CRISIS: Institucionalidad del Sector Eléctrico Venezolano

Por: Víctor J. Poleo Uzcátegui

Fuente: Soberania.org

Es Ali Rodríguez quien siembra a Rafael Ramírez en el MEM (2000) y juntos desatan un proceso de destrucción y entrega del Sector Energía y de la Nación, haciendo de PDVSA un estado-paralelo.

Procónsul que es de La Habana, Ali Rodríguez ejecuta un guión de hechura cubana-putinesca.

El Usuario Eléctrico

Es la razón de ser del Servicio Eléctrico (no lo es el gobierno ni las empresas eléctricas). Usuarios eléctricos somos todos. La electricidad es el nutriente por excelencia del progreso y desarrollo de las naciones. Desde 2003 al presente, sin embargo, el usuario eléctrico ha experimentado considerables carencias en la cantidad y calidad del Servicio Eléctrico. Durante la crisis eléctrica 2009-2010 fue racionado cerca de un 10% de la demanda (12 TWh) y a un costo para la Sociedad y la Economía que estimamos en $18.000 millones (energía no servida justipreciada a un valor referencial de $1.500 por kWh).

El Servicio Eléctrico, no obstante, ostenta hoy rango de ”derecho humano” (re.: Ley Eléctrica de Diciembre 2010) y, a la par del derecho a la vida, devino entonces en un bien de obligada protección estatal y libre dominio por el usuario. Si crisis eléctrica es crisis política, nos preguntamos el porqué de tales contradicciones entre la ideologia y la gestión del gobierno, contradicciones inmersas en una crisis operativa que ya es estructural.

Es nuestra conjetura que la crisis eléctrica es esencialmente institucional -al igual que las varias crisis enraizadas en el entero universo de los servicios públicos (vivienda, salud, agua, transporte y vialidad)- y que, a la par de la violencia delictiva, bien podría calificar como exitosa política de gobierno.

Modelos institucionales del Sector Eléctrico

Los hay muchos porque no hay dos sistemas eléctricos iguales. Dado un cierto sistema eléctrico, en consecuencia, uno y solo un modelo institucional es mejor que los restantes y es no otro que aquel que mejor sirve los intereses del usuario eléctrico. Es entonces obligante identificarlo como quiera que es la piedra angular del bienestar social y de la actividad economica. Sea el caso de la propiedad de la industria, uno de los más relevantes factores de la institucionalidad: ella puede ser estatal (Francia, 85% nuclear) o privada (la Inglaterra de M. Thatcher en los 80s) o mixta (Venezuela 1890-2007). Cierto es que la electricidad es asunto de Estado, pero ello no implica que la propiedad de la industria sea necesariamente estatal.

La Industria Eléctrica venezolana data de 120 años y durante sus primeros 40 años fue primero sembrada por capitales privados nacionales. Durante la segunda mitad del Siglo XX es el Estado quien planifica y financia los desarrollos hidroeléctricos en el Bajo Caroní (CVG EDELCA) y la electrificación de un 90% de los poblados mayores de 5.000 habitantes (CADAFE). En igual tiempo, es el Estado quien materializa la construcción de un robusto sistema de transmisión a muy altos voltajes (400 kV y 800 kV) y grandes distancias para llevar al norte del país ingentes volumenes de energía hidroeléctrica, limpia, abundante, barata y renovable.

En el tiempo, la Industria Eléctrica -hecha de capitales privados y estatales- fue construyendo progresivamente su institucionalidad planificadora y regulatoria. En Septiembre 1999 el Estado consagra la primera Ley del Servicio Eléctrico y en ella viabiliza un sistema mixto de propiedad, instituye los entes regulador (Consejo Nacional de Energía Eléctrica) y despachador (Centro Nacional de Gestión, antes OPSIS desde 1967) y establece los espacios jurídico-institucionales para formar una Empresa Nacional de Transmisión (230 kV y voltajes superiores propiedad de EDELCA, CADAFE y ENELVEN).

Para erradicar las ineficiencias corporativas enraizadas en CADAFE, la Ley del 99 propicia descentralizar su gestión en Los Andes, transferir la propiedad de su generación térmica a capitales nacionales eficientes y conceder la distribución y comercialización a los usuarios. De mayor importancia, la Ley del 99 establece un modelo financiero y económico sustentable (i.e.: ajeno a la renta petrolera) y privilegia la ingeniería venezolana y la formación de capitales nacionales (art. 10). Una década más tarde, sin embargo, el gobierno apuesta a un modelo institucional completamente antagónico: CORPOELEC.

