Criminalización y judicialización de la protesta social
Por: José Rafael López Padrino
El régimen facho del “impostor de Miraflores“ ha profundizado la criminalización y judicialización de la protesta social. Es una política canallesca orientada al control social de la población para enfrentar y acallar la protesta de los ciudadanos, de las organizaciones sindicales y políticas. Es la transformación de los conflictos sociales en litigios judiciales.
El régimen apoyándose en la mayoría con que cuenta en la Asamblea Nacional ha procedido a dotarse a si mismo de las herramientas necesarias para implementar esta política perversa. Reformó el Código l Procesal Penal y recientemente aprobó (30/04/2012) la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Estos nuevos recursos jurídicos, aunados a la existencia de un Ministerio Público y un Poder Judicial genuflexos han servido para que los facho-bolivarianos procedan, sin mayores contratiempos y amparados por la Ley, a la criminalización y judicialización de la protesta. Vale acotar que la ambigüedad de la LOCDOFT hace que la misma pueda ser utilizada políticamente para reprimir a los ciudadanos, a las organizaciones políticas, sociales y sindicales no afines al proceso. A las personas detenidas en los sucesos posteriores al 14A, el Ministerio Público les aplicó la LOCDOFT de manera injustificada y absolutamente discrecional. Utilizan esta Ley para deslegitimar las protestas, desmoralizar y demonizar a sus participantes y calificar de terroristas a quienes exigen sus derechos.
La criminalización y judicialización de la protesta por parte del régimen socialfascista bolivariano forma parte de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por el ya fallecido tte coronel, basada en la visión maniquea de que el país esta divido en dos grandes fuerzas opuestas: la del bien y la del mal, la de los patriotas y los antipatriotas, amigos y enemigos. Ha sido la imposición de un Estado militarizado contrario al Estado de Derecho. Estado militarizado que no reconoce los derechos individuales y colectivos a todos aquellos a quienes se les considera enemigos del proyecto facho-militar. Es el concepto filosófico impulsado por Carl Schmitt, jurista Alemán quien jugo un papel relevante en el proceso de legitimación del régimen nacional-socialista de Hitler. Referido como el apóstol jurídico del nazismo fue el autor del concepto amigo-enemigo y de la noción bélica que implicaba su eliminación física. Principios jurídicos utilizados por el régimen de Hitler para justificar el exterminio del pueblo judío, sobre la premisa de ser enemigos de la Patria.
La política de la mano dura represiva y de la criminalización y judicialización de la protesta no es algo nuevo. Constituye uno de los tantos legados perversos que nos dejó el tte coronel y que lamentablemente ha sido continuado por el usurpador y reposero del Palacio de Misia Jacinta. Claramente ha sido un intento para tapar las problemáticas sociales y silenciar el legítimo reclamo de los sectores populares. Según estimaciones de varias organizaciones no-gubernamentales, así como de sindicatos no oficialistas, existen en el país cerca de 1.200 personas procesadas por participar de protestas sociales, en especial sindicales. Responde a la política fascista del régimen de abordar la protesta con un criterio judicial que incluye acciones intimidatorias, represivas y carcelarias, etc. Todo ello orientado a generar una matriz de opinión, cada vez más arraigada, de calificar la lucha popular como delito, y por ende darle un tratamiento judicial basado en conductas persecutorias y criminalizadoras.
Para el régimen bolivariano todas las actividades individuales o colectivas que se dan en el país son actos de guerra a favor o en contra de la revolución, entiéndase “la Patria”. Todo individuo u organización contraria a los intereses de la revolución deben considerarse como enemigos y por ende su neutralización o eliminación selectiva “están justificadas”.
La mal llamada revolución bolivariana esta llegando a su fin. El desengaño y la frustración privan entre sus seguidores. La manipulación de la miseria ya no funciona como antes, la mentira ya no entusiasma y la intimidación ha perdido su efectividad. La pobreza y la precariedad social siguen en aumento a pesar de los extraordinarios ingresos de la renta petrolera. La crisis económica carcome la estabilidad del país, y la legitimidad del presidente de la República es una quimera. La represión salvaje, la criminalización de la protesta y la militarización de la seguridad ciudadana (sacar la FAN a la calle) forman parte de la política de terrorismo de Estado que el usurpador Maduro y sus adláteres están dispuestos a instrumentar a fin de darle continuidad a la descompuesta y pestilente revolución socialfascista bolivariana
El régimen facho del “impostor de Miraflores“ ha profundizado la criminalización y judicialización de la protesta social. Es una política canallesca orientada al control social de la población para enfrentar y acallar la protesta de los ciudadanos, de las organizaciones sindicales y políticas. Es la transformación de los conflictos sociales en litigios judiciales.
