Sanciones a los corruptos caen en saco roto

Por: Lisseth Boon

Fuente: Runrunes

Nelson Pablo Martinez

La corrupción no tiene reparo en el sistema de control de la gestión pública. Existen funcionarios multados por irregularidades que continuaron ocupando cargos y otros que se fueron del país sin pagar condena. Con el proyecto Vendata es posible detectar hasta dónde llega la Contraloría en la vigilancia del manejo de los fondos públicos

El actual ministro de Petróleo de Venezuela, Nelson Pablo Martínez, fue sancionado por corrupción en 2011 por la Contraloría General de la República (CGR). El mismo funcionario que ha hecho carrera en la industria petrolera desde los años 80, fue declarado responsable en procedimientos administrativos debido a la “negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio público” mientras presidía Pdvsa Gas, según consta en el Informe 2011 de la CGR.

Aquella sanción, por la que Martínez debió pagar una multa de Bs. 19.142,50 (unos $1.871 al cambio de la época), lejos de impedir su nombramiento para otros cargos de la administración pública, como plantea la Ley Orgánica de Contraloría y la Ley contra la Corrupción, no ha truncado su ascendente trayectoria en la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa. Ese mismo año fue nombrado director de Pdvsa Argentina y dos años más tarde asumió la presidencia de Citgo, la mayor filial de la petrolera fuera del país, posición que mantiene incluso después de asumir en enero de 2017 la cartera de Petróleo.

A Martínez no le dictaron medidas preventivas previstas en el artículo 112 de la Ley de Contraloría, que pueden ser proporcionales a los riesgos manifiestos de daños al patrimonio que determine una investigación.

Tampoco el hecho de pagar un reparo no lo excluye de la responsabilidad de causar daños al patrimonio, dice claramente el artículo 88 de la Ley de Contraloría.

El actual Ministro de Petróleo no fue el único de Pdvsa Gas sancionado en aquella oportunidad. También multaron por Bs. 90.155 a otros cuatro directivos de Pdvsa Gas: Henry Ficara Segnini (superintendente de Planificación, Control y Gestión; Juan José García Nuñez (director gerente); Wenceslao Madail Lariao (gerente técnico del distrito Anaco) y Luis Enrique Marín, ex presidente de Pdvsa Gas).

Una sanción emitida por la Contraloría no siempre resulta efectiva en la lucha contra la corrupción. Martínez es uno los 378 funcionarios públicos sancionados por la Contraloría debido a irregularidades administrativas durante los gobiernos de Hugo Chávez (1998-2013) y Nicolás Maduro (2013). Pero estos “llamados de atención” suelen caer en saco roto si se revisan los casos que se quedan engavetados en el organismo ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas.

La vigilancia del sistema de control fiscal no es continua en Venezuela. Procesos abiertos por la Contraloría contra funcionarios de irregular proceder en la gestión de los fondos públicos no siempre son remitidos a otras instancias como el Ministerio Público, encargado de investigar y tomar acciones penales. “Revela las fallas del Poder Moral Republicano en la lucha contra la corrupción”, explica el abogado y académico Nelson Chitty La Roche. “La CGR no supervisa que otros organismos aseguren el buen funcionamiento de la administración pública en la aplicación correcta de los recursos en beneficio de la ciudadanía”.

Entre 2011 y 2014, la Contraloría abrió procesos a 378 funcionarios públicos señalados como responsables administrativos. Se traduce en una proporción de 95 casos al año en Venezuela, país evaluado como el más corrupto de América Latina al ocupar el puesto 166 del Índice de Percepción de Corrupción 2016 de la organización Transparencia Internacional.

Los datos que ilustran el grado de efectividad de estas medidas anti anticorrupción dentro del sistema de control fiscal se conocen a través de Vendata, proyecto impulsado por el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) que concretó la digitalización y sistematización de documentos públicos como una manera de hacerle frente a la opacidad del Estado venezolano.

2011 fue el año con mayor número de sanciones accesorias, como multas, inhabilitaciones, suspensiones, cuya decisión está a cargo “exclusivamente” del Contralor General de la República. Ese año marcó la transición entre Clodosbaldo Russián (quien falleció ese año) y Adelina González.

Para el presente recuento, se analizaron los nombres de funcionarios sancionados identificados en los informes de Gestión de la Contraloría General de la República de 2011 al 2014. El balance anual 2015, que corresponde a la gestión del actual contralor Manuel Galindo, no fueron incluido en el análisis porque por primera vez no detalla los nombres y apellidos de funcionarios con sanciones, sólo porcentajes.

La inhabilitación fue la sanción más frecuente entre 2011 y 2014. La CGR prohibió a 78% de los funcionarios con responsabilidad administrativa (294) a volver a ocupar algún cargo entre 1 y 15 años, según los informes de gestión correspondientes a cada año.

