Venezuela: Los narcotraficantes amenazan los logros democráticos en Centroamérica

POR ELLIOTT ABRAMS

Fuente: The Washigton Post Vía IASW

Elliott Abrams es es un académico especializado en estudios del Medio Oriente para el Consejo de Relaciones Exteriores. Fue asesor adjunto para seguridad nacional en la administración de George W. Bush y secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos en la administración del presidente Reagan.

Hace tres décadas, el presidente Ronald Reagan convocó a un grupo de líderes republicanos y demócratas – conocida como la comisión Kissinger – y le encargó hacer recomendaciones sobre cómo Estados Unidos podría ayudar con mayor eficiencia a los países de América Central a erradicar la presencia soviética y los movimientos guerrilleros cubanos mediante la promoción de la democracia y el desarrollo económico. Reagan se enfrentó a una fuerte oposición por parte de algunos sectores en Washington, pero sus políticas – y los sacrificios de muchos amigos de Estados Unidos en la región – ayudaron a materializar tres décadas de relativa paz y crecimiento económico en América Central.

Desafortunadamente, esas ganancias están en riesgo. Los desafíos de la región hoy en día tienen que ver menos con ideología y más con criminalidad y corrupción, factores que amenazan con socavar las instituciones democráticas, el imperio de la ley y la seguridad pública.

El infortunio de la región es estar atrapada entre dos países, Colombia y México, que han atacado frontalmente al crimen organizado y particularmente a los carteles de la droga. Esto es maravilloso- excepto porque la situación ha empujado a las organizaciones criminales a trasladar sus operaciones a entornos más hospitalarios. Centroamérica se ha llevado la peor parte de esta embestida. Sus países han sido invadidos y abrumados por las fuerzas criminales que sobrepasan por mucho sus pequeños cuerpos de policía, sus recursos y armamento.

Pero esto es más que un problema de la criminalidad desenfrenada. El dinero del narco está corrompiendo a funcionarios e instituciones y creando ambientes permisivos para las operaciones de contrabando de drogas de los cárteles. Esta corrupción, en los más altos niveles de gobierno, amenaza directamente la democracia, la seguridad regional y los intereses de los EE.UU.

En Honduras, los votantes recientemente socavaron el intento del ex presidente Manuel Zelaya de volver al poder al rechazar la candidatura presidencial de su esposa, Xiomara Castro. Zelaya perdió el poder en 2009 después de intentar ilegalmente en varias ocasiones de modificar la constitución de su país. También es perseguido por acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Las estadísticas son alarmantes: El Departamento de Estado estima que “hasta un 87 por ciento de todos los vuelos de contrabando de cocaína que salen de Sudamérica aterrizan en Honduras.” Para enfrentar esta amenaza se requiere a un gobierno dispuesto a cooperar con los Estados Unidos y sus vecinos para negar la infiltración de narcotraficantes a su territorio.

La nueva preocupación es El Salvador, que elegirá a un nuevo presidente el próximo 2 de febrero. El diario Los Angeles Times informó en 2011 que “Las bandas mexicanas de la droga que rápidamente han infiltrado Centroamérica conocen a El Salvador como “El Caminito”. El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado del 2013 cataloga a El Salvador como “un importante país de tránsito para las drogas ilegales con destino a los Estados Unidos desde los países de origen en América del Sur”.

El candidato presidencial del partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) es el ex guerrillero de izquierda, Salvador Sánchez Cerén. Él se enfrenta a Norman Quijano, alcalde de San Salvador y candidato del partido de oposición ARENA. Hace cuatro años, el FMLN ganó con un candidato relativamente moderado, Mauricio Funes- pero Sánchez Cerén y sus aliados pertenecen a las facciones del partido más radicales, y algunos de ellos tienen vínculos directos con narcotraficantes y el gobierno de Venezuela.

Entre los principales traficantes de droga en América Central se encuentra el grupo guerrillero colombiano FARC, que ha transformado su “lucha armada” al trasiego de narcóticos. Expertos estiman que las FARC gana entre $500 millones y $600 millones al año con el comercio ilegal de drogas”, de acuerdo con las Naciones Unidas.

Los archivos decomisados ​​a las FARC en una incursión colombiana en 2008 revelaron los lazos íntimos entre las FARC y el dirigente del FMLN José Luis Merino, quien es la mano derecha de Sánchez Cerén. Merino es “el hombre de las FARC en El Salvador”, de acuerdo con el veterano periodista de América Latina José de Córdoba. El diario español ABC informó el mes pasado cómo Merino ayudó a organizar una reunión entre la mafia italiana y señores de la droga de las FARC.

Merino, conocido como Comandante Ramiro durante las guerras de El Salvador, ha sido durante mucho tiempo un alto funcionario del Partido Comunista de El Salvador y el hombre encargado del dinero en el FMLN. También dirige los vínculos del partido con ALBA Petróleos, la empresa del gobierno venezolano que en El Salvador brinda gasolina subsidiada a las ciudades administradas por el FMLN. Los beneficios de la venta de gasolina a precios de mercado se supone que están destinados a proyectos sociales, pero en general se cree que una buena parte de estos recursos acaban en manos del FMLN.

“Hay suficiente información que pinta a Merino como alguien con fuertes conexiones con las FARC,” comentó Michael Braun, ex director de operaciones de la Agencia Antidrogas de EE.UU. el mes pasado. Con El Salvador dolarizado y recibiendo cerca de $4 mil millones en remesas de salvadoreños en los Estados Unidos, las oportunidades de lavado de dinero son enormes.

El impacto de una posible victoria de Sánchez Cerén en términos de cooperación antidrogas entre los Estados Unidos y El Salvador y su cooperación en términos de seguridad podría verse comprometida. Los Estados Unidos tiene un lugar clave de operaciones de avanzada en El Salvador para vigilar e impedir el tráfico de drogas y el FBI colabora con la policía local contra el tráfico por parte de las pandillas salvadoreñas. ¿Podrían estas actividades continuar ahora que se conocen los vínculos entre el FMLN, las FARC y el gobierno venezolano? 

Treinta años después del informe de la comisión Kissinger, la democracia y la paz en América Central están de nuevo en peligro. Esta vez, la intervención extranjera es de bandas criminales inmensamente ricas. La postura de neutralidad en elecciones por parte de EE.UU. es correcta- pero nuestro apoyo a hacia Zelaya en Honduras en 2009 y nuestro fracaso hoy en día de exponer nuestra preocupación sobre los vínculos de la droga del FMLN pueden alterar el resultado de las elecciones de igual manera. Si individuos como el Comandante Ramiro llegan al poder, la esperanza de los salvadoreños para consolidar la democracia y la paz, y nuestras propias esperanzas para continuar con la cooperación contra el tráfico de estupefacientes se pueden perder.