Ordóñez le pide a la CPI que ordene la captura de Maduro

Por el delito de deportación o traslado forzoso de población Ordóñez le pide a la CPI que ordene la captura de Maduro

Según el jefe del Ministerio Público, la “operación de limpieza” de Venezuela en la frontera es inadmisible y constituye un crimen de lesa humanidad.

Por: Juan David Laverde Palma

En Twitter: @jdlaverde9

Fuente: EL ESPECTADOR

El procurador Alejandro Ordóñez (centro) en Cúcuta, durante una vista a los colombianos expulsados de Venezuela. / La Opinión

“Por instrucción del señor Nicolás Maduro, la Guardia Venezolana empezó a hacer celadas contra colombianos, detenciones ilegales y privaciones de libertad sin una orden judicial, en especial a los hombres, vendándoles los ojos y subiéndolos en buses y camiones hasta la frontera o desapareciéndolos. De igual manera, las mujeres denunciaron haber sido objeto de abuso sexual y manoseo de parte de los miembros de la Guardia”. Este es uno de los apartes más reveladores de la petición del procurador Alejandro Ordóñez para que la Corte Penal Internacional (CPI) procese y capture al presidente de Venezuela y a varios funcionarios de su gabinete.

En un documento de 19 páginas conocido por Noticias Caracol, el jefe del Ministerio Público sostuvo que se reúnen todas las condiciones para que la cúpula del gobierno Maduro sea investigada y apresada por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de 12.000 colombianos que han sido expulsados del vecino país solo por su nacionalidad. Para el procurador, la deportación o traslado forzoso de población es un crimen consagrado en el Estatuto de Roma y, por eso, le solicitó a la fiscal Fatou Bensouda que expida la orden de captura contra Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; la canciller Delcy Rodríguez, el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, y dos generales venezolanos.

Alejandro Ordóñez señaló que desde hace varios meses el Estado venezolano ha venido expulsando arbitrariamente y de forma masiva a mujeres, niños, ancianos y hombres colombianos a los que ha querido asociar con el paramilitarismo. Muchos de ellos gozaban de la condición de refugiados o llevaban años viviendo con todos sus papeles en regla. Apoyándose en cifras entregadas por el delegado de la ONU, Ordóñez advirtió el drama humanitario que se vive en la frontera luego de haber visitado varios albergues en donde se apilan unas 10.000 personas.

Esta “operación de limpieza”, decretada por el gobierno Maduro bajo la peregrina tesis de que hay que acabar con el paramilitarismo y el contrabando en la frontera, constituye para el procurador una directriz política inaceptable que viola los derechos humanos y los estándares mínimos del Derecho Internacional. Aún más, estas acciones, ejecutadas y supervisadas por Maduro, pretenden criminalizar la delincuencia con la ciudadanía colombiana. Dichos ataques de la Guardia Venezolana han sido sistemáticos y generalizados y han obligado al exilio a miles de colombianos, muchos de los cuales tienen familiares en ambos países.

Según el documento, esta cadena de abusos se agravó el 21 de agosto pasado, luego de que Nicolás Maduro expidiera el decreto 1950, que estableció el estado de excepción en los municipio de Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del Táchira. Para el procurador, no hay duda de que perseguir y expulsar a una población en razón de su nacionalidad es un crimen de lesa humanidad que además revive el sustrato de las peores guerras de la historia: la xenofobia. “Para la perpetración de dicho crimen se ha empleado todo el aparato estatal a disposición del gobierno de Venezuela (...) La ejecución de esa política ha llevado a la comisión repetida del crimen y a la multiplicidad alarmante de víctimas”, asegura el documento.

Ordóñez documentó ocho ataques sistemáticos que justifican su petición. Primero, una campaña de persecución contra los pobladores colombianos en Venezuela; segundo, cientos de deportaciones arbitrarias sin justificación distinta al origen colombiano; tercero, la criminalización, humillación y tratos crueles; cuarto, las medidas de aislamiento, las casas demolidas y el hostigamiento sin orden judicial; quinto, múltiples casos de abuso sexual contra colombianas; sexto, las torturas sicológicas desplegadas por agentes estatales del vecino país; séptimo, la separación injustificada de padres colombianos e hijos nacidos en Venezuela, y octavo, la política de xenofobia. Una cruda radiografía de las violaciones de derechos humanos patrocinadas por el gobierno de Maduro.

Para Ordóñez, resulta inconcebible que autoridades venezolanas marcaran las casas de colombianos con la letra “R” de revisado o “D” de demoler y que no solo las destruyeran con sus bienes adentro, sino que saquearan las pertenencias legítimamente conseguidas por estos ciudadanos. Aún más, reprochó que centenares de colombianos resultaran en centros de detención bajo el ardid de que constituían un peligro para Venezuela porque eran paramilitares. El documento recogió los testimonios de 38 personas que fueron sacadas a empellones de sus viviendas y que hoy intentan sobrevivir en Cúcuta.

Los relatos desgarradores mostraron la agresión indiscriminada contra la población civil colombiana, supuestos abusos sexuales a mujeres indefensas, extorsiones de las autoridades venezolanas, entre otro largo etcétera de violaciones a los derechos humanos como retenciones ilegales y hasta desapariciones. Sin rodeos, Ordóñez responsabilizó a Maduro como principal autor y determinador de este crimen de lesa humanidad.

Con este arsenal de evidencias, y haciendo la salvedad de que Colombia no cuenta con jurisdicción para juzgar penalmente al presidente Maduro o a agentes militares y civiles de su gobierno, el procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la fiscal Bensouda que ordene la investigación y en la instancia procesal que corresponda que expida la orden de captura contra Maduro, Diosdado Cabello, la canciller Delcy Rodríguez, el gobernador José Vielma Mora y los generales Luis Reverol Torres, comandante de la Guardia Venezolana, y César Wilfredo Méndez, quien tiene a cargo la jurisdicción del estado Táchira. Una petición que promete levantar ampolla en momentos en que las relaciones entre Caracas y Bogotá están más calientes que nunca.