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viernes, marzo 24, 2017

Informe reciente describe la evolución y militarización del narcotráfico en Venezuela

POR: Escrito por Unidad Investigativa sobre Venezuela
Fuente: InSightCrime
Un_reciente informe describe la evolución del comercio de drogas en Venezuela y ofrece algunos datos sobre el aumento del papel del ejército en este negocio ilícito.

El informe, titulado "El tráfico de drogas ilícitas en Venezuela" (incluido al final de este artículo), fue escrito por la exjueza y zar antidrogas Mildred Camero, y presentado el 10 de marzo por el Observatorio de Delito Organizado, como parte de una serie de estudios sobre el delito organizado en Venezuela.

Camero argumenta que inicialmente la mayor parte del tráfico de drogas en Venezuela se realizó a manera de microtráfico por parte de civiles, en particular por jóvenes de las clases socioeconómicas menos favorecidas. Estos "niños de y en la calle", como el informe los describe, se dedicaban a traficar como una manera de ganar dinero de forma rápida, y lo hacían bajo la dirección de algún colombiano o de venezolanos con vínculos con Colombia.

Aunque el crimen organizado colombiano ha jugado un papel central en la evolución del comercio de drogas en Venezuela en lo que va corrido del siglo XXI, como señala Camero, el ejército de Venezuela no participó en el tráfico de cocaína en la primera década del siglo, como parece hacerlo ahora.

La droga era ingresada ilegalmente a Venezuela por grupos de civiles, principalmente de los carteles de Medellín y Cali, Colombia, y la participación de las fuerzas de seguridad solía limitarse a hacerse los de la vista gorda, a cambio de recibir sobornos, frente al paso de drogas y precursores químicos por la frontera. La participación de los soldados se limitaba además a los miembros de bajo rango de la Guardia Nacional. El informe pone el ejemplo de un grupo de agentes de bajo rango de la Guardia Nacional, llamado grupo "Fénix", que operaba a lo largo de la frontera en las primeras décadas del siglo.

Pero esta situación cambiaría en el año 2005, con la reforma de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que les dio a todas las instituciones militares poderes absolutos para investigar los crímenes relacionados con drogas.

Según los informes, estas nuevas prerrogativas, reafirmadas por la Ley Orgánica de Drogas, fueron la piedra angular para el desarrollo de poderosas redes criminales que llegaron a los más altos rangos del ejército de Venezuela. Estas redes se conocen como el Cartel de los Soles.

Camero subraya que, antes de que se aprobaran estas leyes, las únicas instituciones de seguridad que tenían jurisdicción sobre las investigaciones de tráfico de drogas eran el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Guardia Nacional. Pero, según Camero, aunque algunos miembros de estas instituciones facilitaban el tráfico de drogas, no estaban tan integrados con el crimen como las actuales redes de militares corruptos venezolanos.

El informe señala que los grupos de civiles, en particular los "colectivos", todavía están involucrados en la distribución de estupefacientes a pequeña escala. Los colectivos, que inicialmente fueron grupos que apoyaban ideológica y políticamente al régimen Chavista, han incursionado cada vez más en las actividades criminales, y se sospecha que la nueva generación de estos grupos son estructuras puramente criminales, que ocultan sus operaciones tras una fachada ideológica.

Los colectivos suelen ejercer control sobre territorios urbanos específicos, lo que les permite llevar a cabo una serie de actividades criminales, entre ellas el tráfico de drogas. Sin embargo, el contrabando de drogas en la frontera y el procesamiento de las materias primas siguen siendo operaciones llevadas a cabo sobre todo por los militares.

Además del papel cada vez mayor y más estructurado del ejército en el narcotráfico, Camero señala varios factores que han impulsado el comercio de drogas en Venezuela. Como se mencionó, por ejemplo, el informe señala que el tráfico de drogas en Venezuela ha estado influido durante mucho tiempo por la dinámica en su vecino, Colombia, donde se ha presentado un continuo aumento en el cultivo del principal ingrediente de la cocaína, la hoja de coca.

