Fiscal Alejandro Castillo acusado de lavado de dinero en Miami

FUENTE: Diario El Comercio Via Venezuela Al DIA

Alejandro Castillo

Paradójicamente el hombre que debe encargarse de acabar con la delincuencia organizada queda en entredicho al aumentar su prontuario, al verse involucrado en una denuncia por adquisición de propiedades estimadas en un millón de dólares en la ciudad de Miami a través de testaferros con fondos provenientes de negocios ilícitos.

El Director General contra la delincuencia organizada del Ministerio Público, Alejandro Castillo Soto, C.I. 15147917, funcionario íntimamente vinculado a Raúl Gorrin y a Alejandro Andrade, ex tesorero del país; y Daniel Medina Sarmiento, ex fiscal del Ministerio Público; fueron demandados ante un juzgado federal de Miami por legitimación de capitales a través de la compra de varias franquicias de la empresa Before & After, con la intermediación de testaferros.

La causa hoy signada con el número 12-50187 CA 40 tiene su origen en las irregularidades descubiertas tras la negociación concretada, entre noviembre de 2011 y enero de 2012, entre Rosa Méndez, propietaria de la cadena estadounidense, y Sandra Rodríguez quien actuaba, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, en representación de Castillo Soto y Medina Sarmiento luego que así la autorizaran ante una corte norteamericana.

La denuncia también incluye a Sandra Rodríguez, testaferra de los antes mencionado y comadre de Castillo; y a la empresa en nombre de la que está actuaba: Kutmal LLC. Se trata de una firma cuyo socio mayoritario se encuentra en suelo venezolano, la Corporacion Kutmal C.A., poseedora del 95% de las acciones.

En relación a la empresa Kutmal C.A el equipo de investigación de El Comercio pudo conocer que fue registrada en el año 2005 a nombre de Rossana Salazar –hermana de Rodríguez- y Alejandro Guerrero, con el único fin de tapar operaciones de lavado de capital de Castillo Soto. Posteriormente pasan a dirigir estas operaciones Guido Enrique Ríos y Rossana Salazar, a pesar de no tener la fuerza económica que justificara los movimientos financieros que la empresa sostenía.

La gran pregunta que aquí surge es ¿cómo puede un fiscal de competencia nacional que gana aproximadamente de 11.000 Bs. puede obtener fondos para hacer operaciones financieras de miles de dólares?

Esto sólo puede justificarse con la información que filtra una alta fuente oficial, y es que Alejandro Castillo ofrece protección judicial a Alejandro Andraden y a su testaferro Raúl Gorrín, nuevo dueño de Globovisión.

El vocero rojo agrega que Castillo recibe cheques en dólares, desde una cuenta en un banco en Suiza, también a través de sus tesoreros, de empresas relacionadas a Raúl Gorrin. “Una vez que operaciones ilícitas de lavado de capital encienden las alarmas de Sudeban y son remitidas a la Fiscalia Contra La Delincuencia Organizada para que esta actué, Castillo se encarga de evitar averiguaciones que incriminen al nuevo dueño de Globovisión.

UN PRONTUARIO DE SOBORNOS

Resulta paradójico señalar que el director contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, Alejandro Castillo, encargado de velar por el buen funcionamiento de las dependencias financieras y su no vinculación con grupos delictivos, esté implicado en delitos de lavado de dinero en el ámbito internacional.

Aunque la denuncia en el ámbito internacional es relativamente nueva, el nombre de Castillo y el de Medina no lo es dentro del aparato de justicia del país norteamericano. A finales del año 2010 sus nombres salieron de las confesiones de Rafael Ramos, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien fue interventor designado de varias casas de bolsa y estrechamente vinculado al Presidente de la CNV, Tomás Sánchez.

En sus declaraciones ante el FBI, Ramos mencionó a los fiscales Alejandro Castillo, ex director de actuación procesal de Ministerio Público, (segundo al mando después del titular del despacho) y Daniel Medina, Fiscal Nacional Bancario, destituido a raíz de este episodio. Según la confesión, Medina y Castillo serían figuras claves en la red de extorsionadores que se conformó en torno al caso del fraude bancario 2009-2010.

Tanto fiscales, como administradores, policías e interventores habrían extorsionado a empresarios a nombre del gobierno venezolano; o por lo menos así quedó señalado por Ramos en su declaración al FBI, cuando se disponía, casualmente, a ejecutar el cobro producto de extorsiones aplicadas al dueño de la intervenida Casa de Bolsa Uno Valores. De esa manera, producto de tal declaración, se destapó una olla donde un grupo de funcionarios gubernamentales extorsionan a empresarios con la amenaza de quitarles sus empresas si no les dan dinero para acomodar los informes de las interventoras gubernamentales, en el corazón de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Era en ese entonces clave Alejandro Castillo por el cargo que ocupaba en ese momento, director de actuación procesal del Ministerio Público, es decir, la más alta figura del despacho, después de la Fiscal General pues estaba encargado, entre otros aspectos, de coordinar y supervisar la gestión operativa de las direcciones de delitos del Ministerio Público, entre ellas, la dirección de Delitos contra la Corrupción, que trabaja de forma conjunta con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por lo cual fue más que clave durante la red que se desarrollaba en ese entonces y por la cual fue nombrado por el mencionado ex funcionario público.

¿IMPUNE?

Según el instrumento legal contra la corrupción de la justicia venezolana, cualquier funcionario público, como en el caso de los mencionados en esta investigación al trabajar en el Ministerio Público, que ostenten bienes por encima de los ingresos que puedan obtener en su ejercicio laboral, así como por ingresos propios quedarán a la orden de la justicia, a menos que puedan demostrar como obtuvieron los mismos de forma lícita.

Hay que resaltar que actualmente, según información laboral dentro de la instancia judicial, un fiscal con competencia nacional, como en el caso de Alejandro Castillo, recibe un ingreso anual alrededor de los 132 mil bolívares que en dólares al cambio oficial, al día de hoy, estaría por el valor de los 20 mil 952 dólares. Tomando en cuenta este valor, resultaría difícil creer que un fiscal general durante gran parte de sus años de servicio pudiese optar por comprar una franquicia en el país norteamericano, como en este caso, cuyo valor por derecho de funcionamiento, tiene un costo que ronda el millón de dólares

Teniendo en cuenta que el valor de estas acciones superan los ingresos lícitos que pudiese obtener este funcionario alrededor de parte de su carrera de funciones en la administración pública, estaría incurriendo en el delito de enriquecimiento ilícito, al menos que demuestre lo contrario. La ley en cuestión define en su artículo 46 que se incurre en enriquecimiento ilícito cuando el funcionario obtiene durante el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no se pueda justificar.

Quedando entonces a la orden de la justicia, sancionado con prisión de tres (3) a diez (10) años, siempre y cuando no constituya otro delito, como lavado de capitales, por el cual se asignaría una pena mayor. Así queda definido en el artículo 73 del instrumento legal.

Hay que resaltar que el artículo 23 de la misma ley establece que todo funcionario, a los 30 días siguientes a la toma de posesión de un cargo y a la salida del mismo deberá presentar declaración jurada de sus bienes, a fin de hacer un seguimiento a los bienes cosechados de este funcionario durante su trayectoria en dicho cargo.