Venezuela y el escándalo de Andorra

Fuente: CCD

El exjefe Antidrogas del Cicpc Norman Puerta, que se entregó hace 15 días, y Richard Cammarano, detenido el sábado en Maiquetía, están en el mismo expediente de lavado de dinero en la banca andorrana que la Fiscalía venezolana manejaba desde 2010

La información del periodista Javier Ignacio Mayorca de El Nacional revela que desde los primeros días de mayo, el comisario general jubilado del Cicpc Normal Puerta comenzó a consultar con abogados sobre la posibilidad de presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público para aclarar su situación en torno a la pesquisa sobre un supuesto lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Había pasado casi un mes desde que el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación divulgó un extenso trabajo en el que se recordaba los vínculos entre el exjefe Antidrogas de la policía judicial y otras seis personas, tres de ellas con expedientes por delitos relacionados con drogas.

Todo este grupo aparecía señalado en una misma causa, abierta formalmente en el principado europeo a propósito de una pesquisa policial denominada Operación Crudo, iniciada en 2007 por la unidad antiblanqueo andorrana. En 2010 Puerta estuvo preso 52 días en Andorra luego de ir a la sede principal de la BPA para reclamar la devolución del dinero que tenía congelado desde 2008 en una cuenta a su nombre.

Al conocerse la detención del policía en el principado, el Ministerio Público ordenó la instrucción de un expediente a la fiscal Yemina Marcano Rigual. Al regresar al país, Puerta compareció en el despacho de Marcano. Luego de una breve conversación quedó en libertad.

Desde 2010, la Fiscalía manejaba los nombres de siete personas que supuestamente habían depositado fondos de origen ilícito en la BPA. Además del comisario, figuraban en la lista Gabriel Gil Yánez, Juan Carlos Thula Rausseo, Tulio Antonio Hernández Fernández, Yajanira Dayana Ontiveros, Jorge Luis Mathinson, Miguel Djamous Kasale y Richard José Cammarano Jaimes.

Cammarano fue aprehendido el sábado pasado en el aeropuerto de Maiquetía cuando iba a tomar un vuelo a Portugal en compañía de la ex magistrada del TSJ Miriam Morandy; Tibisay Pacheco, asistente de la abogada, y un funcionario del Saime. El hombre de 46 años de edad fue presentado ante el Tribunal 31 de Control aunque estaba solicitado por los juzgados 12 y 22 por el delito de tráfico internacional de drogas a raíz de un decomiso de 1,2 toneladas de cocaína en una quinta de su propiedad en Prados del Este.

Cammarano y Puerta son los únicos dos detenidos de este grupo de venezolanos señalados por la legitimación de 1,4 millones de dólares. Según el Departamento del Tesoro de EEUU, en esa entidad financiera fueron blanqueados aproximadamente 4 millardos de dólares por funcionarios venezolanos.

En abril de este año, al resurgir el escándalo de lavado, los fiscales también pidieron la detención de los otros presuntos implicados. Djamous Kasale no estaba entre los solicitados, pues lo mataron en junio de 2009 en Los Chorros, en un crimen aún impune, atribuido a una banda de secuestradores.

Antes de presentarse en la Fiscalía, Puerta divulgó una declaración a través de su cuenta Twitter. Sostuvo que a dos de los imputados, Tulio Hernández y Gabriel Gil, los conoció el mismo día de 2006 en que fue por primera vez a la oficina de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, en el mismo acto en que le presentaron a los operadores la entidad financiera en el país, Antonio Salvador Lozano y Mariela Prieto González.

En Andorra y en Venezuela sabían que Hernández y Gil poseían pasaportes diplomáticos y que se identificaban como asesores del Ministerio de Finanzas. Este dato está en el expediente instruido por las autoridades del principado europeo. Puerta, sin embargo, lo niega.

“Eso nunca lo dijeron. Recientemente hablé con ellos a raíz de esta información y me manifestaron que ni siquiera conocían personalmente al ministro (Nelson) Merentes, sólo por televisión. Yo deduzco que esta es una campaña más de descrédito”, afirmó el exfuncionario.

Pep o no pep

Según las autoridades andorranas, cuando Puerta inició su relación con BPA omitió deliberadamente que había sido un alto funcionario de la policía judicial. No sólo fue jefe de Antidrogas, sino que llegó a ejercer la Dirección de Criminalística de la institución, poco antes de jubilarse. En cambio, se presentó como un ganadero del Distrito Mauroa de Falcón y presentó un carnet del gremio que lo certifica.

Si los oficiales de BPA hubiesen indicado en los datos de la cuenta que Puerta fue funcionario gubernamental, entraba en la categoría de “persona políticamente expuesta” (PEP), y se hubiesen visto obligados a escrutar detenidamente sobre el origen de los fondos que aportaba, ante la presunción de que podrían ser el producto de corruptelas. Así lo declaró ante el tribunal de Andorra el entonces director financiero del banco Santiago Roselló.

Cuando fue llevado al banquillo, Puerta admitió haber sido funcionario, pero insistió en que parte de los 1,4 millones de dólares depositados en su cuenta fueron producto de la negociación de 800 reses.

Para sacar los fondos del país, BPA hacía operaciones en el mercado internacional de permuta, utilizando empresas de papel registradas en Panamá. El comisario declaró ante un juzgado de Andorra que le depositaba bolívares a la cuenta de la firma Desarrollos Civiles 2104 CA, perteneciente a Mariela Prieto. Luego debía llevarle la constancia del depósito, para que ella autorizara la transferencia por el equivalente en dólares a la cuenta de la empresa que Puerta tenía en Panamá. De inmediato, estos fondos eran remitidos a una cuenta personal en BPA Andorra.

Los trámites para el registro de la empresa en el país centroamericano, así como la apertura de la cuenta bancaria correspondiente se hacían a través de BPA Servicios, una compañía manejada por los andorranos.

El diputado Julio Montoya, que recientemente viajó a Europa a recabar información sobre el caso, explicó que BPA no tenía una “agencia autorizada” en Venezuela, sino una “oficina de captación de fondos”, que operó por lo menos durante cinco años como dependencia de la sucursal de la entidad en Panamá.

“La oficina salió por iniciativa de la sucursal panameña cuando vieron el flujo de clientes venezolanos que iban para allá a abrir cuentas”, dijo.

El banco era objeto de vigilancia no sólo por haber captado dinero de procedencia aparentemente ilegal en Venezuela, tal y como lo reveló la llamada Operación Crudo. Más recientemente, a través de la Operación Cleotilde, la Guardia Civil detectó que hacía lo propio con importantes exponentes del crimen organizado ruso.