribuyeron a sabiendas alimentos de baja calidad o no aptos para el consumo humano, con el objetivo de maximizar sus ganancias a través de sobreprecios, sin importar las consecuencias para la salud pública.

Categoría Tres: Legisladores venezolanos (Periodo 2016-2021): Diputados de la Asamblea Nacional que, a pesar de tener conocimiento de las irregularidades e incluso realizar investigaciones, ocultaron información, emitieron documentos falsos y protegieron a los responsables a cambio de sobornos, contribuyendo así a la impunidad y al daño a la salud de la población.

El abogado argumenta que la motivación principal de los involucrados fue la ambición económica, priorizando la rentabilidad de los contratos por encima del bienestar de los venezolanos. Señala que la salud de la población fue menospreciada en favor del enriquecimiento ilícito, configurando así el dolo como elemento fundamental de los delitos de lesa humanidad.

Tipificación del delito de lesa humanidad

Pimentel argumenta que los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad según el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI, específicamente el literal k), que se refiere a «Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.» En este caso, el suministro de alimentos y agua contaminados o no aptos para el consumo humano se enmarca dentro de esta definición.

El abogado destaca la importancia de garantizar la salubridad en la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo, y señala que la omisión de los controles de calidad por parte de los denunciados constituye un delito de lesa humanidad. Insiste en que la CPI debe intervenir debido a la inacción e incapacidad del sistema judicial venezolano para someter con imparcialidad a los responsables.

Pimentel argumenta que la distribución de alimentos contaminados a través del CLAP no fue un hecho aislado, sino parte de un ataque sistemático contra la población civil venezolana. Si bien reconoce que no se trata de una «política formalizada genocida,» ya que el interés principal era económico, señala que los responsables «camuflan» sus actos para desviar la atención y buscar impunidad. Para ello, se valieron de diputados que falsificaron documentos, ocultaron estudios y auditorías, y enviaron informes falsos a instituciones europeas para encubrir los crímenes. Esas y otras razones, según Pimentel, activa el principio de complementariedad y justifica la intervención de la CPI.

Admisibilidad de la denuncia ante la CPI

Pimentel argumenta que la falta de voluntad del Estado venezolano para investigar y enjuiciar a los responsables del caso CLAP justifica la admisibilidad de su denuncia ante la CPI. La inacción del Poder Judicial y la Asamblea Nacional, sumado a las acciones de los diputados denunciados para obstruir la justicia, demuestran la incapacidad del sistema venezolano para garantizar un juicio imparcial. El abogado invoca el principio de complementariedad, que permite a la CPI intervenir cuando el Estado nacional no está dispuesto o es incapaz de llevar a cabo una investigación y enjuiciamiento genuinos.

Pimentel solicita a la CPI que se le otorgue la condición de víctima, testigo y denunciante, y que se le brinden las garantías necesarias para evitar represalias. Afirma bajo juramento la veracidad de la información proporcionada y solicita la aplicación de la máxima pena de 30 años de prisión para los responsables, así como su persecución internacional.

Responsabilidad individual: Funcionarios públicos

La denuncia de Pimentel identifica a varios funcionarios públicos como responsables de los delitos de lesa humanidad en el caso CLAP. Entre ellos se encuentra el Mayor General Guissepe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio, quien presidió la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) desde 2014. Se le acusa de adjudicar contratos millonarios, gestionar pagos a empresas en el extranjero sin los controles debidos, y permitir sobreprecios que comprometieron el patrimonio nacional y expusieron a la población a intoxicaciones y envenenamiento.

Otro funcionario denunciado es el General de División Luis Alberto Medina Ramírez, exministro de Alimentación, quien firmó personalmente los contratos con las empresas involucradas. También presidió Venezolana de Alimentos, C.A. (Venalcasa) y la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspa), dos entidades clave en la ejecución del programa CLAP. Se le acusa de participar activamente en la trama de corrupción y de exponer a la población a alimentos no aptos para el consumo humano. Pimentel solicita para ambos la pena máxima de 30 años y su persecución internacional.

