Los trabajadores victimas del neoliberalismo militarizado

Por: José Rafael López Padrino

Los objetivos principales de los regímenes autoritarios son el de pretender resolver las situaciones de crisis para afianzar la dominación social, así como el de modificar las relaciones de fuerza entre las distintas clases y fracciones en conflicto a fin de garantizar la continuidad del proyecto hegemónico que quieren imponer. La llegada del tte coronel al poder en el año 1999 significó la puesta en marcha de políticas económicas, sociales y laborales de nuevo tipo destinadas a refrescar el proyecto de dominación, que daba muestra de estancamiento e impedía la generación de esperanzas en los sectores populares. Fue el resurgimiento de las “clásicas elites militares esclarecidas” llamadas a conducir la refundación del Estado capitalista a través de reformas económicas y sociales orientadas a la consolidación de un fracasado y explotador capitalismo de Estado.

Partes de estas reformas se han implementado en el campo laboral donde el régimen no ha escatimado esfuerzos por imponer su agenda nacionalsocialista. Ha promovido regulaciones de tipo corporativo, al mejor estilo fascista, que modelan las relaciones entre los sindicatos y el Estado, aderezándolas con una grotesca intervención y regulación estatal en la vida de los sindicatos que vulnera su libertad e independencia. La estrategia oficialista ha sido el debilitar y atomizar a las organizaciones sindicales mediante el patrocinio de sindicatos, federaciones y centrales obreras paralelas. Además, el de eliminar la figura de sindicato a través de diversos mecanismos, entre ellos mediante la creación de los consejos de trabajadores (rechazado el 2-12-2007 en la reforma constitucional). Consejos que no tienen ninguna representatividad, pues su estructura no resulta de una consulta electoral en el seno de los trabajadores, sino de la imposición de los mismos a través de las instancias del Estado. Esta estrategia liquidacionista del sindicato como instrumento de lucha esta siendo implementada en varias empresas estatales (Pdvsa, Sidor, Alcasa, etc.), en donde se ha legitimado la figura del delegado oficialista impuesto, para tratar los asuntos laborales, excluyendo a los representantes sindicales legítimamente electos por los trabajadores.

Pero además, esta robolución bonita ha eliminado las “rigideces” en las relaciones obrero/patronales, dando pie al surgimiento de una nefasta flexibilización laboral de carácter neoliberal. A pesar de su retórica revolucionaria, el régimen del engorilado de Miraflores ha puesto en práctica la tesis neoliberal de que el crecimiento económico y la creación de empleos se ve favorecida por un mercado de trabajo flexible es decir un mercado de trabajo donde los empleadores y las empresas pueden administrar la mano de obra a su antojo, con mínimas limitaciones y la menor cantidad de restricciones posible. Es la nueva era de los “asalariados descartables”. Según los neoliberales-rojo rojitos, toda medida de protección de los derechos de los trabajadores, tales como el derecho a la sindicalización y las negociaciones colectivas, el derecho de huelga, la cantidad máxima de horas semanales trabajadas, etc., constituyen un freno a la flexibilidad del mercado de trabajo y por lo tanto al crecimiento económico. Estas perversidades las contemplamos con indignación en las cooperativas, en las empresas de cogestión social, y en los fundos zamoranos, en las cuales se da una super-explotación de los trabajadores en nombre de una inexistente revolución de los humildes.

El monarca de Sabaneta ha conculcado derechos fundamentales de los trabajadores, desmejorando importantes conquistas laborales y por ende sus condiciones de trabajo. Entre ellas la negativa a discutir las nuevas contrataciones colectivas. En efecto más de 1.5 millones de funcionarios y obreros del sector público están a la espera de iniciar las negociaciones de sus contratos colectivos vencidos desde hace cuatro y cinco años habiendo sido sustituidos por decretos presidenciales. Aproximadamente más de 1 millón de trabajadores de la administración pública nacional no reciben los beneficios del contrato marco, pese a que el vigente venció hace cuatro años. Ante la protesta y el rechazo de los trabajadores por esta situación se recurrido a la militarización de las empresas y sitios de trabajo como lo ocurrido en las instalaciones de la industria petrolera, Sidor y más recientemente en el Metro de Caracas.

Mientras el país se disuelve en un océano de corrupción, militarización e incompetencia los trabajadores padecen las consecuencias de una política neoliberal impuesta por el bufón uniformado de Miraflores, ante una desacertada estrategia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela -CTV- y una actitud sumisa y servil de las centrales oficialistas (Unión Nacional de Trabajadores -UNT-, y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela –CUTV).