La autora afirma además que la crisis económica de Venezuela y la consecuente escasez de productos básicos han agravado el tráfico de drogas, dado que han normalizado diversas actividades ilícitas. La participación en el crimen se ha vuelto para muchos venezolanos uno de los pocos medios de subsistencia.

Análisis de InSight Crime

La experiencia de Camero le da cierta legitimidad para hablar sobre la historia del comercio de drogas en Venezuela, dado que la exjueza fue presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de Drogas entre 1999 y 2003. Pero algunas de las afirmaciones de la autora acerca del total control que actualmente ejercen los militares del país sobre el tráfico de drogas deben ser analizadas cuidadosamente, dada la relativa ausencia de información precisa sobre estos temas.

De hecho, en años recientes ha habido crecientes evidencias de que el ejército de Venezuela ha asumido un papel central en la dinámica del tráfico de drogas del país. Por ejemplo, las enormes incautaciones —como el descubrimiento, en el año 2013, de 1,4 toneladas de cocaína en un avión de Air France que se dirigía de Caracas a París— hacen que sea improbable que no haya participación de militares de alto rango en el narcotráfico a través de las redes de transporte de Venezuela.

Además, las acusaciones se han dirigido cada vez más específicamente contra los oficiales militares de alto rango. En 2014, Estados Unidos lanzó una acusación contra el entonces jefe de inteligencia militar por sus vínculos con el narcotráfico. Y en 2016, el exdirector de la Agencia Antinarcóticos de Venezuela, el comandante de la Guardia Nacional Nestor Reverol, fue acusado formalmente de narcotráfico por Estados Unidos.

Junto con otros incidentes de participación de los militares, estas sospechas han fortalecido la idea de que las fuerzas armadas de Venezuela han incrementado su papel en el tráfico de drogas más allá de ser simples facilitadores. Y el argumento de Camero de que los cambios legales de 2005 y 2010 fueron fundamentales para esta evolución es contundente.

Sin embargo, el tráfico de drogas tiende a ser un negocio oscuro, y en lugar de arrojar luz sobre la participación del ejército en el narcotráfico, el gobierno venezolano actual parece más inclinado a encubrirlo. Estos factores hacen difícil apoyar afirmaciones definitivas sobre el grado de participación de los militares en las actividades criminales.

Asimismo, la historia ha demostrado en toda Latinoamérica que poner al ejército al frente de la lucha contra el narcotráfico ha favorecido la corrupción de estas instituciones debido a que les permite un mayor contacto con el crimen organizado. Y Venezuela no es la excepción.

Por otra parte, en el país se han observado otras correlaciones entre la expansión de las prerrogativas militares y la participación de las fuerzas armadas en las actividades criminales. Un reciente informe de Associated Press describe el nivel en el que el ejército de Venezuela llegó a estar implicado en el tráfico de contrabando de alimentos después de la decisión de darles a las fuerzas armadas el control sobre las redes de producción y distribución de alimentos en el país.

Pero si bien el ejército de Venezuela parece sin duda estar involucrado en el crimen organizado, también han surgido acusaciones similares de criminalidad contra poderosas figuras civiles vinculadas al gobierno.

Por ejemplo, Diosdado Cabello, un exmilitar de bajo rango que ha ocupado importantes cargos civiles desde el año 2000, ha sido sospechoso repetidamente de ser una figura importante en el tráfico de drogas de Venezuela. Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela —condenados por un tribunal de Estados Unidos por intentar introducir 800 kilogramos de cocaína al país— hicieron eco de los rumores de que Cabello puede ser una importante figura dentro del Cartel de los Soles. Durante la misma conversación con un informante confidencial, uno de los sobrinos señaló que el comercio de drogas del país está repartido entre el Cartel de los Soles y "ejecutivos del gobierno".

Recientemente, en febrero de 2017, Estados Unidos sancionó al actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por su presunta participación en el tráfico de drogas. El nombre de Aissami se convierte así en el más reciente de una larga lista de poderosos funcionarios venezolanos —tanto militares como civiles— que parecen tener estrechos vínculos con el narcotráfico del país.

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posted by Aserne Venezuela @ 1:24 p.m. 

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