CORPOELEC

Creada por decreto en 2008, es una figura institucional en gestación que fungiría de casa matriz para todas las empresas eléctricas venezolanas: las estatales EDELCA, CADAFE, ENELVEN, ENELBAR, ... y las antes privadas que fueran gobiernizadas en 2007 (EDC, ELEVAL, SENECA, ...).

CORPOELEC es, de facto, un monopolio estatal del Servicio Eléctrico que colide con el 113 constitucional, por una parte, y que se legitima en el 105 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 2005, por la otra. Así las cosas, CORPOELEC configura un modelo institucional con pretensiones de engullir (absorber) todas las empresas eléctricas y de auto-regularse. No es el caso predecir el fracaso del modelo CORPOELEC, pero tampoco lo es esperar 2 años para atestiguarlo. Es el caso alertar acerca de las razones que conspiran para su improbable éxito.

CORPOELEC, en efecto, es una suerte de CADAFE magnificada en sus males, males que la Ley del 99 quiso erradicar. CORPOELEC es un compulsivo quebranto político en la institucionalidad centenaria de la Industria Eléctrica venezolana. CORPOELEC, en breve, es un amasijo de funciones burocratizadas en 45.000 empleados (vs 30.000 en 1998) de incierta eficiencia corporativa y, por ende, a un costo solo endosable a la aleatoria renta petrolera. CORPOELEC, en fin, ni honra la estabilidad y autonomía de los trabajadores eléctricos (sujetos a una Convención Colectiva Única), ni honra los derechos del usuario eléctrico (reemplazado por los llamados Consejos de Gestión).

Nos ocupa decodificar la intencionalidad que subyace en improvisar una inviable casa matriz, crisis que cabalga sobre crisis, y cuya autoría es responsailidad de A. Rodríguez.

Ali Rodríguez Araque

Ministro de electricidad desde 2010, es el mismo ministro del MEM (1999-2000) que fuera educado en dimensionar la singular complejidad del Sistema Eléctrico venezolano cuando formulamos la primera Ley Eléctrica en 1999. Es la misma persona que alentara la desnacionalización de la EDC en Mayo 2000 a manos de la norteamericana AES, una compra-venta cuya impugnación fuera admitida por el TSJ en 2006 (expediente 1939) y cuyos disminuidos activos fueran luego comprados por el gobierno en 2007.

En 2003 es el Ali Rodríguez trepado a la presidencia de PDVSA quien descapitaliza de conocimientos centenarios e irreemplazables a la industria petrolera venezolana y quien, en un hecho de sicariato por juzgarse, asesina el proyecto Orimulsion, combustible termo-eléctrico solo venezolano y todo venezolano con 12 años de inserción en 3.000 MW instalados en Canadá, Europa y el sur-este asiático.

Es Ali Rodríguez, en fin, quien siembra a R. Ramírez en el MEM (2000) y juntos desatan un proceso de destrucción y entrega del Sector Energía y de la Nación, haciendo de PDVSA un estado-paralelo. Por demás previsible, el modelo de Empresa Mixta instituido en las industrias del petróleo y del gas habría de instituirse en la industria eléctrica. Se trata de la cesión de derechos economicos de la Nación -propiedad y renta- a manos de gobiernos amigos y sus empresas de conveniencia reemplazantes de las nacionales y de nuestros profesionales. Ensayos tempranos abundan: argentinos en Macagua I, brasileños en Tocoma, cubanos en sus discretos ambitos misioneros.

Más grave aún -y en alarde de ignorancia suma- es Ali quien pontifica a favor de los chinos proveyendo turbinas de 600 MW y líneas a 400 kV Caroní-Andes; de rusos proveyendo centrales nucleares; de cubanos rehabilitando La Mariposa (75 MW). En otras palabras: la función de planificar es desinstitucionalizada en aras de negociados de ocasión. Durante la primera decada del siglo XXI el Sector Eléctrico acusa la inyección de dineros eléctricos (que no de inversiones) en el orden de $40.000 millones y -al igual que lo hizo en PDVSA 2003 bajo crisis- es también Ali Rodríguez quien administra ad libitum los dineros de la crisis eléctrica, crisis intencional. Procónsul que es de La Habana, Ali Rodríguez ejecuta un guión de hechura cubana-putinesca.

La solución a las crisis institucional y estructural del Sector Eléctrico radica en un cambio político.