Trump debe replantear la política de EE.UU. en Venezuela

Por Roger F. Noriega

[Traducción realizada por IASW]

Mientras que venezolanos desesperados pierden el miedo y llevan la batalla a las calles contra un régimen brutal, está claro que políticos en Estados Unidos hicieron un cálculo trágicamente errado al favorecer la “estabilidad” sobre la democracia en los últimos 18 meses. Esa política debe revisarse cuanto antes para que Estados Unidos pueda ayudar a evitar un baño de sangre.

La Administración del Presidente Trump ya ha dado algunos pasos en la dirección correcta. La reunión en la Oficina Oval con la esposa del líder opositor encarcelado, Leopoldo López, y un mensaje de Twitter posterior del Presidente Trump dio esperanza a una gran mayoría de venezolanos que se oponen al régimen antidemocrático de Nicolás Maduro. Poco después de asumir el cargo, el secretario de Estado Rex Tillerson levantó las objeciones de su Departamento a sanciones dirigidas contra el liderazgo corrupto del régimen. Sin embargo, no está claro que la administración del Presidente Trump haya establecido objetivos para su política en Venezuela o haya puesto un equipo en su lugar para alcanzarlos.

Al favorecer la “estabilidad” sobre la democracia, la administración de Obama empeoró la situación al fortalecer el régimen y perder una solución electoral. Incluso después de que el gobierno de Maduro desafió la victoria aplastante de la oposición en las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015, bloqueó un referéndum revocatorio y elecciones regionales en 2016, y fue acusado de narcotráfico por fiscales estadounidenses, el Departamento de Estado de Obama bloqueó sanciones y respaldó un diálogo nacional bajo los términos de Maduro.

Los opositores de las sanciones estadounidenses contra los capos de la droga en el régimen argumentaron que ayudarían a Maduro a reactivar el nacionalismo venezolano y a provocar una aversión regional al involucramiento estadounidense. El diálogo entre la oposición y un régimen recalcitrante se utilizó para frenar los esfuerzos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de responsabilizar a Maduro por violaciones a la Carta Democrática Interamericana.

Esos argumentos fueron puestos a prueba en febrero cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aisammi y uno de sus testaferros. La medida congela los activos mal habidos de El Aisammi, niega acceso al sistema financiero de los Estados Unidos a su red criminal y deslegitimiza aún más el régimen de Maduro.

Lejos de reforzar el régimen, la decisión de Estados Unidos lo deslegitimó como narco Estado, sembró dudas entre rivales en el partido gobernante y señaló que Estados Unidos está preparado para actuar. Cuando miembros del ala dura en Caracas trataron de consolidar su poder mediante el uso de la Corte Suprema para disolver la Asamblea Nacional controlada por la oposición, líderes latinoamericanos rompieron su silencio y condenaron la acción. Incluso después de que Maduro revirtiera esa medida, una clara mayoría de los miembros de la OEA, liderados por México, Canadá, Argentina y Chile, aprobaron una resolución invocando la Carta Democrática, denunciando la ruptura del orden democrático y respaldando una solución electoral.

El régimen de Caracas nunca ha estado tan aislado. A medida que las protestas opositoras aumentan, el gobierno ha desplegado fuerzas de seguridad, milicias y pandillas entrenadas y armadas por Cuba y Rusia para atacar a los manifestantes.

La comunidad internacional no puede ignorar el número de muertos que cada vez es mayor. La OEA debe involucrar a las agencias de derechos humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional para preparar casos que puedan ser presentados contra líderes políticos y comandantes de seguridad que usan la violencia contra la población civil. Los gobiernos regionales deben enviar un mensaje inequívoco al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y a todos los miembros de las fuerzas de seguridad de que serán responsables de los abusos contra los derechos humanos durante su mandato.

La comunidad interamericana también debe informarle a las autoridades cubanas que el papel de mando que sus agencias de seguridad e inteligencia desempeñan hoy en Venezuela los hace cómplices de cualquier represión violenta. Se debe decir al gobierno ruso que será responsable si los rifles, las minas terrestres y los misiles tierra-aire que se han desplegado en los últimos meses se usan contra civiles o caen en manos equivocadas. Los chinos también deben saber que no pueden seguir financiando al régimen ilegítimo de Maduro.

Una resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presentada recientemente por el representante Ron DeSantis (R-FL), es una prueba de que existe un amplio apoyo bipartidista a las sanciones estadounidenses, respaldando esfuerzos multilaterales para promover elecciones urgentes en Venezuela. La administración del Presidente Trump ha desempeñado un papel de apoyo en las acciones recientes de la OEA, pero se puede hacer mucho más. Deberían imponerse sanciones y acusaciones formales contra Maduro y otros, en particular Diosdado Cabello, un destacado capo de la droga que se jactó públicamente de que miles de armas rusas estaban “listas para el combate” contra los opositores.

Por último, debe quedar claro que la política estadounidense está en manos de personas comprometidas con una vigorosa defensa de la democracia y los derechos humanos. Los diplomáticos estadounidenses que paralizaron la acción de la OEA, promovieron un diálogo falso y engañaron a la oposición no tienen credibilidad con el pueblo venezolano.

El autor fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros.

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