Anderson Abreu Santelis, exsecretario de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (periodo 2016-2021), también es señalado en la denuncia. Su rol, según Pimentel, fue fundamental para garantizar la impunidad de los responsables del caso CLAP. Se le acusa de utilizar su cargo para certificar actas viciadas y falsas, dando validez a actos de corrupción y encubriendo la distribución de alimentos tóxicos.

Santelis, al certificar documentos falsos, ocultó pruebas de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Además, obstaculizó las investigaciones al ocultar las relaciones entre diputados, empresarios y otros funcionarios involucrados. Pimentel solicita también para Santelis la pena máxima de 30 años de prisión y su persecución internacional.

Simón Alejandro Zerpa Delgado, exministro de Economía y Finanzas de Venezuela (desde octubre de 2017), también figura entre los denunciados. Durante el periodo relevante a la denuncia, Zerpa también presidió el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). Pimentel lo acusa de aprobar los proyectos de las empresas involucradas en el caso CLAP, permitiendo así la continuación del programa a pesar de las irregularidades detectadas.

La denuncia señala que Zerpa Delgado, al tener conocimiento de las irregularidades y aún así aprobar los proyectos y el financiamiento del CLAP, se presume que participó en la trama de sobornos.

Responsabilidad individual: Empresarios y representantes

La denuncia de Pimentel incluye una lista de empresarios y representantes de empresas señalados como principales beneficiarios de la trama de corrupción y la ejecución de delitos de lesa humanidad en el caso CLAP.

Entre ellos se encuentran:Javier Ernesto Betancourt: Excónsul de Colombia en Nueva York y representante de Grand Group Limited. Se le acusa de celebrar contratos millonarios con Venezuela para proveer alimentos que no cumplían con las normas de calidad y de ser socio del empresario y ahora ministro, Alex Saab, quien según explica la denuncia, es una figura clave en otros casos de corrupción en Venezuela.

• Shadi Nain Saab Certain: Representante de Grand Group Limited e hijo del actual ministro Industria y Producción Nacional de Venezuela, Alex Saab. Actualmente investigado por el FBI por posible lavado de dinero.
• Fernando José Bermúdez Ramos: Venezolano con nacionalidad española, representante de FB FOODS LLC. Se le acusa de los delitos de lesa humanidad y de persecución y amenazas contra quienes lo han denunciado. Incluso, presentó una querella por calumnias contra Pimentel en Madrid para intentar detener la investigación.

Estos empresarios, según Pimentel, actuaron con conocimiento de causa al suministrar alimentos no aptos para el consumo humano, priorizando sus beneficios económicos por encima de la salud de la población venezolana.

La lista de empresarios denunciados por Pimentel continúa con:Álvaro Pulido Vargas: Colombiano, representante de Mulberry Proje Yatrim. Señalado como socio de altos cargos venezolanos y actualmente con una causa en Estados Unidos por legitimación de capitales. Se le considera una figura clave en la trama de corrupción del CLAP, acusado de pagar sobornos a funcionarios y diputados para obtener contratos y ocultar los delitos.

Carlos Alberto Gutiérrez Robayo: Colombiano, representante de TRENACO. Se le acusa de participar en la financiación de las operaciones ilegales y en la recaudación del dinero producto de la corrupción.

Miguel Angel González Biaggioni: Venezolano, representante de Max Power Engineering Limited.

Andreína Fuentes Mazzei: Venezolana, representante de Group Grand Limited.

Estos empresarios, junto con los mencionados anteriormente, conforman una red que, según la denuncia, se aprovechó de la crisis alimentaria en Venezuela para enriquecerse ilícitamente a costa de la salud de la población. Se les acusa de participar en la distribución de alimentos contaminados, en la obstrucción de la justicia y en el pago de sobornos para garantizar su impunidad.

