La Audiencia Nacional llama a Chávez a colaborar contra ETA

El tribunal entrega a Caracas a un presunto asesino a la espera de que haga lo mismo con etarras

Por: Manuel Altozano

Fuente: El País (Esp)

Chávez y Cubillas Fontán

La Audiencia Nacional está a punto de enviar un mensaje a Hugo Chávez. Lo hará, como se hacen estas cosas en Justicia, en forma de auto. Su contenido, aprobado por el pleno de la Sala de lo Penal y que está siendo redactado por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, viene a ser el siguiente:

Concedo la extradición a Venezuela de un presunto asesino machista nacido en ese país aunque con nacionalidad española, pero con una condición. Que Caracas dé garantías de que hará lo propio con los delincuentes nacidos en España y con doble nacionalidad que acoge y que están reclamados por jueces españoles.

Lo más probable es que la resolución no los nombre, pero en el estudio del asunto estuvo muy presente el caso de Arturo Cubillas Fontán —funcionario del Gobierno venezolano procesado por el juez Eloy Velasco por pertenencia a banda armada como presunto organizador de cursillos de manejo de armas y explosivos a miembros de ETA en aquel país— y de otros cinco presuntos etarras implicados en la misma trama. La orden de busca y captura contra Cubillas Fontán emitida por el juez español causó un conflicto diplomático con Venezuela. Chávez calificó de “señalamientos infames e inaceptables” las afirmaciones realizadas por el magistrado de que su Gobierno colaboró con ETA y las FARC. Hasta el momento, las autoridades venezolanas se han negado a detener a Cubillas a pesar de la orden internacional de detención cursada contra él. Y la justicia de ese país se niega a extraditarlo argumentando que la Constitución venezolana impide entregar a sus nacionales.

España, sin embargo, sí atendió en junio la orden internacional de detención de un juez venezolano contra Alejandro Iglesias y arrestó en Santiago de Compostela a este presunto asesino machista, acusado en ese país de “homicidio calificado por medio de incendio y por motivos fútiles e innobles”. Según la justicia de ese país, tras una discusión por motivo de celos”, Iglesias “roció a su novia, Bárbara González Camanica, con una sustancia combustible desconocida y después la prendió fuego”. Acto seguido la dejó en un hospital y se dio a la fuga. La mujer, con quemaduras en el 70% de su cuerpo, falleció.

Cauce de colaboración

La situación de Iglesias en España es similar a la de Cubillas y varios de los etarras reclamados —José Ignacio Etxarte, José Ángel Urtiaga, José Miguel Arrugaeta, Ignacio Domínguez y José María Zaldua— en Venezuela pero a la inversa. El presunto homicida nació en ese país en 1981, pero en 1996 optó por la nacionalidad de su padre, la española. Aun así, a diferencia de lo que hizo Caracas con Cubillas, la Audiencia ha decidido entregarlo. Porque, según la legislación venezolana, Iglesias conserva la nacionalidad de ese país a pesar de ejercer la española. También porque los hechos que se le imputan se cometieron en Venezuela y sobre una víctima de ese Estado, luego es este quien debe investigarlo.

La solución dada por la Audiencia al caso busca abrir un cauce de colaboración judicial entre ambos países —roto desde la reclamación de los presuntos terroristas— y escenificar la buena voluntad de la Justicia española. El tratado de extradición entre ambos Estados les permite denegar la entrega de sus nacionales, pero la Audiencia rechaza ejercitar ese derecho porque, en ese caso, el asesinato machista quedaría impune.

El delito imputado a Iglesias por Venezuela es, además, de mayor gravedad que los que la Audiencia achaca a Cubillas y el resto de presuntos etarras que le reclama España. El Código Penal venezolano castiga esa infracción con una pena de entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que la pertenencia o colaboración con organización terrorista que pesan sobre Cubillas y el resto de presuntos miembros de ETA oscila entre los cinco y los 14 años de prisión.

La garantía de reciprocidad exigida a Venezuela por la entrega de Iglesias no es la única condición impuesta por el tribunal. En caso de ser condenado, el presunto homicida podrá exigir cumplir su pena en cárceles españolas. Ahora, como en todas las extradiciones, la última palabra sobre su entrega a Caracas corresponde al Consejo de Ministros.