El poder de un cártel de la droga en Venezuela

Por: Jackson Diehl

Fuente: The Washington Post

Traducción: IASW

Venezuela sufre de la inflación más alta del mundo, es el segundo país con más homicidios y tiene una escasez paralizante de alimentos, medicinas y bienes de consumo básico. Su gobierno autoritario tiene preso a 70 políticos, entre ellos al alcalde de Caracas y al líder de la oposición Leopoldo López. A Venezuela también se le acusa de violaciones a los derechos humanos, de tortura, de detenciones ilegales y de represión contra los medios de comunicación independientes.

Todo esto es bien conocido y finalmente está comenzando a ganar un poco de atención por parte de líderes latinoamericanos que durante años hicieron todo lo posible para apaciguar o ignorar a Hugo Chávez y a su “Revolución Bolivariana”. Lo que se entiende menos es el factor que hará mucho más difícil que se implementen cambios políticos o económicos: El régimen de Chávez, dirigido desde su muerte por Nicolás Maduro, no solo alberga a una pandilla de socialistas descabellados, sino también a uno de los mayores cárteles de la droga en el mundo.

Desde que comandos colombianos capturaron la computadora de un líder de las FARC hace ocho años, se ha sabido que Chávez dio a la narcoguerrilla colombiana santuario y que les permitió traficar cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos con la ayuda del ejército venezolano. Pero no fue hasta que un ex guardaespaldas de Chávez desertó a los Estados Unidos en enero cuando la dimensión de lo que se conoce como el “Cártel de los Soles” comenzó a hacerse pública.

De acuerdo con varias fuentes informativas, Leamsy Salazar ha cooperado con fiscales federales estadounidenses que están elaborando procesos penales en contra de una serie de generales venezolanos de alto rango y funcionarios de ese gobierno. El nombre más importante es el de la persona para la que Salazar fungió como jefe de seguridad después de la muerte de Chávez: Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional y el segundo hombre más poderoso del régimen después de Maduro.

Al día siguiente de la llegada de Salazar a Washington el diario español ABC publicó un relato detallado del caso contra Cabello. El mes pasado, el reportero del ABC, Emili Blasco, dio seguimiento a la historia con un libro que pone las denuncias de Salazar y otros desertores al descubierto. También relata, de acuerdo a estos desertores, como se le ha permitido al régimen comunista de Cuba y a la milicia libanesa Hezbolá el unirse a las actividades criminales en Venezuela. Esto fue seguido por un largo informe en el Wall Street Journal la semana pasada donde se menciona que el cártel de Cabello en Venezuela se había convertido en “un centro mundial para el tráfico de cocaína y lavado de dinero.”

Cabello ha respondido con la táctica más común del régimen: un asalto contra la prensa. El mes pasado interpuso una demanda por difamación en contra de 22 periodistas de tres organizaciones de noticias venezolanas que publicaron relatos de los informes de Blasco. Entre ellos se encuentra El Nacional, que es el único diario nacional independiente. A principios de mayo, sin molestarse en celebrar un juicio, un juez impuso la pena que Cabello buscaba. El régimen hace mucho que se adueño del poder judicial. A los periodistas se les prohibió salir del país y se les ordenó presentarse en la corte una vez por semana.

La orden se dio mientras el editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, estaba viajando por el extranjero. La semana pasada voló a Washington para buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos. El régimen, me dijo, está desesperado por desviar las acusaciones de tráfico de drogas, lo que podría destruir lo que queda de su credibilidad internacional. Mientras los izquierdistas en América Latina y los Estados Unidos han estado dispuestos a pasar por alto los ataques a la oposición y los medios de comunicación, “nadie quiere asociarse con los traficantes de droga”, dijo Otero.

“Este es un golpe muy serio al régimen”, dijo Otero. “Su única forma de combatir es decir que se trata de una conspiración de derecha dirigida en Miami y Madrid, y decir que la prensa que reporta sobre las acusaciones son parte de esta conspiración.

No está claro cuando y si los fiscales en Estados Unidos presentarán cargos contra Cabello y sus asociados, pero es poco probable que se den arrestos. El año pasado, Estados Unidos intentó capturar al ex jefe de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal en Aruba pero fracasó. No obstante, la información que se haga pública sobre el cártel podría dividir y aislar al régimen. Cabello dirige una de las tres “familias” que, de acuerdo con Otero, están luchando por el legado de Chávez; los demás están encabezados por Maduro y por la hija de Chávez. Sólo Cabello está vinculado con los cargamentos de cocaína y hay elementos dentro de la cúpula militar que operan por separado en el trasiego de drogas.

Al igual que muchos líderes de la oposición, Otero tiene la esperanza de que Venezuela pueda resolver la crisis a través de la democracia. Si las elecciones para la Asamblea Nacional este año se llevan a cabo y son justas, la oposición debería ganar fácilmente. Pero el mandato de Maduro no termina hasta el 2019 y los que están en el régimen vinculados al tráfico de drogas y vulnerables a acusaciones por parte de los Estados Unidos no entregarán voluntariamente el poder. Militares o elementos rivales dentro del régimen podrían movilizarse contra ellos? De acuerdo con Otero: “La situación es tan dramática y tan catastrófica que la probabilidad de que algo así ocurra es alta.”