Presos políticos en Venezuela

Por: Graciela Pantin

Fuente: La Vanguardia - España

No hay certeza del número real de detenidos y presos por razones políticas, algunos hablan de 30, otros de 32 y algunos de hasta 68

Durante los 11 años de gobierno del presidente Hugo Chávez, Venezuela ha estado sometida a acciones y contracciones en todos sus sistemas, político, económico, social y cultural. Muchos de estos sucesos han sido reseñados en los medios internacionales. Sin embargo, el tema de los presos políticos ha sido soslayado.

Actualmente, el número de perseguidos y detenidos por disentir de las acciones del actual régimen, ha crecido de manera alarmante. Aquellos quienes, de una u otra forma expresan públicamente no estar dispuestos a someterse al pensamiento hegemónico y unidireccional desde la presidencia de la República, son amenazados, perseguidos física y psicológicamente y, sin aviso previo, pueden ser privados de su libertad.

Los procedimientos de reclusión son arbitrarios, llevados adelante con cinismo, bravuconerías y desplantes, burlando, descaradamente, los trámites establecidos por la ley. En este grupo, cada vez más plural, se encuentran militares, comisarios, jueces, funcionarios, periodistas, ex gobernadores, lideres estudiantiles, alguaciles, quienes ven, día tras día, burlados sus derechos de acceder a un sistema de justicia que funcione con equidad, imparcialidad y sobre todo respetando las leyes, la libertad de expresión y la Constitución.

No hay certeza del número real de los detenidos y presos por razones políticas. Tampoco es fácil establecer una secuencia jurídica o cronológica de los hechos. La arbitrariedad de los procedimientos dificulta su seguimiento. Algunos reportes hablan de 30 detenidos, otros de 32 y algunos de hasta 68, sin contar aquellos, conocidos o anónimos que han debido buscar refugio fuera de las fronteras.

Es así como en Venezuela, poco a poco, el miedo se desparrama por las calles. El terror a la agresión provoca una inseguridad que se incrusta en nuestras espaldas, estimulando la autocensura, tanto individual como de los medios los cuales, muchos ya han sido cerrados y los pocos que permanecen con sus canales abiertos, están sometidos a leyes que reducen al mínimo su capacidad de informar.

Sabemos que este pasado diciembre fue la séptima Navidad tras las rejas políticas para los comisarios Simonovis, Vivas y Forero y los seis policías metropolitanos sentenciados a penas entre 17 y 30 años sin que ninguna de las acusaciones llegase a ser probada. Fue la primera Navidad bajo las rejas para el periodista Gustavo Azócar, detenido en el centro penitenciario de Occidente, estado Táchira, cuyo caso continúa, minuto a minuto, estremeciendo no sólo a su gremio, sino a la población local y a la comunidad nacional.

Azócar declaró el pasado 23 de febrero: "Llevo 215 días preso en una cárcel venezolana por haber cometido el delito de decir la verdad. Estoy preso por opinar, por escribir, por investigar, por denunciar la corrupción de algunos funcionarios gubernamentales como el ex gobernador del estado Táchira y actual embajador de Venezuela en Cuba, el capitán Ronald Blanco La Cruz (uno de los militares golpistas del 4 de febrero de 1992) y de la diputada María Iris Varela Rangel, una de las congresistas más radicales del régimen. Estoy físicamente en prisión, pero mi mente, mi espíritu y mi dignidad siguen intactas. Que el mundo entero lo sepa. En Venezuela hay presos por pensar diferente. Hay presos por disentir. Hay presos por negarse a ser socialistas o comunistas. Hay presos por decir la verdad".

La juez Lourdes Afiuni, quien lleva más de cien días detenida en el INOF, en una celda de 8 m2 y con una condena de 35 años de presidio impuesta por el jefe de Estado en cadena nacional, no pierde las esperanzas de demostrar que no cometió los delitos previstos en la ley contra la corrupción y el código penal de los cuales la acusa el ministerio. Muy al contrario se apegó a la ley y sí firmó una medida menos gravosa y dejó en libertad al preso político Eligio Cedeño, pagando ella el precio de su cárcel política. Afiuni afirma que la justicia venezolana está de rodillas: "para ser juez o fiscal no se puede ser cobarde. Me considero una presa política porque en mi expediente no existe nada. Además en cadena nacional mandó a que me dieran la pena máxima y hasta dijo que era merecedora de un fusilamiento". Ya su caso reposa en los escritorios del Consejo de los DD.HH. de la ONU según comunicado del 11 de marzo. El pasado 18, su causa fue paralizada.

