El programa nuclear secreto de Chávez

Por Roger Noriega - Univisión

No está claro que esconde Venezuela, pero definitivamente algo está ocultando... y el hecho de que esté involucrado Irán indica que no es nada bueno.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez admitió la semana pasada que su gobierno ya está “realizando los primeros estudios” para un programa nuclear. Intentó describirlo como un programa inofensivo elaborado exclusivamente para fines pacíficos.

El 21 de septiembre, di una conferencia de prensa para periodistas y expertos regionales en la que revelé por primera vez información sobre el programa nuclear de Chávez y su preocupante y considerable colaboración con Irán. Esta investigación, llevada a cabo durante los últimos 12 meses por un equipo de expertos que analizó material confidencial obtenido de fuentes dentro del régimen venezolano, pinta un panorama aún más oscuro de las intenciones de Chávez.

Chávez estuvo desarrollando el programa durante dos años con la colaboración de Irán, un estado nuclear poco confiable. Además de reflejar la cooperación de los dos estados en la investigación nuclear, estos documentos sugieren que Venezuela está ayudando a Irán a obtener uranio y evadir sanciones internacionales, todos ellos pasos que son claras violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que tienen como objetivo impedir el programa ilegal de armas nucleares de Irán.

Lo que insinúa Chávez cuando dice que solamente está estudiando la idea de un programa de energía nuclear lleva a conclusiones erróneas. De hecho, en noviembre de 2008, los funcionarios de Irán y de Venezuela firmaron un acuerdo de “ciencia y tecnología” secreto, mediante el cual formalizaron la cooperación “en el campo de la tecnología nuclear”. (El texto del acuerdo, disponible en persa y español, está disponible aquí.) La semana siguiente a la que se firmó el acuerdo, el Ministro de Energía y Petróleo de Venezuela elaboró una presentación para el Organismo Internacional de Energía Atómica, en la que documentó la creación de un “programa de energía nuclear” en Venezuela. La presentación, obtenida de fuentes dentro del Gobierno de Venezuela, revela que desde el 2007 una “Comisión de Energía Atómica” gestiona el programa nuclear.

De acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual Venezuela es un país signatario, todos los países tienen derecho a encarar un programa de energía nuclear pacífico. Sin embargo, la decisión de Chávez de confiar en uno de los peores del mundo en lo que respecta a la proliferación nuclear, para desarrollar la capacidad de su país en esta tecnología sensible prende una luz de alerta. Y las declaraciones públicas recientes en las que no da una idea cabal de la naturaleza del programa nuclear generan más preguntas de las que responden.

No es sólo la cooperación de Venezuela con Irán en su propio programa nuclear lo que genera preguntas: otros documentos suministrados por fuentes dentro del Gobierno de Venezuela revelan una sospechosa red de instalaciones dirigidas por Irán en ese país América del Sur que contravendrían las sanciones del Consejo de Seguridad.

Por ejemplo, un contrato de noviembre de 2008 entre la empresa estatal venezolana CVG Minerven y la empresa del gobierno iraní Impasco otorgan a los iraníes una concesión para una "mina de oro" en el corazón de la cuenca Roraima en Bolívar, estado del sudeste que se encuentra en la frontera entre Venezuela y Guyana. Aunque la minería de oro en Venezuela se remonta a décadas atrás, según un estudio de la U308 Corp., empresa canadiense de exploración de uranio, la cuenca también alberga uno de los depósitos de uranio más grandes del mundo.

No hay nada ilegal en la minería comercial de uranio... a menos que la lleve a cabo Irán. La resolución 1929 del Consejo de Seguridad, aprobada en junio tras un esfuerzo diplomático exhaustivo de Estados unidos, ordenó a todos los gobiernos que prohibieran toda participación iraní en “la minería de uranio, la producción o el uso de materiales y tecnología nucleares”. Si la empresa iraní Impasco encuentra oro en Venezuela, no tiene por qué importarle a nadie. Si extrae uranio, ya es otro tema.

Además de adquirir una mina ubicada estratégicamente sobre depósitos de uranio importantes, las empresas iraníes quedaron a cargo de instalaciones industriales cercanas y parecen estar utilizándolas para fines que no son los que se declararon públicamente. Por ejemplo, una “planta de cemento” produce poco y nada de cemento, una “fábrica de tractores” produce muy pocos tractores, y las dos instalaciones están bien ubicadas para apoyar las oscuras actividades de Irán en una área que está geográficamente lejos de todo, menos del uranio.

