Libertad de expresión y derecho a la información
Por: MANUEL ISIDRO MOLINALa vitrina de una sociedad democrática son sus niveles de expresión libre del pensamiento y el flujo veraz de informaciones. Se podrá acusar y contra-acusar, pero siempre estarán en el banquillo quienes constriñen esos derechos ciudadanos mediante censura y manipulaciones basadas en el control público o privado de los medios de comunicación social.
Esta semana que concluye tuvo a nuestra maltrecha y muy querida Caracas como escenario de dos reuniones internacionales de importancia, una convocada por los propietarios de medios de comunicación social impresos, y la otra financiada por el gobierno venezolano.
Medias verdades
Lamentablemente, ambos eventos y sus organizadores sufren del síndrome que cristianamente podríamos llamar “de la viga en el ojo propio”. Unos y otros pecan de unilateralidad tras el impulso incontrolado para la concentración de poder, espuelados por contrapuestas filosofías extremas que luchan a muerte por el triunfo de cada una de sus intolerancias: el liberalismo capitalista (neoliberalismo) blandido por los propietarios de medios; y el trasnochado autoritarismo de una “izquierda” que opaca las banderas de la justicia social y la soberanía de nuestro pueblos latinocaribeños con su costra monopartidista, y específicamente militarista en el caso venezolano.
No hubo novedad en el frente. Medias verdades flotaron en el ambiente, siendo el objetivo de ambos bandos el tratar de influir sobre una opinión pública continental cansada de fariseísmos mediáticos. Uno atrincherado en poderosos conglomerados comunicacionales asociados con poderes financieros nacionales y transnacionales, y el otro imbricado en el abuso de poder y al manejo discriminatorio de los recursos del Estado.
No es exagerado afirmar que esta semana en Venezuela, el grueso de la sociedad continuó su atribulada vida sin mayores impactos provenientes de las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Encuentro Latinoamericano sobre Terrorismo Mediático.
Ausencia del CNP
El Colegio Nacional de Periodistas venezolano brilló por su ausencia, como en la mayoría de los convulsos escenarios que nos ha tocado vivir últimamente. Su presidente, colega Levy Benshimol, continúa aferrado a un cargo sin escritorio –no se sabe para qué-, sin elecciones desde 1998, diez años de abulia y debilitamiento de nuestra institución gremial. La reunión de un Secretariado Nacional del CNP, con la participación de todos los secretarios generales seccionales, hubiese servido para elaborar un análisis independiente y equilibrado de la experiencia comunicacional venezolana, dirigido a ambos eventos internacionales, de manera de haber hecho sentir la palabra y el sentir de los periodistas venezolanos, víctimas del abuso de poder gubernamental y de unas condiciones de trabajo y remuneración muy precarias, en la mayoría de los medios de comunicación privados. También, para aprobar e impulsar todo lo concerniente a las elecciones democráticas del CNP, que su Junta Directiva Nacional se niega a asumir con decisión y responsabilidad institucional.
Los dogmas de la SIP
Durante mi desempeño como presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados (1994-1996) me correspondió coordinar el trabajo colectivo, con altos niveles de participación democrática en las más importantes ciudades del país, para la aprobación de la vigente Ley de Ejercicio del Periodismo (Dic, 1994). Fue una intensa lucha parlamentaria que tuvo más combates en la calle que en el capitolio federal. El gremio periodístico encabezado por el CNP, que entonces presidía el colega Eduardo Orozco, se enfrentó nuevamente -ya lo había hecho hacia 1972, para la aprobación de la primera ley de ejercicio profesional, motorizada por la Asociación Venezolana de Periodistas, presidida por el colega Eleazar Díaz Rangel- a los sindicatos empresariales de la comunicación: principalmente Bloque de Prensa Venezolano, Cámara Venezolana de Radiodifusión, Cámara Venezolana de la Industria de la Televisión, internamente, y la SIP y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), en lo internacional. Esos embates fueron felizmente superados por los periodistas venezolanos, cuya ley de ejercicio profesional viene siendo ejemplo en América Latina y el Caribe, en sus versiones de 1972 y 1994, y más aún desde que en julio de 2004 fuera ratificada en todas sus partes por el Tribunal Supremo de Justicia, con una sentencia que echó por tierra las pretensiones de anularla, que desde marzo de 1995 mantenía el Bloque de Prensa Venezolano. Una de las evidentes debilidades actuales del CNP es que nuestra Ley es vulnerada e irrespetada tanto por agentes del sector público como por los propietarios y gerentes de medios de comunicación privados.