"Nosotros queremos que la comunidad internacional sepa que en Venezuela existe persecución política", declaró María del Pilar Simonovis, esposa del comisario Iván Simonovis, juzgado y condenado a 30 años de prisión por su supuesta responsabilidad en los hechos del pasado 11 de abril de 2002.

Entre los perseguidos por el régimen de Hugo Chávez y actualmente exiliados del país podemos reseñar, entre otros, al ex gobernador de Zulia y ex alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, el ex dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, Nixon Moreno, el líder de Alianza Bravo Pueblo, Oscar Pérez, el ex gobernador de Aragua, Didalco Bolívar, el ex gobernador de Sucre, Ramón Martínez y el ex gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt.

Vale destacar el caso del prefecto de Caracas Richard Blanco, quien lleva a la fecha de escribir esta nota siete meses preso, retenido violentamente y sin argumentaciones conocidas.

Igualmente continúa preso el militar Raúl Isaías Baduel, participante en el golpe que dio el Presidente H. Chávez y ex Ministro de Defensa del régimen, quien fuera detenido frente a su hogar en Maracay y detenido sin mediar argumentación legal alguna.

Otro miembro del ejército venezolano, Francisco Usón, fue hecho preso en el 2004, en el aeropuerto de Ciudad Guayana por la justicia militar por supuestas injurias a la fuerza armada nacional, juzgado y condenado a cinco años y seis meses. Usón salió en libertad condicional el 24 de Diciembre de 2007. Su caso había sido elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien demandó al Estado venezolano por violador de DD.HH.

Otro caso es el del agricultor Franklin Brito, quien ha realizado seis huelgas de hambre, las últimas frente a la sede de la OEA en Caracas, y, a punto de morir, fue trasladado a media noche a la fuerza, secuestrado, al Hospital Militar donde permanece sedado y "recluído" en terapia intensiva. Su esposa Helena y su hija de 20 años, se sumaron, sin éxito, a la huelga de hambre, en protesta por el arrebato que sufrieron de su finca 'La Iguaya' en el Estado Guárico y el manipuleo burocrático y engañoso a que los sometieron. Según PROVEA, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, le fue negado, el pasado 27 de diciembre, la solicitud de habeas corpus introducida por ellos ante la Sala V de la Corte de Apelaciones.

Carlos Crespo escribe declaraciones de F. Brito, en el diario 'Tal Cual' (07/01/10): "Temo que me suministren una droga o medicamento que justifique lo que se ha dicho sobre mi estado mental". Esto es una muestra de la aplicación de medidas estalinistas que privan de libertad, tildando de locos a aquellos quienes disienten de sus dictámenes. Aún F. Brito está recluido a la fuerza en el Hospital Militar de Caracas.

La situación de los presos políticos en Venezuela fue denunciada por Patricia Andrade, presidenta de 'Venezuela Awareness Foundation' (08/02/10): "Esto ubica a Venezuela en el segundo país con más presos políticos y deplorable situación de los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, después de Cuba".

PROVEO afirma que en Venezuela, hasta ahora, hay 2.300 personas a las que se le siguen procesos judiciales luego de ser detenidas en manifestaciones públicas contra el régimen actual. Aleksander Boyd, director de PROVEO declaró la existencia de 15 muertos y 178 presos políticos en Venezuela.

Estos casos, aparentemente aislados, merecen que sus historias sean contadas más allá de nuestras fronteras y, aunque a veces sea complejo comprender lo que sucede en Venezuela, ellos hablan por si solos. Sin embargo, la Dra. Luisa Stella Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, declaró el pasado 9 de marzo: "En primer lugar debo decir categóricamente que en Venezuela no conozco ningún preso político, si yo los conociese pudiese opinar, pero no los conozco, no sé, no tengo conocimiento de presos políticos en Venezuela".

En esta semana detuvieron al Oswaldo Álvarez Paz, quién fue candidato a la presidencia del la República por el Partido Copei, presidente de la cámara de diputados del congreso nacional, y ex gobernador del Zulia, acusado por la fiscalía general, de conspiración e instigación para delinquir al opinar en un canal de TV, que "Venezuela se ha convertido en centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico".

Esto es una llamada de atención al mundo entero.

En Venezuela vivimos una dictadura de facto, revestida de un ropaje de democracia.