Las dos salidas constitucionales de una situación insostenible

Por: Jesús Antonio Petit da Costa

Son la renuncia de Maduro o, en su defecto, el contragolpe constitucional ordenado por la Constitución de 1961 que aún está vigente pero suspendida de hecho por el Golpe de Estado sistemático y continuado que se inició en 1999.

Para la situación del país, que no puede prolongarse más por insostenible, sólo veo, desde mi perspectiva de independiente, dos salidas constitucionales: la renuncia de Maduro o el contragolpe constitucional. La primera tendría por consecuencia el cambio de gobierno, pero mantendría la tiranía cuyo fundamento es la Constitución de facto impuesta por el Golpe de Estado sistemático y continuado que se inició en 1999. Igual a lo que ha pasado con la sucesión de Chávez a Maduro. Su renuncia sería la jugada para salvarse él y a sus compañeros de la prisión e incautación de sus bienes, sólo posible evitando el contragolpe constitucional que pondría fin a la tiranía con la resurrección de la democracia mediante el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución de 1961. Si Maduro no renuncia, dará lugar a que entren en acción los que llenen el vacío de liderazgo que padece el país rompiendo con la MUD colaboracionista. Es lo que se deduce de las encuestas y se huele en el ambiente.

Exigirle la renuncia a Maduro procede debido a su ilegitimidad de origen porque no ha probado haber nacido en el territorio nacional o, en su defecto, de padres venezolanos en el exterior cumpliendo los trámites posteriores, y en todo caso por tener doble nacionalidad como se presume de su filiación materna por lo menos (madre colombiana). Se agrega a lo anterior la inconstitucionalidad de los actos sucesorios, viciados desde el principio por no existir prueba legal del fallecimiento del anterior titular del cargo y de cuándo, donde y de qué murió. Cualquiera en su caso, con un mínimo de sensatez, habría renunciado espontáneamente y en cualquier país serio se lo habrían exigido o lo habrían depuesto por usurpador. Ni él es sensato ni estamos en un país serio porque no hay instituciones que cumplan su rol, por lo cual ocurrirá, si sus propios compañeros no lo hacen renunciar, lo que siempre ha ocurrido en Venezuela: habrá inevitablemente un reventón, en este caso el contragolpe constitucional ordenado por la Constitución de 1961 que sigue vigente, aunque está en suspenso a consecuencia del Golpe de Estado iniciado en 1999 que la declaró inconstitucionalmente derogada. El contragolpe constitucional consistiría en restablecer la vigencia efectiva de la Constitución suspendida. Sería sustituido de inmediato el sistema político instaurado por el Golpe de Estado sistemático y continuado desde 1999. No sólo eso. He aquí lo mejor del Art. 250, precisamente lo que temen los golpistas en el poder: “Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior (la derogación por acto de fuerza o por cualquier otro medio distinto al previsto en la Constitución como sucedió en 1999) y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de la Constitución.” Se invertiría la situación actual: todo el alto gobierno iría preso, salvándose únicamente los que colaboren en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución de 1961. Estos pasarían a ser colaboracionistas del gobierno democrático.

Pero lo que les aterra de verdad es perder lo robado ya que la Constitución rehabilitada ordena “la incautación de todo o parte de los bienes de estas mismas personas (los golpistas que nos han gobernado desde 1999) y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se les hayan causado.”

Con el fin de asegurarnos de que así sea deberíamos pedirles a todos los gobiernos democráticos del mundo que sigan el ejemplo dado por Estados Unidos: prohibirles la entrada para que no puedan escapar a la justicia de la nueva democracia y congelarle los bienes mientras la República procede a su incautación.