Justicia Penal Venezolana: La Peor del MUNDO!!

Ubican en el puesto 97 de 97 a juzgados nacionales

La justicia penal venezolana es vista como la peor del mundo

El estudio fue elaborado a partir de entrevistas a catedráticos, abogados en ejercicio, defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios en los 97 países evaluados, a los cuales se les consultó si consideraban que sus países existía un sistema de investigación criminal eficiente, sobre la eficacia del sistema carcelario para regenerar a los delincuentes.

El caso de la jueza Afiuni es uno de los tantos que ponen en entredicho la independencia de los tribunales penales (Oswer Díaz Mireles/Archivo)

LO QUE DEBERÍA SER Y LO QUE ES

POR: JUAN FRANCISCO ALONSO

FUENTE: EL UNIVERSAL

"Nos falta mucho todavía para revolucionar por dentro el sistema de administración de justicia". Días después de que el presidente Nicolás Maduro Moros hiciera este acto de contrición, en su discurso ante la Asamblea Nacional, se conoció que la justicia penal venezolana es percibida como la peor del mundo.

En el Índice de Estado de Derecho 2012-2013 que elaboró la organización no gubermanental estadounidense The World Justice Project los tribunales penales del país se ubicaron en el último puesto del ranking, pues apenas obtuvieron una puntuación de 0.24 sobre 1, por debajo incluso de países de dudosa calidad democrática como Zimbabue, Irán o China.

El hecho de que en este reporte el universo de poderes judiciales a evaluar aumentara en 31, al pasar de 66 a 97, no ayudó en lo más mínimo a los juzgados nacionales que quedaron, por segundo año consecutivo, en el último lugar.

Razones de la reprobación 

El estudio fue elaborado a partir de entrevistas a catedráticos, abogados en ejercicio, defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios en los 97 países evaluados, a los cuales se les consultó si consideraban que sus países existía un sistema de investigación criminal eficiente, sobre la eficacia del sistema carcelario para regenerar a los delincuentes, sobre su percepción de la corrupción en los juzgados y si consideraban que los jueces eran independientes de otros poderes a la hora de decidir sus casos. Para exintegrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y activistas de Derechos Humanos consultados por El Universal los resultados del reporte sobre Venezuela son una verdad del tamaño de un templo.

"Estamos en el foso porque aquí no hay justicia. Veamos lo que ha hecho la jueza del caso del comisario Iván Simonovis (Adas Armas): Nada, porque está esperando a que en el Gobierno le digan qué hacer", se lamentó la magistrada emérita de la Sala Penal, Blanca Rosa Mármol de León; quien atribuyó la mala imagen de los tribunales nacionales "al control absoluto que el Gobierno ejerce sobre ellos".

Opinión similar dio Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, quien señaló: "El Índice muestra las consecuencias de la destrucción del sistema de justicia por parte del Ejecutivo con el fin de controlarlo" y que, según él, quedó de manifiesto con la paralización de los concursos de oposición para el ingreso de los jueces hace más de siete años.

"El Gobierno se dio cuenta que la mejor manera de controlar a la justicia era controlando a los jueces mediante su nombramiento y por ello en lugar de nombrarlos mediante concursos, como manda la Constitución, lo cual obligaría a darles la titularidad y solo removerlos por procedimientos en los que podrían defenderse, los designa el TSJ a dedo y así mismo los saca", afirmó.

En 2009, el Ejecutivo Nacional informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Venezuela había 1.896 jueces, de los cuales 936 (40,3%) eran titulares y 960 (50,64%) provisorios, temporales o transitorios.

Sin embargo, esta cifra se ha incrementado en los últimos cinco años fundamentalmente por dos razones: La suspensión de jueces titulares en el marco de procedimientos administrativos abiertos por supuestas irregularidades, los cuales son reemplazados por provisorios; y por la apertura de nuevos tribunales.

En el último lustro se han abierto 15 tribunales penales municipales, 28 especializados en Violencia contra la Mujer, una decena de contencioso administrativos; así como otros tantos agrarios, de Protección del Niño y Adolescente, etc; y quienes los dirigen fueron ubicados allí por la Comisión Judicial del TSJ y son considerados por esta instancia de libre nombramiento y remoción.

El estatus pesa, pero 

Para Mármol de León la provisionalidad en la que están el grueso de los jueces y la práctica totalidad de los fiscales y defensores públicos influye en la mala administración de justicia, pero aclaró que esta no es la única razón.

"Los jueces titulares también son presionados y pesa sobre ellos como una losa el caso Afiuni", señaló la otrora miembro de la Sala Penal.

Mármol ha sostenido a lo largo de los últimos años que la detención de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, y su posterior procesamiento, por dejar en libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, ha servido para inhibir a los jueces de tomar decisiones contrarias a los intereses del Gobierno.

Por otro lado, aseveró que mientras desde el TSJ se siga utilizando la figura de los presidentes de los circuitos judiciales penales, que es meramente administrativa según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), para girarle instrucciones a los jueces se mantendrá la actual situación que, según ella, ilustra perfectamente la frase del célebre escritor español Francisco de Quevedo: "Donde no hay justicia es peligroso tener razón".

Romero, entretanto, afirmó que es necesario retomar los concursos, pues "son la única forma objetiva de demostrar que los jueces tienen capacidad para ejercer sus cargos". Asimismo abogó por dotar al Poder Judicial, al Ministerio Público y las policías de más recursos humanos y técnicos para superar la impunidad que, según distintas organizaciones, supera el 90%.

Por último, el Director del Foro Penal Venezolano indicó que la elección de un Fiscal General de la República y un Defensor del Pueblo que "no actúen como políticos" también ayudará a cambiar la percepción que hay del sistema de administración de justicia.