Los dogmas liberales de los propietarios de medios se pueden resumir: cero legislación comunicacional, cero intervención del Estado en materia comunicacional, oposición a la colegiación obligatoria de los periodistas y, no decretado ni publicitado, cero o mínima intervención de las organizaciones sindicales y gremiales. Es decir, poder absoluto de sus propietarios en la conducción y naturaleza de los medios de comunicación social, jugando exclusivamente a sus intereses ideológicos, económicos y financieros, muchas veces desatendiendo la pluralidad de intereses de la sociedad.
Valoramos las críticas de la SIP en cuanto a la necesidad de promover la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a las fuentes informativas (públicas y privadas), y al rechazo firme de los abusos de poder, agresiones, amenazas y descalificaciones contra medios y periodistas.
Todo buen periodista es un trasgresor de las barreras del poder, sean ellas gubernamentales, policiales, militares, mafiosas o plutocráticas.
Lamentablemente, la SIP no incursiona en las anomalías causadas por los poderes políticos y económicos transnacionales, que asumen la comunicación como escenario para la confrontación ideológica, política y económica, incluso para controlar sociedades y mercados.
El gobierno de Chávez y la “izquierda” trasnochada
En la otra banda, están el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, su agigantado y fofo aparato comunicacional y el entorno ideológico que lo respalda internacionalmente, sin advertir en sus aberraciones autoritaristas.
Así como no creo que en Venezuela estemos viviendo “una dictadura”, tampoco comparto la infeliz idea del “terrorismo mediático” que preside el cónclave gubernamental. Esos extremos delatan las irracionalidades extremistas que nos asfixian mediática, política, ideológica y culturalmente.
Lo que sí es cierto es que el venezolano es un gobierno autoritarista, disparatado y con vocación monopartidista, que se expresa en todos los ámbitos, y en forma estelar en lo comunicacional. Sin embargo, su pretensión de “hegemonía comunicacional” está derrotada, es menospreciada por el pueblo venezolano, díscolo y diverso. Es uno de los rasgos más distintivos de la gestión Chávez, en proceso de decadencia desde que el pasado 2 de diciembre (2D) fuera derrotado el bodrio constitucional que intentó imponer con su técnica de abuso de poder y su componente más despreciable: manejo inescrupuloso de los recursos del Estado a favor de la parcialidad política oficialista.
El atropello físico y la descalificación moral de periodistas y medios ha sido una constante en la conducta presidencial y gubernamental. Su trasnochado concepto monopartidista y militarista ha generado agresiones contra el ejercicio profesional (judiciales, políticas, económicas, verbales, mediáticas y físicas mediante grupos delincuenciales patrocinados por el gobierno).
Las políticas y medios de comunicación social del Estado han sido secuestrados por el gobierno y sus burócratas comunicacionales, a favor del monopartidismo, el abuso de poder y la corrupción, siendo su rasgo común y distintivo la unilateralidad, la censura y la manipulación.
Entrampados
En esta materia, la comunicacional, seguimos entrampados entre dos extremos irracionales que constriñen los derechos civiles a la expresión libre del pensamiento, a la información veraz y al libre acceso a las fuentes informativas. Sin embargo, no deben quedar dudas en torno a la solidaridad que debemos mantener y hemos mantenido con nuestros colegas periodistas y propietarios de medios que vienen siendo víctimas de los atropellos gubernamentales y para-gubernamentales en Venezuela.
La “hegemonía comunicacional” que persiste en imponer el gobierno de Chávez es un absurdo. En ella deben hincar su vuelo crítico los comunicólogos y demás profesionales de la comunicación y el periodismo, porque no hay proyecto de transformación democrática y justicia social viable sin libertad y pluralismo.
Por otro lado, una legislación democrática -libre y pluralista- ajustada a los cánones contemporáneos de la dinámica comunicacional, no puede ser desestimada y mucho menos negada por quienes contrarían la “hegemonía comunicacional” gubernamental.