La “planta de cemento”, en la práctica procesa minerales de la mina Impasco, según fuentes que conocen la instalación. Las instalaciones, ubicadas en el estado sureño de Monagas, fueron construidas en el 2007 por Edhasse Sanat, una empresa que es propiedad del Ministerio de Minas de Irán. Testigos presenciales han reportado que la planta todavía no ha producido ni una sola bolsa de cemento, pero sin embargo ha servido de conducto para trasladar minerales a un puerto en el río Orinoco, desde donde se transfieren a buques de bandera iraní en el océano Atlántico. Una vez que llegan a mar abierto, no hay nada que se pueda hacer para evitar la entrega a Irán.

La “fábrica de tractores” ubicada en el estado de Bolívar es la segunda instalación que proporciona a Irán una máscara inocente para encubrir las actividades que desarrolla en esta remota región. Operada desde el 2006 por una empresa conjunta de Venezuela e Irán, la instalación fabrica pocos tractores y está ubicada en un complejo de estilo militar protegido por soldados de la Guardia Nacional de Venezuela, según informaron dos testigos presenciales que han visitado y grabado en video la instalación a lo largo de los últimos años.

En diciembre de 2008 surgieron fuertes sospechas sobre el verdadero fin de esa instalación, cuando autoridades aduaneras de Turquía interceptaron un cargamento enviado desde Irán destinado a la “fábrica de tractores” en Venezuela. De acuerdo con informes que aparecieron en los medios de comunicación, se halló que 22 contenedores y cajones del cargamento identificados como "piezas de tractores" contenían barriles de químicos de nitrato y sulfito, materiales que se utilizan para hacer bombas, así como componentes que los expertos de Turquía describieron como un "laboratorio de explosivos". Además, este sospechoso cargamento fue enviado por la Línea Naviera de Carga de la República Islámica de Irán (IRISL), que recibió una sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en septiembre de 2008 por brindar servicios logísticos al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán.

Además de servir como máscara física para las operaciones iraníes, los bancos y otras empresas supuestamente comerciales establecidas en Venezuela le brindan a Irán acceso al sector financiero internacional, lo que viola varias resoluciones del Consejo de Seguridad previstas para negar fondos a los programas ilícitos de armas nucleares de Irán. La Resolución 1803 (2008) advierte a los gobiernos que “vigilen” a los bancos iraníes, especialmente al banco Saderat, “para evitar toda actividad que contribuya a la proliferación de actividades nucleares sensibles”. Los documentos recuperados de los archivos del Gobierno de Venezuela (disponibles en español aquí) permiten ver que para el 2007, el banco iraní Saderat ya había incorporado al Banco Internacional de Desarrollo (BID) en Venezuela. Todos los directores fundadores del BID son iraníes, y parece que operan hoy como un banco venezolano que en realidad es una fachada que pertenece completamente al Saderat. Informes de empresas iraníes que operan en Venezuela reflejan transacciones denominadas en dólares llevadas a cabo por el BID en contravención con las leyes de los Estados Unidos y las resoluciones de la ONU.

Las Naciones Unidas tenían buenas razones para señalar a Saderat como un posible vehículo de fondos utilizado para financiar el terrorismo y la proliferación nuclear. En el 2006, el Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Saderat por servir para canalizar fondos hacia el grupo terrorista libanés chiíta Hezbollah. Hace tan sólo dos meses, la Unión Europea congeló los activos del BID por su papel en el apoyo de las “actividades nucleares y de misiles balísticos” de Irán. Sin embargo, el gobierno de Chávez sigue permitiendo que el BID mueva dinero a través de las empresas de fachada iraníes y los socios venezolanos para evadir sanciones internacionales.

Ya no es más una opción el no prestar la debida atención a lo que están haciendo Chávez y sus amigos frente a nuestras propias narices.

Si los Estados Unidos y las Naciones unidas son serios en lo que respecta a la no proliferación, deben retar a Venezuela y a Irán para confiesen la verdad y, si es necesario, deben adoptar medidas para que los dos regímenes se hagan responsables de sus actos. Lamentablemente, las autoridades de Estados Unidos siguen evitando temas que puedan derivar en una confrontación con el irascible Chávez. Pero la disposición de Venezuela para desobedecer abiertamente la ley internacional y ser cómplice de las actividades de Irán cerca de las costas de Estados Unidos se está volviendo demasiado flagrante y, en definitiva, demasiado peligrosa, para seguir ignorándola.

Co autor de la Ley Helms Burton, Roger Francisco Noriega participa actualmente en el ´think-tank American Enterprise Institute. Ha sido diplomático, especializado en el Hemisferio Occidente.

English Original Version From Foreign Policy