Los coletazos de Bandagro

Por: ALEJANDRO TINEO SALAS

Firmantes de las Notas

Hemos leído en días recientes dos opiniones, una más enjundiosa que la otra, de dos eminentes periodistas Nelson Bocaranda y Patricia Poleo, publicadas en los periódicos donde su columna aparece desde hace años, el primero, y la segunda en el recién fundado por Leocenis García, cuya libertad no podemos menos que celebrar, pues la de opinar jamás debe vivir detrás de los barrotes donde ella se pisotea.

Patricia Poleo escribe con datos extraídos de las declaraciones de los involucrados directos en el caso aclarando que el interventor mayor Cordero Vale, pagó una deuda millonaria en dólares a un banco extranjero, de lo cual nada se supo, ni investigación se condujo, dejando al banco con 300 millones de saldo en rojo, hecho tampoco investigado, como menos se ha hecho con la normalidad que el acarigueño le atribuye a la emisión de papeles como las Notas Promisorias, bautizadas por ellos como Promissory Notes, hechos que no vinieron a la luz en el proceso de 21 días que condujo el tribunal de la Dra. Mildred Camero en septiembre de 1993, catalogados los delitos hoy como tentativa de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y tentativa de utilidad por acto administrativo, que por tratarse de tentativa se agotaban en un acto, por lo cual es imposible atribuirle ahora, como lo dicen las fiscales y la juez, que conocen de los hechos, el carácter de continuada. Si ella se agota en un acto, no puede haber continuidad, a menos que el sujeto tente o lo haya intentado todos los días desde 1.993 al 2.011.

Resalta en la página de la periodista, con cepa salida de esta tierra, que la Fiscal Milena Contreras Sotillo, dictó un acto conclusivo, al cual, agregamos nosotros, ningún caso hicieron los otros fiscales, para los cuales el organismo dejó de ser único e indivisible, resultando un monstruo de mil cabezas, cada una de las cuales actúa en consecuencia, sin responder al tronco común, al producir una querella contra quien escribe por delitos prescritos cinco veces, amparados por la cosa juzgada que terminando la averiguación produjo el Tribunal de Salvaguarda en 1,994, donde ni siquiera se me privó de la libertad preventivamente, por no existir ayer y hoy, los varios elementos de convicción justificantes.

Como añadido Patricia atribuye a la Dra. Marisol Plaza y los funcionarios del Ministerio de Finanzas, como lo hemos sostenido, la responsabilidad que les incumbe en el reconocimiento de esos papeles, hecho constitutivo de delitos respecto de los cuales, existiendo la denuncia ante la Fiscalía, nada se ha hecho, no obstante acompañar copia de su trabajo al Tribunal IV de Control que conduce la averiguación contra mí, evidenciando la complicidad de todos, más grave aún, cuando disponiendo de mi estudio sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de la emisión, ninguna acción han ejercido contra la ex y los portadores de los títulos inexistentes, por tal razón.

Nelson Bocaranda se refiere a la verdad de la emisión, emanada de confidencias de Elbano Fontana Nieves, razón por la cual se negó a concurrir a una audiencia en Suiza para no reconocer el hecho, como a la tenencia de bonos en manos de los Sres. Ángel Infante y José Nicolás Tovar Jiménez, quienes han madurado cifras en títulos próximas a los Us 125 millones el primero y 75 millones el segundo.

Lo cierto es que firmados o no, sin la aprobación del Presidente en Consejo de Ministros, ni visto de bueno del Ministerio de Hacienda, ni opinión favorable del Banco Central, sin una ley aprobatoria por el Congreso de entonces, las NPB de Bandagro C.A, lo recalco, nada valen, como nada vale tampoco el aval referido por Bocaranda prestado por el ministro Luis Ugueto: siguen siendo billetes de monopolio, lo cual sostengo en estudio sobre el tema desde el año 1993 y lo saben desde la Fiscalía, al Tribunal del Control, y recién también el Procurador General, que como profesor y estudioso, esperamos se digne utilizarlo, con las palabras suyas, demandando en el país a quienes reclamen sus pretendidos derechos, conforme al mandato del legislador constitucional de 1961.