La denuncia de Pimentel ante la CPI incluye a otros representantes de empresas vinculadas al programa CLAP:

• Vanesa Josmir Peñaloza Lira: Venezolana, representante de Asasi Food FZC.
• Silvia Isabel Martínez Alveo: Venezolana, representante de Eolo Energies INC.
• Betsy Desiree Mata Pereda: Venezolana, representante de Mulberry Proje Yatrím A.S.
• Lorenzo Antonelli: Venezolano, representante de Adon Trading FZE.
• Adolfo Arias Silva: Panameño, representante de Eolo Energies INC.
• Ronald Alexander Ramírez Mendoza: Venezolano, representante de Adon Trading FZE.
• Carlos Rolando Lizcano Manrique: Colombiano, representante de Salva Foods 2015 CA.
• José Rolando Higuera Lizcano: Venezolano, representante de Salva Foods 2015 CA.
• Luz Esperanza Rivera Chacón: Venezolana, representante de Viladrake International INC.

Pimentel acusa a este grupo de empresarios de aprovechar su cercanía con las autoridades venezolanas para obtener contratos con sobreprecios y suministrar alimentos no aptos para el consumo humano, causando intoxicación o envenenamiento masivo en la población. Se les atribuye tráfico de influencias, corrupción y fraude, además de delitos de lesa humanidad.

Responsabilidad individual: Diputados de la Asamblea Nacional

La denuncia de Pimentel señala a varios diputados de la Asamblea Nacional (periodo 2016-2021) como cómplices en la trama de corrupción y lesa humanidad del caso CLAP. Estos diputados, miembros de la Comisión de Contraloría, tenían la responsabilidad de fiscalizar los contratos del programa CLAP, pero en lugar de ello, ocultaron información, falsificaron documentos y aceptaron sobornos para proteger a los responsables.

Entre los diputados denunciados se encuentran:Conrado Antonio Pérez Linares: Vicepresidente de la Comisión de Contraloría.

• Richard Eloy Arteaga Blakma: Miembro permanente de la Comisión de Contraloría.
• José Dionisio Brito Rodríguez: Miembro permanente de la Comisión de Contraloría.
• Adolfo Superlano: Miembro permanente de la Comisión de Contraloría.
• José Luis Pirela: Miembro permanente de la Comisión de Contraloría.
• Guillermo Antonio Luces Osorio: Miembro permanente de la Comisión de Contraloría.
• Chaim José Bucarán Paraguán: Miembro permanente de la Comisión de Contraloría.
• Luis Eduardo Parra Rivero: Diputado con un rol clave en la "Operación Alacrán", aunque no era miembro de la Comisión de Contraloría. Se le señala como negociador de comisiones ilegales y sobornos.

Pimentel acusa a estos diputados de garantizar la impunidad de los responsables, corromper el Poder Legislativo y atentar contra la salud de la población al permitir la distribución de alimentos no aptos para el consumo humano. Solicita para ellos la pena máxima de 30 años de prisión y su persecución internacional.

Documentación y pruebas del Caso MAX POWER ENGINEERING LTD

La denuncia de Salvador Pimentel incluye documentación específica relacionada con la empresa MAX POWER ENGINEERING LTD, una de las contratadas para el suministro de alimentos del programa CLAP. Se adjunta el contrato N° CPVX-CJ-CONT-0098-2017 entre CORPOVEX (Corporación Venezolana de Comercio Exterior) y MAX POWER ENGINEERING LIMITED, firmado el 21 de Julio de 2017. Este contrato detalla la adquisición de grandes cantidades de alimentos como pasta, harina de maíz, arroz, atún, leche en polvo, aceite, mayonesa, caraotas, lentejas, azúcar y salsa de tomate, para ser distribuidos en cajas CLAP.

El contrato especifica un monto total de 269.700.000,00 euros, con un cronograma de entrega de 180 días continuos tras el pago del anticipo. Además, se incluyen las fichas técnicas de cada producto, donde se detallan los ingredientes y la información nutricional. Pimentel argumenta que estas fichas técnicas no corresponden a los productos realmente distribuidos en las cajas CLAP, lo que demuestra un engaño deliberado para ocultar la baja calidad de los alimentos suministrados a la población venezolana. La denuncia también señala la existencia de un sobreprecio del 400% al 650% en el contrato con MAX POWER ENGINEERING LTD, y se adjunta una auditoría que respalda esta afirmación. Además, se incluyen análisis químicos y microbiológicos realizados a los productos de las cajas CLAP, que demuestran que no cumplían con las normas de calidad COVENIN y que muchos de ellos no eran aptos para el consumo humano.