Senadora Landrieu Sabotea Sanciones de los EE.UU. Contra Criminales Chavistas!

Por: EDGAR C. OTÁLVORA

Fuente: Diario Las Américas

Senadora Landrieu

El Gobierno venezolano se habría valido de la empresa Citgo para frenar la aprobación de sanciones a funcionarios por haber cometido violaciones a los derechos humanos. 

 

El Gobierno venezolano se habría valido de la empresa Citgo para frenar la aprobación de sanciones en su contra por parte de EEUU. 

El viernes 01AGO14 diversos medios de prensa dieron como un hecho que el proyecto de ley S.2142 titulado “Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela” sería considerado y aprobado por la plenaria del Senado. 

El procedimiento utilizado para su aprobación sería el de una vía rápida, sin debate del texto, para lo cual se requería que ningún senador presentara objeciones previas al proyecto. 

Aquel viernes era una fecha crítica por ser la última sesión antes de las vacaciones parlamentarias. Los proponentes de la ley, el demócrata Robert Menéndez (New Jersey) y el republicano Marco Rubio (Florida), habían logrado destrabar diversas objeciones de senadores, incluso eliminando del texto una partida presupuestaria para “apoyar” la democracia en Venezuela. 

El proyecto de ley no pudo ser presentado a causa de la repentina aparición, el jueves 31JUL14, de una objeción de la senadora Mary Landrieu, demócrata por el estado de Luisiana. Landrieu logró bloquear la aprobación del proyecto de sanciones contra altos funcionarios venezolanos señalados por violaciones a los derechos humanos. La senadora preside el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de EEUU. 

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La senadora Landrieu, parlamentaria desde el año 1997, bloqueó la vía rápida a la ley de sanciones contra funcionarios venezolanos, alegando que su aprobación podría afectar el empleo en el estado que representa. Landrieu, quien está en campaña para la reelección, explicó que la aprobación de sanciones contra funcionarios chavistas podría tener un “impacto negativo” en las importaciones de crudo que la refinería situada en Lake Charles recibe desde Venezuela, lo cual afectaría el empleo de 2.000 trabajadores. 

La refinería, a la cual hizo referencia Landrieu, pertenece a la empresa Citgo, cuyo propietario es el Gobierno venezolano. En otras palabras, según la argumentación de Landrieu, el Gobierno de Venezuela supuestamente dejaría de enviar crudo a su propia refinería en caso de aprobarse la ley de sanciones contra funcionarios. 

Diversas fuentes señalan que la senadora Landrieu mantiene cercanos vínculos con la empresa Citgo, la cual ha actuado en el pasado como un agente político del chavismo dentro de EEUU. La empresa Citgo figura como contribuyente a la actual campaña para la reelección de Landrieu y el nombre de la senadora aparece, en notas de prensa, como asistente a actividades sociales promovidas por la empresa. 

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Un reportaje firmado por Byron Tau publicado el 07AGO14 en el portal Politico, devela aspectos de la maniobra chavista en Washington. Tau habría tenido acceso a varios emails cruzados entre la senadora Landrieu, funcionarios de su oficina y la empresa Citgo. 

En esos correos queda patente el hecho de que el bloqueo a la ley de sanciones fue producto de una estrategia acordada por Landrieu con la empresa Citgo. 

La oficina de Landrieu habría mantenido constantemente informada a Citgo sobre las conversaciones en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, durante el jueves 31JUL14, cuando se procuraba destrabar la aprobación. 

Citgo habría suministrado a la oficina de Landrieu la argumentación para que la senadora se opusiera a la rápida aprobación de las sanciones. Confirmando datos ya publicados por otras fuentes, entre ellas el Center for Responsive Politics, el periodista Tau señala que el Gobierno venezolano, por intermedio de Citgo, contrató servicios de lobby de las empresas Squire Patton Boggs y Cornerstone Government Affairs. 

La contratación habría coincidido con el inicio de los trámites en el Congreso de EEUU, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, para la aprobación de leyes sancionatorias contra altos funcionarios venezolanos. 

Según Tau, la senadora Landrieu mantiene larga relación con Squire Patton Boggs, una de las empresas de lobby contratadas por Citgo. La oficina de Landrieu negó que estas empresas hubieran participado en el tema de las sanciones contra Venezuela, por lo que de ser cierto, significaría que Citgo operó directamente con la senadora, tal como documenta Tau. La ley de sanciones tendrá que esperar hasta que la plenaria del Senado lo incluya en su agenda en el mes de septiembre. En paralelo, el Gobierno Maduro estaría considerando vender Citgo, con lo cual perdería uno de sus brazos políticos dentro de EEUU, amén de una importante fuente de ingresos. 

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Mientras en el Congreso de EEUU siguen bajo consideración leyes para imponer sanciones a funcionarios venezolanos, el Gobierno Obama amparado en la "Immigration and Nationality Act" procedió administrativamente, el 30JUL14, a incluir a un grupo de funcionarios del Gobierno venezolano en la lista de quienes no puede ingresar a territorio estadounidense. 

La decisión, así como el listado de los sancionados, fue revelada por funcionarios del Departamento de Estado a miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores de las dos cámaras del Congreso de EEUU. En la mañana del 04AGO14, en entrevista concedida a la estación bogotana “W Radio”, el subsecretario adjunto para Asuntos Hemisféricos, John Feeley, ofreció información adicional sobre las sanciones. 

Explicó que no se trataba de una medida general que afectara “al pueblo de Venezuela, sino de “medidas focalizadas, específicas para impedir la entrada a EEUU de veinticuatro oficiales (funcionarios), principalmente de la fuerza castrense, venezolanos” acusados de “violaciones a los derechos humanos”. Ministros, funcionarios judiciales incluyendo jueces, militares de la Guardia Nacional, funcionarios de la policía política Sebin, estarían en la lista de quienes EEUU acusa de “represión sistemática del Gobierno contralas fuerzas democráticas”. 

Según Feeley, quien es un veterano diplomático especializado en Latinoamérica, la decisión de establecer estas sanciones fue consultada con los Gobiernos de Dilma Rousseff (Brasil) y Juan Manuel Santos (Colombia).