Ginebra: un nuevo fracaso del fachochavismo

Por: José Rafael López Padrino

En régimen ha cosechado una nueva derrota a raíz del Examen Periódico Universal (EPU), al que se sometió en días pasados en la ciudad de Ginebra. Al margen de la propaganda Goebbeliana del oficialismo, “Venezuela ha salido muy bien parada", de haber contado con una numerosa delegación (más de 37 funcionarios), y de haber manipulado y deformado groseramente la realidad, el gobierno del inquilino de Miraflores salió con la tablas en la cabeza. Este fracaso constituye una gran derrota política para el proyecto del tte coronel, pues evidencia que el periodo de tolerancia y condescendencia internacional para con el gobierno llegó a su final. Quedo evidenciado claramente que para la inmensa mayoría de los países de la ONU las credenciales democráticas del fachochavismo bolivariano son más que dudosas y precarias.

El boletín emitido por la propia Organización de Naciones Unidas nos ha permitido conocer la realidad. El  mismo señala que de 148 recomendaciones, Venezuela solo aceptó 95 y asumió 10 compromisos voluntarios. El régimen puso en evidencias su poco carácter democrático cuando rechazó las 38 recomendaciones que en su mayoría se relacionaban con el respeto a la libertad de expresión, a la independencia del poder judicial, así como aquellas relacionadas con la necesaria modificación de los Código Penal y Militar. Otras 15 sugerencias fueron diferidas para su posterior discusión. Más allá de las declaraciones oficiales en la cuales se afirma que el gobierno Venezolano refuerza la cooperación con los mecanismos internacionales de los derechos humanos, la conducta del régimen al no acatar el 25% de dichas recomendaciones demuestra todo lo contario.

Si bien algunas de las observaciones fueron formuladas por países como Estados Unidos, el cual no dispone del aval moral para cuestionar a otros miembros en materia de derechos humanos, llama la atención el rechazo hacia las observaciones formuladas por Australia, y Alemania quienes básicamente invocaron el artículo 255 de la Constitución, el cual establece: "El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados por los jurados". Es bien sabido que en la actualidad más del 50% de los 1.920 jueces que hay en Venezuela son provisorios y accedieron a sus puestos porque fueron designados (a dedo) por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Que a pesar de que en el 2005 se puso en marcha el proceso para la regularización de la titularidad de los jueces, el TSJ no ha vuelto a convocar ningún concurso y la designación de jueces sigue siendo el marco de la provisionalidad y en la mayoría de los casos basada en la identidad de los postulados para con el proceso.

Igualmente el régimen desatendió la petición hecha por delegaciones como la de Japón y Bélgica sobre la necesidad de reformar el salvaje y anacrónico Código Penal así como el Código de Justicia Militar, para suprimir los delitos de vilipendio, difamación e injuria, inexistentes prácticamente en toda América latina; la Ley de Partidos Políticos, la cual obliga a los diputados votar lo que su tolda les ordena so pena de inhabilitación, y/o desechar definitivamente el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, instrumento que busca controlar el financiamiento que las ONG reciben desde el exterior. O la formulada por su aliado Brasil en cuanto a la necesidad de abrir un diálogo con las organizaciones pro Derechos Humanos para diseñar planes sobre el respeto de los Derechos Humanos.

También fueron renuentes en aceptar que el Gobierno acate las decisiones emanadas por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como lo ordena el artículo 23 de la Carta Magna. No olvidemos que Desde 2002 el régimen se ha negado insistentemente a autorizar que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puedan ingresar al territorio nacional, bajo el argumento de que los mismos están parcializados y que responden a una agenda desestabilizadora auspiciada por el imperio. Tampoco se comprometió a sancionar a los agresores contra periodistas o activistas de Derechos Humanos, ni a respetar el derecho del ciudadano a la información sobre la gestión pública.

El régimen solo recibió el respaldo de unos pocos países, muchos de ellos beneficiarios de las donaciones y créditos que el tte coronel les ha otorgado a cambio de su apoyo político (Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, etc.) o de aquellos con quienes mantiene estrechas relaciones políticas y económicas como son el caso de China, Irán, Bielorrusia, y Rusia. Pero, más allá de ellos la comunidad internacional en general reprobó al gobierno del indigente intelectual de Miraflores en la materia de los derechos humanos.

En Ginebra el fachochavismo bolivariano mostró su verdadera cara, la de un régimen militarista que no tolera la diversidad política, que se niega a aceptar criticas y observaciones en torno a su desempeño autoritario del poder y que violenta los derechos humanos fundamentales en nombre una mal llamada revolución.