Dos polémicas inhabilitaciones por parte de la Contraloría no aparecen en este análisis por haberse consumado fuera de los periodos analizados. Tal es el caso de Leopoldo López Mendoza, líder de Voluntad Popular (hoy condenado y preso en la cárcel militar de Ramo Verde), quien en agosto de 2006 fue sancionado por 6 años (desde diciembre de 2008 cuando venció su gobierno en la alcaldía de Chacao hasta diciembre de 2014). El más reciente es el de Henrique Capriles Radonski, quien fue inhabilitado a ejercer cargos por 15 años, lapso que se aplicaría cuando termine su periodo como gobernador de Miranda.

Uno de tantos

La inconstante vigilancia de las actuaciones del actual ministro de Petróleo pone en entredicho la eficacia del sistema de controles en la lucha contra la corrupción en Venezuela, precisamente uno de los máximos objetivos de la Contraloría General de la República.

Existen sanciones a funcionarios emblemáticas que, si bien los inhabilitaron para otros cargos públicos, no les obligaron a rendir cuentas como establece la ley. Tal es el caso del ex ministro de Finanzas Tobías Nobrega, uno de los funcionario de más alto nivel a quienes la CGR sancionó por sus manejos irregulares durante el primer gobierno chavista.

En los albores de la administración bolivariana, el economista graduado en la UCV ejerció la cartera de Finanzas entre 2002 y 2003. De la gestión de este técnico prestado a la política (también fue asesor económico del llamado congresillo y candidato a diputado por el partido Irene, de Irene Sáez) se recuerda el reestructuramiento de la deuda y ser uno de los promotores del control cambiario que perdura hasta hoy en día.

Y también por actos de corrupción durante su administración, específicamente por las irregularidades en la compra y contratación para las remodelaciones de los edificios Bilbao (ubicado en La Urbina, Caracas) y sede del Citibank (Carmelitas), en pleno paro petrolero en 2003.

En 2007, Nobrega fue imputado por el Ministerio Público por el delito de peculado culposo, sancionado en el artículo 53 de la Ley contra la Corrupción. https://goo.gl/FpjwKz

El nombre de Nobrega apareció dentro de una red de corrupción con políticos y militares de Venezuela revelada por las declaraciones que diera el empresario Carlos Kauffman ante el Tribunal de Miami en octubre de 2008, durante el juicio a su socio Franklin Duran, vinculado al “escándalo del maletín, que incluía 800 mil dólares incautados al venezolano Guido Antonini Wilson en Argentina, el 4 de agosto de 2007, presuntamente para financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Kauffman reveló que Nobrega recibió sobornos hasta por 25 millones de dólares.

En 2011, cuatro años después de la imputación de la Fiscalía, le tocó a la Contraloría dictar la inhabilitación de Nobrega por 15 años para ejercer cargos públicos. El organismo comprobó el negocio que involucraba al ex ministro: en 2003 la Inmobiliaria Chacao compró el inmueble al Citibank por 4,7 millones de dólares y 6 días más tarde, el Ministerio de Finanzas, dirigido por Nobrega, lo recompró a la inmobiliaria por 9,5 millones de dólares, es decir por el doble, una transacción que ya había asegurado con Finanzas y que nunca reportó (G.O 6.069 – 10/01/2012)

Nobrega no puede aspirar a ningún cargo en Venezuela hasta el 28 de noviembre de 2026, fecha en que se vence el periodo de la inhabilitación dictado el 28 de noviembre de 2011 (G.O 6069) por la Contraloría. Está por verse si aspira a volver. Una nota del diario Tal Cual del 1ero de julio de 2015, asegura que vive en Portugal y que desde el mismo momento en que Contraloría lo inhabilitó, abrió una cuenta off shore en Funchal, considerada un paraíso fiscal. 

El periodista Víctor Salmerón quien cubrió la fuente de finanzas durante los años de Nobrega en el ministerio y fue amenazado por el ministro cuando se ventilaron las irregularidades, sostiene lo que escribió el 20 de septiembre de 2011 en El Universal: “Hay inhabilitaciones y multas, pero no presos”.

Otras “finanzas”

La inhabilitación de Nobrega de 2009 fue acompañada por sanciones a otros seis subalternos del Ministerio de Finanzas, entre el propio viceministro de Gestión Financiera, Jesús Rodolfo Bermúdez Acosta, quien fue detenido el 3 de diciembre de 2004 en el aeropuerto de Opa Locka, Florida, con 37 mil dólares en efectivo que intentaba introducir en el país sin declarar.

Bermúdez Acosta también apareció involucrado en el caso del maletín de Antonini, cuando Kauffman declaró ante la Corte Federal de Miami de haberlo sobornado con más de 23 millones de dólares.

El 31 diciembre 2002, en medio del paro petrolero, el también el directivo de la CVG (2002 y 2003) abrió en el Banco Industrial de Venezuela un fideicomiso por 1500 millones de dólares a nombre de la República.

El incremento patrimonial desproporcionado del ex viceministro Bermúdez Acosta y su esposa Marggorie Gómez Pérez (quien también ejerció cargos públicos durante el gobierno de Chávez) fue certificado por el Ministerio Público el 7 julio 2006. Las investigaciones sobre su gestión entre 2002 y 2004 comprobaron que Bs. 1.717 millones no se correspondían con los ingresos del ex viceministro y tampoco fueron justificados ante la Contraloría.