El punto, para los periodistas de América Latina y el Caribe, es cómo servir a nuestras sociedades con independencia y responsabilidad social, siempre en contradicción con quienes imponen barreras desde las articulaciones del poder, sean ellas públicas o privadas.
Medias verdades
Lamentablemente, ambos eventos y sus organizadores sufren del síndrome que cristianamente podríamos llamar “de la viga en el ojo propio”. Unos y otros pecan de unilateralidad tras el impulso incontrolado para la concentración de poder, espuelados por contrapuestas filosofías extremas que luchan a muerte por el triunfo de cada una de sus intolerancias: el liberalismo capitalista (neoliberalismo) blandido por los propietarios de medios; y el trasnochado autoritarismo de una “izquierda” que opaca las banderas de la justicia social y la soberanía de nuestro pueblos latinocaribeños con su costra monopartidista, y específicamente militarista en el caso venezolano.
No hubo novedad en el frente. Medias verdades flotaron en el ambiente, siendo el objetivo de ambos bandos el tratar de influir sobre una opinión pública continental cansada de fariseísmos mediáticos. Uno atrincherado en poderosos conglomerados comunicacionales asociados con poderes financieros nacionales y transnacionales, y el otro imbricado en el abuso de poder y al manejo discriminatorio de los recursos del Estado.
No es exagerado afirmar que esta semana en Venezuela, el grueso de la sociedad continuó su atribulada vida sin mayores impactos provenientes de las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Encuentro Latinoamericano sobre Terrorismo Mediático.
Ausencia del CNP
El Colegio Nacional de Periodistas venezolano brilló por su ausencia, como en la mayoría de los convulsos escenarios que nos ha tocado vivir últimamente. Su presidente, colega Levy Benshimol, continúa aferrado a un cargo sin escritorio –no se sabe para qué-, sin elecciones desde 1998, diez años de abulia y debilitamiento de nuestra institución gremial. La reunión de un Secretariado Nacional del CNP, con la participación de todos los secretarios generales seccionales, hubiese servido para elaborar un análisis independiente y equilibrado de la experiencia comunicacional venezolana, dirigido a ambos eventos internacionales, de manera de haber hecho sentir la palabra y el sentir de los periodistas venezolanos, víctimas del abuso de poder gubernamental y de unas condiciones de trabajo y remuneración muy precarias, en la mayoría de los medios de comunicación privados. También, para aprobar e impulsar todo lo concerniente a las elecciones democráticas del CNP, que su Junta Directiva Nacional se niega a asumir con decisión y responsabilidad institucional.
Los dogmas de la SIP
Durante mi desempeño como presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados (1994-1996) me correspondió coordinar el trabajo colectivo, con altos niveles de participación democrática en las más importantes ciudades del país, para la aprobación de la vigente Ley de Ejercicio del Periodismo (Dic, 1994). Fue una intensa lucha parlamentaria que tuvo más combates en la calle que en el capitolio federal. El gremio periodístico encabezado por el CNP, que entonces presidía el colega Eduardo Orozco, se enfrentó nuevamente -ya lo había hecho hacia 1972, para la aprobación de la primera ley de ejercicio profesional, motorizada por la Asociación Venezolana de Periodistas, presidida por el colega Eleazar Díaz Rangel- a los sindicatos empresariales de la comunicación: principalmente Bloque de Prensa Venezolano, Cámara Venezolana de Radiodifusión, Cámara Venezolana de la Industria de la Televisión, internamente, y la SIP y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), en lo internacional. Esos embates fueron felizmente superados por los periodistas venezolanos, cuya ley de ejercicio profesional viene siendo ejemplo en América Latina y el Caribe, en sus versiones de 1972 y 1994, y más aún desde que en julio de 2004 fuera ratificada en todas sus partes por el Tribunal Supremo de Justicia, con una sentencia que echó por tierra las pretensiones de anularla, que desde marzo de 1995 mantenía el Bloque de Prensa Venezolano. Una de las evidentes debilidades actuales del CNP es que nuestra Ley es vulnerada e irrespetada tanto por agentes del sector público como por los propietarios y gerentes de medios de comunicación privados.
