Venezuela: Libertad de Expresión Se Extingue

Libertad de expresión en Venezuela “a punto de extinguirse” Gobierno Nacional avanza en la penalización de la opinión

Por: Moisés G. Hernández El Carabobeño

Valencia, marzo 29 (REDACTA).- Con la detención del ex gobernador del Zulia Oswaldo Alvarez Paz, y el proceso judicial abierto contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, la libertad de expresión en Venezuela está en vías de extinguirse, tal como lo han advertido organismos internacionales y ONG defensoras de los derechos humanos.

Ambos personajes enfrentan procesos judiciales debido a opiniones emitidas recientemente contra el Gobierno venezolano. Alvarez Paz está detenido porque en el programa “Aló, ciudadano”, que transmite Globovisión, declaró el 8 de marzo que Venezuela “es uno de los países más importantes de tránsito de droga en el mundo, y todos sabemos que las estructuras operativas del narcotráfico, incluido todo lo que se refiere al lavado de dinero, le dan mucho soporte a las actividades terroristas en el mundo entero”.

La detención temporal del presidente del canal de noticias y la prohibición de salida del país dictada el pasado jueves, se debieron a las declaraciones que dio en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Aruba, donde acusó al presidente Hugo Chávez de “disparar y echarle plomo a los venezolanos” durante el golpe de Estado en su contra en 2002.

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, advierte que las declaraciones de Alvarez Paz “son de naturaleza política y es un debate absolutamente legítimo. Consideró, a partir de una cuestión de la Real Audiencia Española, lo que ocurre en el país. Igual ocurre con el caso de Zuloaga. Son valoraciones, opiniones, que no pueden ser sometidas a este tipo de cosas y lo que se hace es intimidar”.

El ex gobernador del estado Zulia reiteró las denuncias hechas por un juez español y la oposición de ese país contra el gobierno de Chávez. Lo acusan de colaborar supuestamente con las FARC y ETA.

En declaraciones recientes, la periodista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Gloria Cuenca, sentenció que el Gobierno retrocede en relación con la libertad de expresión, porque las opiniones son subjetivas y por tanto no necesariamente pueden calificarse de verdades.

Horas antes de la detención de Zuloaga, la Asamblea Nacional emitió un acuerdo de rechazo a sus declaraciones, pues “realizó falsos y graves señalamientos en contra del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que intentan criminalizar y dañar la imagen del Gobierno constitucional y democrático de Venezuela”.

Para el director de la ONG Espacio Público, los últimos acontecimientos son una muestra de que “efectivamente se está avanzando en una penalización de la opinión”, pese a que “la tendencia en el ámbito mundial es eliminarla para que no se pueda detener a nadie por las opiniones emitidas”.

Castigo por opinar

En 2005 entró en vigencia una polémica reforma parcial del Código Penal Venezolano. En esta modificación se incluyeron artículos que vulneran el derecho a la expresión libre.

El artículo 147 del código establece que “quien ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Presidente de la República o a quien esté haciendo sus veces, será castigado con prisión de seis a treinta meses si la ofensa fuere grave, y con la mitad de ésta si fuere leve. La pena se aumentará en una tercera parte si la ofensa se hubiere hecho públicamente”.

En el artículo 296-A se expresa que “todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”.

La Constitución Nacional, en el artículo 57, señala no obstante que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”. En su último informe sobre Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identifica como principales problemas la falta de “efectiva separación e independencia de los poderes públicos” y el uso “del poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”.