La presencia del narcotráfico en Venezuela En el espejo de Noriega

Hasta hace tres meses, la DEA no había hallado propiedades en Estados Unidos a nombre de Diosdado Cabello, clave para sustentar una acusación contra el número dos del chavismo.

Por: Leo Felipe Campos

Fuente: El Espectador

Capo Diosdado Cabello

“El mismo Walid Makled dijo allá, desde la cárcel donde lo tienen, que él tiene toda la información suficiente para que Estados Unidos intervenga en Venezuela como intervino en Panamá para llevarse a Noriega”. Estas declaraciones, leídas así sin contexto, pudieran atribuirse a cualquier opositor al gobierno de Nicolás Maduro. Pudiera creerse, incluso, que fueron formuladas durante la última semana. Sin embargo, son del fallecido presidente Hugo Chávez y datan del 07 de noviembre de 2010, hace casi un lustro, cuando asistió a un programa de televisión en Cuba.

Chávez se refería a Walid Makled, el hoy convicto narcotraficante detenido tres meses antes en Cúcuta y fue posteriormente trasladado a una prisión en Bogotá.

Makled, venezolano de origen sirio, fue un opulento empresario que amasó junto a su familia una gran fortuna durante los primeros años del gobierno de Chávez. Dueño de la aerolínea Aeropostal, entre otras compañías, y de la concesión del principal puerto marítimo y terminal de carga de Venezuela, ubicado en el estado Carabobo, se convirtió en aliado público y notorio del exgobernador de esa entidad, el militar chavista Luis Felipe Acosta Carlez, quien le recibió sonriente y frente a las cámaras de televisión importantes donaciones de dinero.

Después de su detención en 2010, Makled ofreció varias entrevistas y en todas señaló como aliados y cómplices de sus fechorías a jueces, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), familiares de ministros, contraalmirantes y generales vinculados al gobierno bolivariano. En paralelo, Estados Unidos, desde el Departamento del Tesoro y la Dirección Antinarcóticos del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) consideró que Makled y sus hermanos tenían vínculos con el lavado de dinero producto del narcotráfico, y solicitó su extradición al gobierno de Colombia. Pero el criminal, finalmente, fue enviado a Venezuela en mayo de 2011, donde hoy paga una condena de 14 años y seis meses de prisión.

En aquel noviembre de 2010, Hugo Chávez advirtió sobre una posible jugada política del gobierno de Estados Unidos desde un programa televisivo en La Habana. Esa misma semana, dijo, había hablado con el presidente Juan Manuel Santos en su despacho, en Caracas, y éste le dio su palabra: Makled iría a Venezuela.

¿Lucha política, antidrogas o ambas?

En agosto de 2005, Hugo Chávez expulsó a la DEA de Venezuela por considerar que estaban conspirando contra su gobierno al apoyar de forma subrepticia al narcotráfico en su país, de esta forma fracturó la cooperación con las autoridades estadounidenses y estimuló su aislamiento internacional en la lucha contra las drogas.

Desde ese año, algunas estructuras de las FARC y otras bandas criminales se reagruparon en Venezuela para escapar a las autoridades colombianas, según un extenso informe de la Corporación Nuevo Arco Iris que coordinó Ariel Ávila y se publicó en formato libro en 2012 bajo el título “La frontera caliente entre Colombia y Venezuela”. El documento, que se apoya en año y medio de investigaciones, afirma que en el estado Zulia están, por lo menos, tres carteles de la droga de México.

La DEA y algunos fiscales federales de los distritos sur de Nueva York y Florida investigan actualmente a funcionarios y militares venezolanos, especialmente a aquellos que han tenido acceso o funciones en puestos fronterizos, bajo la sospecha de que mantienen un centro global de tráfico de cocaína a modo de “puente aéreo” entre Colombia y Centro América, Estados Unidos y Europa. El pez gordo en esta batalla legal y política es el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello.

El promedio de vuelos sospechosos a través de Venezuela en 2012 aumentó el doble con respecto a 2005, según datos de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de EE.UU., y recogidos por el periodista Ignacio Mayorca. Solamente en 2013, las autoridades venezolanas detectaron 98 de esos vuelos.

El área de prensa del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, que ha cambiado de nombre varias veces y de ministro otras 15 desde que Hugo Chávez llegó al poder, diariamente envía un boletín en el que anuncian la captura de alguien vinculado al tráfico de estupefacientes. Entre 2009 y 2011, fueron aprehendidas unas 36.000 personas por ese tipo de delitos, más del doble de la capacidad instalada en el sistema penitenciario de Venezuela. Las cifras pertenecen a los informes anuales de su Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

A favor de las autoridades, hay que decir que más de 80 líderes u operadores importantes de este crimen organizado han sido apresados en los últimos años en Venezuela, el más notable: el colombiano Daniel Barrera Barrera, conocido como “El loco”, quien tenía propiedades en varios estados.

Cuando Walid Makled hizo públicas sus primeras acusaciones contra figuras del poder en Venezuela, no se habían entregado en calidad de testigos protegidos de la DEA tres piezas clave en este caso que arma la justicia norteamericana: un juez de alto rango en el sistema penal venezolano, y dos militares, uno de ellos muy cercano a Chávez y al propio Diosdado Cabello.

Sin embargo, las posibles presentaciones de cargos de parte de las autoridades federales de EE.UU. contra Cabello, y otros altos oficiales venezolanos permanecerán selladas hasta que sea posible realizar sus detenciones, “algo que sería difícil, si no imposible, a menos que los acusados viajen al exterior”, dice el reportaje de The Wall Street Journal publicado el 18 de mayo.

A diferencia de otros altos funcionarios del gobierno venezolano, la DEA no había hallado propiedades en Estados Unidos que estén a nombre de Cabello, y cuya adquisición pueda asociarse con actividades ilícitas, al menos hasta hace tres meses, según una investigación realizada por la periodista Valentina Oropeza para el portal Contrapunto. Los comprobantes de las transacciones y los bienes serían evidencias fundamentales para sustentar una acusación contra el presidente de la Asamblea Nacional venezolana por las instancias que encausan procedimientos penales por narcotráfico internacional.

¿Algo habrá cambiado desde entonces para que The Walt Street Journalse atreviera a revelar que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es el principal objetivo de las investigaciones? “A los que me acusan de narcotráfico, presenten una prueba, una solita”, dijo Cabello el martes pasado.

A finales de este año se elegirán las nuevas autoridades legislativas en Venezuela y las encuestas colocan a la coalición opositora como favorita por primera vez en muchas elecciones, producto de un descontento generalizado ya no solo en la clase media, sino en una mayor porción de la población, que a pesar de los aumentos salariales decretados por Nicolás Maduro, padece los efectos de unos índices elevados de desabastecimiento, una alta tasa de homicidios y una inflación que las autoridades del Banco Central de Venezuela ya no se preocupan en publicar.

Si bien, como sugiere el reportaje de The Walt Street Journal, un eventual juicio a Cabello y a otros militares venezolanos investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún parece distante, sí que le quitará tiempo al líder político y vicepresidente del PSUV de cara a la campaña por renovar su mayoría en la Asamblea que hoy preside, en virtud de las preocupaciones. Eso sí, una menor, si se toman como ciertas las creencias de Walid Makled y el propio líder de la revolución bolivariana, hoy fallecido: lo que busca la potencia del norte es acabar con su proyecto político, al igualarlo con el depuesto y apresado dictador y narcotraficante panameño Manuel Antonio Noriega.