Derechos Humanos: SIP Condena a Venezuela

Resolución de la reunión de Medio Año de la SIP sobre Venezuela

Resolución - Venezuela

CONSIDERANDO que el gobierno del presidente Hugo Chávez y el control que ejerce sobre los poderes públicos le permite seguir imponiendo leyes violatorias de la Constitución Nacional y de los tratados Internacionales, que niegan derechos humanos esenciales como la libertad de expresión;

CONSIDERANDO que esas legislaciones favorecen la criminalización de la disidencia y la persecución por razones políticas sin el debido proceso;

CONSIDERANDO que este proceso incluye el control de todo medio electrónico y amenaza la difusión de noticias a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales;

CONSIDERANDO que la persecución policial, política y judicial contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, contra el periodista y editor del diario El Nuevo País y la revista Z, Rafael Poleo y contra la periodista Patricia Poleo, les obliga a permanecer en el exilio;

CONSIDERANDO que el Estado Venezolano incumple la obligación dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de garantizar la libertad de buscar recibir y difundir información y el derecho a la integridad física a los periodistas y directivos de varios medios de comunicación en Venezuela;

CONSIDERANDO que continúan cerradas 34 emisoras (2009), el canal televisivo RCTV y RCTV Internacional;

CONSIDERANDO que el Art. 2 de la Declaración de Chapultepec establece que "toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos";

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE:

Condenar ante la Comunidad Internacional la OEA y la ONU, las actuaciones y leyes violatorias de los principios democráticos que ha sancionado el presidente Chávez;

Exigir al gobierno el cumplimiento de la Constitución y de los tratados Internacionales;

Solicitar al gobierno que se permita la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.