Los dogmas liberales de los propietarios de medios se pueden resumir: cero legislación comunicacional, cero intervención del Estado en materia comunicacional, oposición a la colegiación obligatoria de los periodistas y, no decretado ni publicitado, cero o mínima intervención de las organizaciones sindicales y gremiales. Es decir, poder absoluto de sus propietarios en la conducción y naturaleza de los medios de comunicación social, jugando exclusivamente a sus intereses ideológicos, económicos y financieros, muchas veces desatendiendo la pluralidad de intereses de la sociedad.
Valoramos las críticas de la SIP en cuanto a la necesidad de promover la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a las fuentes informativas (públicas y privadas), y al rechazo firme de los abusos de poder, agresiones, amenazas y descalificaciones contra medios y periodistas.
Todo buen periodista es un trasgresor de las barreras del poder, sean ellas gubernamentales, policiales, militares, mafiosas o plutocráticas.
Lamentablemente, la SIP no incursiona en las anomalías causadas por los poderes políticos y económicos transnacionales, que asumen la comunicación como escenario para la confrontación ideológica, política y económica, incluso para controlar sociedades y mercados.
El gobierno de Chávez y la “izquierda” trasnochada
En la otra banda, están el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, su agigantado y fofo aparato comunicacional y el entorno ideológico que lo respalda internacionalmente, sin advertir en sus aberraciones autoritaristas.
Así como no creo que en Venezuela estemos viviendo “una dictadura”, tampoco comparto la infeliz idea del “terrorismo mediático” que preside el cónclave gubernamental. Esos extremos delatan las irracionalidades extremistas que nos asfixian mediática, política, ideológica y culturalmente.
Lo que sí es cierto es que el venezolano es un gobierno autoritarista, disparatado y con vocación monopartidista, que se expresa en todos los ámbitos, y en forma estelar en lo comunicacional. Sin embargo, su pretensión de “hegemonía comunicacional” está derrotada, es menospreciada por el pueblo venezolano, díscolo y diverso. Es uno de los rasgos más distintivos de la gestión Chávez, en proceso de decadencia desde que el pasado 2 de diciembre (2D) fuera derrotado el bodrio constitucional que intentó imponer con su técnica de abuso de poder y su componente más despreciable: manejo inescrupuloso de los recursos del Estado a favor de la parcialidad política oficialista.
El atropello físico y la descalificación moral de periodistas y medios ha sido una constante en la conducta presidencial y gubernamental. Su trasnochado concepto monopartidista y militarista ha generado agresiones contra el ejercicio profesional (judiciales, políticas, económicas, verbales, mediáticas y físicas mediante grupos delincuenciales patrocinados por el gobierno).
Las políticas y medios de comunicación social del Estado han sido secuestrados por el gobierno y sus burócratas comunicacionales, a favor del monopartidismo, el abuso de poder y la corrupción, siendo su rasgo común y distintivo la unilateralidad, la censura y la manipulación.
Entrampados
En esta materia, la comunicacional, seguimos entrampados entre dos extremos irracionales que constriñen los derechos civiles a la expresión libre del pensamiento, a la información veraz y al libre acceso a las fuentes informativas. Sin embargo, no deben quedar dudas en torno a la solidaridad que debemos mantener y hemos mantenido con nuestros colegas periodistas y propietarios de medios que vienen siendo víctimas de los atropellos gubernamentales y para-gubernamentales en Venezuela.
La “hegemonía comunicacional” que persiste en imponer el gobierno de Chávez es un absurdo. En ella deben hincar su vuelo crítico los comunicólogos y demás profesionales de la comunicación y el periodismo, porque no hay proyecto de transformación democrática y justicia social viable sin libertad y pluralismo.
Por otro lado, una legislación democrática -libre y pluralista- ajustada a los cánones contemporáneos de la dinámica comunicacional, no puede ser desestimada y mucho menos negada por quienes contrarían la “hegemonía comunicacional” gubernamental.
El punto, para los periodistas de América Latina y el Caribe, es cómo servir a nuestras sociedades con independencia y responsabilidad social, siempre en contradicción con quienes imponen barreras desde las articulaciones del poder, sean ellas públicas o privadas.
Etiquetas: libertad de expresión
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