El 20 de marzo de 2007 se emitió la orden de aprehensión y solicitud a Interpol de búsqueda internacional. El noviembre de ese año, el Ministerio Público lo acusó por el delito de enriquecimiento ilícito.

Cuatro años después, en junio de 2011, la Contraloría lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 15 años. Pero el ex funcionario ya se encontraba en Florida, como lo confirma un documento de Interpol el 14 de marzo de 2012 ante las autoridades venezolanos. Los registros de Florida indican que Bermúdez Acosta tiene propiedades en Doral y la empresa Automóviles MDB, que lleva el mismo nombre de su par en Boleíta, Caracas.

En diciembre de 2013, el TSJ declara procedente la orden de extradición activa de Bermúdez Acosta, amparándose en el Tratado de Extradición entre Venezuela y Estados Unidos para así proceder en Venezuela a enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito.

Pero el Departamento de Estado respondió que no podía proceder n el arresto provisional del ex viceministro en EEUU ya que “la solicitud no aporta información de que Bermúdez Acosta se haya enriquecido como resultado de un fraude o un abuso de confianza”, tal como obliga el Tratado”. Es decir, las pruebas presentadas por las autoridades venezolanas fueron insuficientes.

Otros casos

La Contraloría también ha hecho “llamados de atención a exgobernadores como Manuel Antonio Rosales Guerrero, líder del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En octubre de 2008, el propio Chávez lo acusó públicamente de “enriquecimiento ilícito” y de conspirar en su contra. También afirmó que lo iba a desaparecer del mapa político y meterlo preso.

La imputación por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito le llegó a Rosales el 11 de diciembre de 2008, luego de que la Contraloría investigara la declaración jurada de patrimonio del entonces gobernador del Zulia y el Ministerio Público concluyera que Rosales no había justificado fondos ante el órgano contralor.

El 22 de abril de 2009, el tribunal de Caracas acuerda la medida privativa de libertad una vez que Rosales no asistiera a la audiencia preliminar. Había salido del país y logró asilarse en Perú. Desde el país andino, declaró ser “víctima de una persecución ordenada por Chávez y de acusaciones falsas” que violaron sus derechos. El Contralor de entonces, Clodosbaldo Russian, señaló: “se le dio asilo a un prófugo de la justicia”.

La CGR entraría en escena en mayo de 2010 cuando decide la inhabilitación del ex alcalde de Maracaibo por 12 meses (mayo 2010 hasta mayo 2011).

Seis años después, el 15 octubre 2015, regresó a Venezuela. Fue detenido por Sebin en el aeropuerto de La Chinita, Maracaibo. Menos de un año estuvo encarcelado cuando en agosto de 2016 la Corte de Apelaciones de Caracas declara a lugar y en diciembre de 2012 fue puesto en libertad con orden de presentación periódica y prohibición de salida del país.

Otro gobernador fue Ramón Martínez Abdenour. El dirigente del partido Podemos fue inhabilitado en noviembre de 2009 por 10 años (septiembre 2009-septiembre 2019) por la Contraloría luego de detectar presuntos delitos de corrupción durante su gestión como gobernador del estado Sucre.

Específicamente, la falta de Martínez consistió en no presentar la declaración jurada de patrimonio, cuyo cumplimiento está establecido en la ley Contra la Corrupción (Resolución 01-00-105 del 4 de junio de 2010).

Pero la inhabilitación llegó luego de que un tribunal de Sucre le dictara orden de detención el 8 de diciembre de 2009 y prohibición de salida del país. Para entonces, ya Martínez se había ido de Venezuela y asilado en Perú. El antiguo aliado de Chávez aseguró que se trataba de una “persecución política” porque en su momento no apoyó la iniciativa del exmandatario

Entre las irregularidades: venta irregular de casas destinadas a Barrio Adentro, programa social promovido por Chávez. También proyecto de producción pesquera desarrollado entre 2001 y 2004 para el que se destinaron 800 mil bolívares y quedó inconcluso.

La sanción de la Asamblea Nacional llegó tarde pero llegó. El 11 de diciembre de 2014, la Comisión Permanente de Contraloría aprobó declarar responsabilidad política de Martínez por irregularidades administrativas, entre ellas la venta irregular de casas destinadas a Barrio Adentro, programa social promovido por Chávez. También, por el proyecto de producción pesquera desarrollado entre 2001 y 2004 para el que se destinaron 800 mil bolívares y quedó inconcluso.

Un año después, Martínez volvió a parecer: se encontraba exiliado en Panamá y con intenciones de volver, según El Pitazo de octubre de 2015.

Para qué sirven las sanciones

“La corrupción es uno de los efectos de las absoluta inconsciencia del gasto público. La Contraloría no está asumiendo sus funciones de control de todo el aparato del Estado, ha abandonado su compromiso institucional, considera Chitty La Roche. “En los años de la democracia, el Informe Anual de Contraloría generaba todo un debate nacional que involucraba a los ciudadanos. En el actual gobierno se oculta la información sobre los funcionarios que han cometido irregularidades”.

Para Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional, “De nada sirven sanciones si no se exige la rendición de cuentas y se aplican penalidades a los responsables”.