Chávez Al Molino de la Justicia Internacional

Editorial: www.impactocna.com
Publicado por: Boris Black

¿Por qué Estados Unidos no actúa contra el gobierno de Chávez?

En Washington es corriente la expresión: Venezuela es un Narcoestado. Lo afirman abiertamente en foros académicos y centros de pensamiento o think tanks de la capital norteamericana. Lo comentan en las oficinas de importantes líderes del congreso como el senador republicano por Indiana Richard Lugar, y la representante también republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen. Ambos son los republicanos más influyentes en materia de política exterior del Congreso, tanto en la cámara del Senado como en la cámara de Representantes.

Ya los altos funcionarios del Departamento de Estado no ocultan su preocupación sobre las relaciones peligrosas de Chávez con distintos países, especialmente con el régimen iraní. En el Departamento del Tesoro los nombres de altos funcionarios venezolanos, incluidos en la famosa lista Clinton, basada en la Ley Contra Capos de la Droga (King Pin Act), ocupan un lugar preponderante, y se estima que una docena de ellos ya integran la nefata lista que, entre otros aspectos, autoriza a Estados Unidos a congelar bienes de estas personas prácticamente en cualquier parte del mundo, además de prohibir a todo ciudadano o empresa norteamericana a realizar transacciones con ellos. Esto abarca desde firmas de bienes raíces hasta empresas de venta de armas o de servicios petroleros.

En el último año se han emitido por lo menos una media docena de reportes que muestran pruebas de la relación del gobierno de Chávez con grupos narcoterroristas y de estrecha cooperación financiera para lavar activos y dineros. Las Naciones Unidas, el Comando Sur con sede en Miami, el Pentágono y hasta la fiscalía federal de Nueva York, con el incansable Robert Morgenthau a la cabeza, han acumulado tantas pruebas que podrían llenar un expediente criminal completo.

Lo más reciente son los señalamientos del gobierno colombiano sobre la presencia de altos líderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, con un cúmulo de pruebas que el presidente Álvaro Uribe ya debe haber entregado a sus aliados en el Pentágono.

Hasta ahora, dos teorías explican el grave inmovilismo de la administración del presidente Barack Obama con respecto a las políticas de “estado forajido” que realiza Chávez, sin aparentes consecuencias.

La primera indica que a Estados Unidos no le conviene abrir un nuevo frente de batalla si enfrenta abiertamente a Hugo Chávez, mientras encara problemas crecientes con las intervenciones militares de Iraq y sobre todo de Afganistán.

“La prioridad de Estados Unidos no es América Latina, lamentablemente, sino lo que ocurre en el medio oriente y las relaciones con China. Esto no ha cambiado con la administración Obama”, dijo el diplomático Otto Reich cuando se le preguntó por el tema.

La segunda teoría no ofrece una mejor explicación. “No quieren darle alas a Chávez abriendo un procedimiento en su contra, por eso la administración Obama lo tiene marginado”, explica un importante asesor de un senador estadounidense.

Pero ambas posiciones conllevan un riesgo oculto que puede volverse en contra de Washington.

Habiendo tantas pruebas de las actuaciones al margen de la ley y en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, por parte del régimen chavista, la burocracia de Washington podría enfrentar problemas para explicar la inacción, o mejor, en lenguaje cristiano, el haber pecado por omisión, frente a tantas evidencias comprometedoras.

Por lo pronto, el gobierno federal, lento pero implacable, acumula las pruebas que muestran la actuación delincuencial del régimen venezolano que llevarán algún día, indefectiblemente, el agua necesaria al molino de la justicia internacional.