Caso de los sobrinos de Maduro “salpica” a un magistrado y al director del INAC

Por: Adriana Nuñez Moros

A pesar de que Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron declarados culpables de participar en una operación de narcotráfico, el proceso judicial que se sigue en su contra aún no es un capítulo cerrado. La Fiscalía estadounidense responde a la petición de un nuevo juicio con más detalles sobre las formas de hacer “negocios” de los primos Flores

Liberar de la cárcel en Venezuela al narcotraficante Hermágoras González Polanco, uno de los jefes del Cártel de la Guajira, llegó a ser una prioridad para los hijos de crianza de la primera dama Cilia Flores. Para ello, según se detalla en el documento de oposición a la petición de un nuevo juicio, introducido ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por la Fiscalía estadounidense, Campo y Flores se encontraban estableciendo conexiones con la organización mexicana Sombrero —también denominada como la taco people— para obtener entre uno y dos millones de dólares que serían utilizados para financiar la liberación de González Polanco.

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2015 alias “Pepero”, socio de los Flores, habría hecho un viaje para participar en una reunión con miembros del Sombrero, en nombre de Campo y Flores. El mismo 27 de agosto Campo dijo a su primo que ya había advertido a “Pepero” que necesitaría el envío de un millón de dólares americanos para “reiniciar eso (la liberación)”, según consta en la evidencia GX 405-T.

A las 7:34 de la noche del 31 de agosto “Pepero” informó a sus socios sobre su “regreso” (probablemente a Caracas) por medio de un mensaje. “Pepe” detalló que los miembros de la organización Sombrero consideraban necesaria la liberación de González Polanco para lograr despachar tres mil kilos de cocaína desde Venezuela hasta la población de El Sombrero, en México.

Campo dijo a “Pepero” que él y su primo ya tuvieron una reunión con un magistrado —sin mencionar el nombre— para discutir el “caso” de Polanco y que le ofrecieron un millón de dólares para iniciar la negociación (evidencia GX 515-T). “Pepero” consultó a alias “Elías Tarrat” (también conocido como “Elio”), miembro de Sombrero, la disponibilidad del dinero y este aprobó la transacción. Visto como positivo el panorama, Campo ahora hace una jugada más ambiciosa: dice a “Pepero” que comunique a “Elio” que en verdad ofrecieron al magistrado un millón de dólares ahora y otro cuando ya Polanco estuviese libre.

“Pepero” les advirtió que esa negociación no sería favorable y que podría arruinar su papel en el envío del gran alijo de cocaína. Días después les indicó que ellos podrían obtener a crédito parte del cargamento que estaba en negociación. Muchos desencuentros distanciaron a los primos Flores de la “taco people”.

“(Campo) está buscando si hay algo en otra parte…porque estamos quedando muy mal frente a la gente con la que en verdad queremos trabajar”, recriminó Flores a “Pepe” en una comunicación del 28 de septiembre de 2015, fichada con la etiqueta GX 515-T. “Ahora mismo estoy en un viaje haciendo arreglos con otras personas como te dije…porque estaba cansado de esperar, hermano”, dijo Campo a “Pepero”. El 3 de octubre de 2015 Campo y Flores volaron en un avión privado a San Pedro Sula, Honduras, a la reunión que marcaría el inicio de la cacería de la DEA contra ellos.

La “mano peluda” en el INAC

Jorge Luis Montenegro Carrillo, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano (INAC) desde junio de 2015, es otro de los nombres de funcionarios del gobierno venezolano que figura en los documentos revelados en el proceso judicial que se sigue contra Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos del presidente Nicolás Maduro, en Estados Unidos.

En el documento de oposición se detalla una presunta conexión entre Gilson Barroeta Florez, supuesto proveedor de armas y socio de los sobrinos Flores, y Montenegro Carrillo. De acuerdo con la prueba etiquetada con el código GX 407-T, Barroeta Flores informa a Campo Flores sobre su intención de hacer una llamada telefónica al director del INAC con el fin de que este aprobara el vuelo de un jet Dassault Falcon desde Barquisimeto, estado Lara, hasta el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. La fecha tentativa de este vuelo era entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015. 

A pesar de que no queda claro en el documento si el traslado de la aeronave se hizo efectivo, la conversación revelada y la mención de Montenegro sugiere que pudo existir una línea directa entre el funcionario, los sobrinos Flores y sus aliados.

El INAC, instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, es el ente encargado de regular todo lo relacionado con la aeronáutica civil venezolana. Tiene potestad para regular las actividades en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, principal aeropuerto del país y lugar donde se ubica el hangar presidencial, desde donde Campo y Flores pretendían despachar un cargamento de 800 kilogramos de cocaína con destino Honduras.

Para Campo y Flores sus conexiones con las autoridades aeroportuarias venezolanas eran “oro en sus manos” porque “nadie tenía lo que ellos tenían”. “Esto (su acceso al aeropuerto) es un jonrón para nosotros. Nadie tiene tickets para viajar ahora mismo y nosotros ya tenemos las conexiones listas. Lo estamos haciendo bien”, es una frase que se le atribuye a Campo en un extracto de la prueba GX 403-T publicada en la página 18 del informe de la Fiscalía de Nueva York.

El uso de la aeronave de siglas venezolanas YV-2708 para transportar drogas en alianza con el jefe del Cártel de la Guajira, y con la organización mexicana Sombrero también habría estado entre los planes de los primos Flores en agosto de 2015. En la página 17 del documento se detalla la supuesta responsabilidad que tenía Campo para “ver el pájaro” (inspeccionar el avión) junto a un miembro de la organización Sombrero antes de concretar la negociación con González Polanco.

Iván Martínez Hernández, dueño del avión, relató a El Nacional que la aeronave contaba con la certificación del INAC y que, a principios de abril de 2015, el mismo organismo habilitó al piloto Carlos Justiniano a volar a pesar de que su licencia estaba vencida y el avión presentaba importantes desperfectos técnicos. Este avión fue incautado en República Dominicana el 26 de marzo de 2016 con 349 paquetes de drogas a bordo. Seis venezolanos fueron apresados en el marco de esta operación: Gregory José Frías Urbina, Gerardo Antonio Díaz Barroso, Jean Carlos Díaz Polanco, el copiloto Jorge Luis Henríquez Villalba y el piloto Carlos Luis Justiniano Núñez.

Para el 1 de octubre de 2015 el piloto del avión en el que, supuestamente, se haría el enorme envío de tres mil kilos de cocaína ya contaba con su permiso sellado por el INAC, según dijo “Pepero” a los Flores en una conversación reproducida parcialmente en la página 19 del documento presentado ante la corte neoyorquina. No queda claro si el avión a utilizar sería el mismo que incautaron las autoridades dominicanas seis meses después.

En la página 29 del informe se cita la evidencia GX 203-T, una conversación en la cual Campo Flores explica a CS-1 ―fuente confidencial de la Drug Enforcement Administration (DEA)―que él “ya había trabajado con jets Gulfstream antes” y que tendría la posibilidad de conseguir una aeronave modelo G2. Ambos entran en la categoría de aviones privados.