Vínculos Con Venezuela - EEUU presenta cargos contra seis policías de Honduras por tráfico de drogas

Fuente: La Tribuna - Honduras

Mario Guillermo Mejía Vargas

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos (EEUU) emitió en las últimas horas un comunicado en el que informa que se presentaron cargos en contra de seis agentes de la Policía Nacional de Honduras, acusados de tráfico de drogas y de armas de fuego hacia ese país.

Preet Bharara, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Mark Aldea, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de los Estados Unidos Drug Enforcement Administration (DEA), anunció que seis miembros de la Policía Nacional de Honduras, fueron acusados ​​hoy en corte federal de Manhattan de conspiración para importar cocaína y de armas de fuego a los Estados Unidos y otros delitos conexos.

Los seis acusados ​​son Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores, y Jorge Alfredo Cruz Chávez.

El caso está pendiente ante el juez de distrito Lorna G. Schofield, ante el que fue co-demandada Fabio Porfirio Lobo, el hijo del ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, quien se declaró culpable de un delito relacionado con el tráfico de drogas el 16 de mayo de 2016.

El fiscal de Manhattan Preet Bharara dijo: “Hoy presentamos cargos contra los seis agentes de la Policía Nacional de Honduras de participar en una conspiración masiva el tráfico de drogas que supuestamente inundó los Estados Unidos con cocaína. Como se alega, a través de sobornos a funcionarios públicos y la información sobre las investigaciones en curso y puestos de control policiales filtrados, estos acusados ​​acordaron garantizar el paso seguro de toneladas de cocaína a través de las selvas de Honduras en su camino hacia las ciudades norteamericanas. Agradecemos a la DEA por su trabajo en esta investigación importante lucha contra las drogas”.

De acuerdo con las alegaciones contenidas en la acusación formal relevante, otros documentos de la corte y las declaraciones hechas durante los procesos judiciales:

Entre aproximadamente 2004 y 2014, múltiples organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y otros países trabajaron juntos, y con el apoyo de los demandados y otros, para recibir las cargas de varios cientos de kilogramos de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia a través de las rutas aéreas y marítimas, y para transportar la droga hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los Estados Unidos.

Incluyendo algunos miembros de la Policía Nacional de Honduras – – Para la protección contra la interferencia oficial, y con el fin de facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de varios cientos de kilogramos de cocaína, los narcotraficantes sobornaron a funcionarios públicos por el acceso a la información sobre el curso investigaciones, controles militares y policiales, y las prohibiciones previstas narcóticos.

Carlos José Zavala Velásquez

El gobierno de Honduras declaró recientemente una “situación de emergencia” con respecto a la Policía Nacional de Honduras, y estableció una Comisión Especial con autoridad para investigar la corrupción y despedir o suspender a miembros de la Policía Nacional, entre otras sanciones.

A partir de la presentación de esta Acusación Reemplazando, la Comisión Especial ha sancionado a varios miembros de la Policía Nacional de Honduras.

Los acusados ​​eran miembros de la Policía Nacional de Honduras que participaron y apoyaron las actividades de tráfico de drogas de Lobo, entre otros.

A principios de 2014, Lobo estuvo de acuerdo en proporcionar seguridad y apoyo logístico para el transporte a través de Honduras de una carga de varias toneladas de presunta cocaína que Lobo cree que pertenecía al cártel de Sinaloa de México y que sería importada a los Estados Unidos.

Lobo acordó proporcionar esta asistencia en el entendimiento de que recibiría un interés financiero de más de un millón de dólares en ganancias.

En junio de 2014, Lobo introdujo dos individuos, narcotraficantes mexicanos y los reunión con los seis policías hondureños acusados. Durante una reunión, los acusados ​​muestran un mapa de Honduras y los puestos de control policiales ilustrados y una ruta planificada para la cocaína.

Víctor Oswaldo López Flores

Durante la misma sesión, cada uno de los acusados acordó aceptar un soborno por un monto aproximado de 100.000 dólares y para pagar a sus subordinados un total de 200.000 dolares en sobornos adicionales, con el fin de proporcionar seguridad armada para la cocaína, que transitó por Honduras antes de ser importado en los Estados Unidos.

Zelaya Romero, de 39 años, Mejía Vargas, 46, Ávila Meza, de 45 años, Zavala Velásquez, de 44 años, López Flores, de 43 años, y Cruz Chávez, de 39 años, han sido acusados por: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y (2) conspirar para usar y llevar armas de fuego durante y en relación con, y poseer armas de fuego en cumplimiento de, la conspiración de cocaína a la importación.

Zelaya Romero también está acusado de usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y que posee ametralladoras y dispositivos destructivos en cumplimiento de, la conspiración de cocaína-importación acusado en la acusación formal relevante.

Si es declarado culpable, Zelaya Romero enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, y los restantes acusados ​​enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Los acusados ​​siguen en libertad.

Lobo, que fue detenido en la República de Haití el 20 de mayo de 2015 y llegó a los Estados Unidos el 21 de mayo de 2015, se declaró culpable ante el juez Schofield el 16 de mayo de 2016, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.

Juan Manuel Ávila Meza

Lobo está programado para ser sentenciado el 15 de septiembre de 2016, y se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Las posibles penas mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritos por el Congreso y proporcionan aquí con fines informativos solamente, ya que cualquier condena de los acusados ​​será determinado por el juez.

El Sr. Bharara elogió el trabajo de investigación sobresaliente de la División de Operaciones Especiales de la DEA y el Departamento de la Oficina de Asuntos Internacionales de Justicia de Estados Unidos, por su ayuda en curso.

Este caso está siendo manejado por el Terrorismo de la Oficina y Unidad Internacional de Narcóticos. Fiscales federales adjuntos Emil J. Bove III, Matthew J. Laroche, y Michael D. Lockard están a cargo de la acusación.

Los cargos en la acusación formal relevante son meras acusaciones y los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.