El régimen apoyándose en la mayoría con que cuenta en la Asamblea Nacional ha procedido a dotarse a si mismo de las herramientas necesarias para implementar esta política perversa. Reformó el Código l Procesal Penal y recientemente aprobó (30/04/2012) la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Estos nuevos recursos jurídicos, aunados a la existencia de un Ministerio Público y un Poder Judicial genuflexos han servido para que los facho-bolivarianos procedan, sin mayores contratiempos y amparados por la Ley, a la criminalización y judicialización de la protesta. Vale acotar que la ambigüedad de la LOCDOFT hace que la misma pueda ser utilizada políticamente para reprimir a los ciudadanos, a las organizaciones políticas, sociales y sindicales no afines al proceso. A las personas detenidas en los sucesos posteriores al 14A, el Ministerio Público les aplicó la LOCDOFT de manera injustificada y absolutamente discrecional. Utilizan esta Ley para deslegitimar las protestas, desmoralizar y demonizar a sus participantes y calificar de terroristas a quienes exigen sus derechos.
La criminalización y judicialización de la protesta por parte del régimen socialfascista bolivariano forma parte de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por el ya fallecido tte coronel, basada en la visión maniquea de que el país esta divido en dos grandes fuerzas opuestas: la del bien y la del mal, la de los patriotas y los antipatriotas, amigos y enemigos. Ha sido la imposición de un Estado militarizado contrario al Estado de Derecho. Estado militarizado que no reconoce los derechos individuales y colectivos a todos aquellos a quienes se les considera enemigos del proyecto facho-militar. Es el concepto filosófico impulsado por Carl Schmitt, jurista Alemán quien jugo un papel relevante en el proceso de legitimación del régimen nacional-socialista de Hitler. Referido como el apóstol jurídico del nazismo fue el autor del concepto amigo-enemigo y de la noción bélica que implicaba su eliminación física. Principios jurídicos utilizados por el régimen de Hitler para justificar el exterminio del pueblo judío, sobre la premisa de ser enemigos de la Patria.
La política de la mano dura represiva y de la criminalización y judicialización de la protesta no es algo nuevo. Constituye uno de los tantos legados perversos que nos dejó el tte coronel y que lamentablemente ha sido continuado por el usurpador y reposero del Palacio de Misia Jacinta. Claramente ha sido un intento para tapar las problemáticas sociales y silenciar el legítimo reclamo de los sectores populares. Según estimaciones de varias organizaciones no-gubernamentales, así como de sindicatos no oficialistas, existen en el país cerca de 1.200 personas procesadas por participar de protestas sociales, en especial sindicales. Responde a la política fascista del régimen de abordar la protesta con un criterio judicial que incluye acciones intimidatorias, represivas y carcelarias, etc. Todo ello orientado a generar una matriz de opinión, cada vez más arraigada, de calificar la lucha popular como delito, y por ende darle un tratamiento judicial basado en conductas persecutorias y criminalizadoras.
Para el régimen bolivariano todas las actividades individuales o colectivas que se dan en el país son actos de guerra a favor o en contra de la revolución, entiéndase “la Patria”. Todo individuo u organización contraria a los intereses de la revolución deben considerarse como enemigos y por ende su neutralización o eliminación selectiva “están justificadas”.
La mal llamada revolución bolivariana esta llegando a su fin. El desengaño y la frustración privan entre sus seguidores. La manipulación de la miseria ya no funciona como antes, la mentira ya no entusiasma y la intimidación ha perdido su efectividad. La pobreza y la precariedad social siguen en aumento a pesar de los extraordinarios ingresos de la renta petrolera. La crisis económica carcome la estabilidad del país, y la legitimidad del presidente de la República es una quimera. La represión salvaje, la criminalización de la protesta y la militarización de la seguridad ciudadana (sacar la FAN a la calle) forman parte de la política de terrorismo de Estado que el usurpador Maduro y sus adláteres están dispuestos a instrumentar a fin de darle continuidad a la descompuesta y pestilente revolución socialfascista bolivariana
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