Roger F. Noriega: Si la Casa Blanca no actúa con celeridad y firmeza, Venezuela va a colapsar

Por: Roger Noriega

Fuente: La Patilla

El régimen autoritario en Venezuela ha logrado ganar tiempo organizando elecciones fraudulentas y evitando el impago de su deuda externa. No obstante, la decisión de Caracas de asignar $2.000 millones en divisas a los tenedores de bonos en vez de importar alimentos puede resultar mortal, especialmente si el régimen dirigido por Nicolás Maduro enfrenta otra ronda de sanciones internacionales o protestas callejeras renovadas por parte de gente desesperada y hambrienta.

Las sanciones por parte de la administración del presidente Trump han afectado al régimen y a sus líderes corruptos. El presidente de los Estados Unidos ha presionado a socios regionales y europeos para que respalden una transición democrática urgente. Sin embargo, sin una oposición interna más fuerte y esfuerzos internacionales más enérgicos, Maduro consolidará una dictadura o colapsará al país por completo.

La supervivencia de Maduro hasta ahora es producto de la indulgencia diplomática iniciada por el presidente Obama. A pesar de que durante años el régimen de Maduro, respaldado por Cuba, manipuló implacablemente el sistema a su favor, los diplomáticos estadounidenses han convencido repetidamente a líderes de la oposición de que el diálogo falso y las elecciones son formas viables de obligar a la dictadura a compartir el poder. En 2013-14 y 2016-17, las protestas callejeras comenzaron a agotar el aparato de seguridad interno, pero los políticos acordaron un “diálogo” que disipó la presión nacional y extranjera sobre el régimen.

En 2015, la oposición arrasó en las elecciones parlamentarias, pero Maduro disolvío la Asamblea Nacional poco después. Este verano, el 98 por ciento de los 7.5 millones de votantes venezolanos participaron en un plebiscito de oposición rechazando al régimen ilegal llamando a los militares a defender la constitución. Después de las “elecciones” de la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el gobierno, la empresa que computa los resultados acusó a la junta electoral de cometer un fraude masivo. Sorprendentemente, la oposición dilapidó el plebiscito e ignoró la evidencia de fraude con tal de ganar algunas gobernaciones.

A nadie debería haberle sorprendido cuando las autoridades electorales partidistas anunciaron que un régimen con índices de aprobación prácticamente inexistentes ganó 17 de las 22 gobernaciones. Peor aún, los llamados líderes de la oposición que obtuvieron victorias pírricas se vieron obligados a jurar lealtad a la asamblea constituyente ilegal y omnipotente que Maduro está utilizando para imponer el control absoluto.

Demócratas incondicionales como María Corina Machado y Antonio Ledezma rompieron con la oposición por su decisión de participar en las elecciones regionales. Ahora otros miembros de la oposición admiten el error de creer que la dictadura de Maduro celebraría elecciones honestas. Esta última debacle electoral desacreditó aún más a los jefes de oposición que buscan engraciarse con el régimen en lugar de buscar un cambio genuino.

Después de más de una década de asedio en contra de la oposición por parte de los regímenes de Hugo Chávez y su acólito Maduro, la gran mayoría de los venezolanos prefiere un cambio fundamental y busca nuevas formas de obtenerlo. Por ejemplo, las protestas callejeras—que capturaron la atención internacional por desafiar el aparato represivo del régimen—fueron lideradas por una alianza de jóvenes que respaldaban la libertad económica y política. A diferencia de algunos líderes de la oposición desacreditados, la llamada “Resistencia” es reconocida por el pueblo venezolano por su sacrificio patriótico.

Crear una oposición mucho más coherente y decidida, que gane la confianza del pueblo y de la comunidad internacional, es la clave para evitar un colapso catastrófico o una dictadura en Venezuela. Un liderazgo mucho más fuerte y claro por parte de los EE.UU. es indispensable para alcanzar ese objetivo.

La determinación del presidente Trump de incitar el cambio es muy clara. El Vicepresidente Mike Pence y el Asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster también han hablado abiertamente sobre este tema. Autoridades en el Departamento del Tesoro y en el Consejo de Seguridad Nacional están consiguiendo resultados a nivel táctico, lanzando una serie de sanciones financieras y anuncios de políticas dirigidas a Maduro, su vicepresidente y decenas de otros secuaces del régimen. Este objetivo y estas tácticas parecen gozar de apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, donde los proyectos de ley promovidos por líderes de la política exterior demócrata avanzan en ambas cámaras.

Lo que falta es una estrategia para enfocar estos esfuerzos pro-democracia de una manera más decisiva y coordinada. Esta debe ser la tarea del Departamento de Estado. Sin embargo, la diplomacia de los Estados Unidos ha quedado relegada a la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima, integrado por líderes preocupados en América Latina y Canadá, pero curiosamente no de los EE.UU.

No es demasiado tarde para que la Casa Blanca otorgue poder a un coordinador que lidere un esfuerzo de todo el gobierno para lidiar con la crisis en Venezuela y trabajar con socios internacionales para promover la democracia y adoptar sanciones enfocadas y efectivas. Un coordinador también sería invaluable para unir a la oposición venezolana en torno a un objetivo compartido de una transición democrática urgente, y para enviar un mensaje a los aliados de Maduro en Cuba, Rusia, China y dentro del ejército venezolano, para que respeten la voluntad popular.

Este apoyo internacional inequívoco para una sucesión democrática posterior a Maduro puede ser la última esperanza para restaurar el orden constitucional y proteger a los venezolanos de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de una catástrofe humanitaria.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Newsweek

Roger F. Noriega fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos y Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001 a 2005 bajo la presidencia de George W. Bush. Es miembro visitante del American Enterprise Institute, y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros.