Expulsan a venezolanos de Alba Petróleos por falta de permiso laboral

Por: Yolanda Magaña

Fuente: El Mundo - El Salvador

Tres ciudadanos venezolanos tienen cinco días para salir del país. Migración asegura que les solicitó documentos de viaje.

Alba Petróleos fue fundada con fondos de la petrolera estatal de Venezuela y fondos municipales de alcaldías salvadoreñas gobernadas por el FMLN. Archivo DEM

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) emitió este jueves una orden para expulsar a tres altos ejecutivos venezolanos que forman parte de la sociedad con domicilio salvadoreño Alba Petróleos. La razón que expuso Migración fue que no cuentan con los permisos de trabajo para ejercer funciones en territorio salvadoreño.

La Dirección de Migración no dio los nombres de los ciudadanos venezolanos expulsados, que eran parte de Alba Petróleos, sociedad investigada por posible lavado de dinero por la actual Fiscalía General de la República.

En la directiva de Alba Petróleos se encuentran cuatro ciudadanos venezolanos: Marcos Rojas, Mary Ysabel Fernández, Williams Jesús Martínez y José Rafael Espinoza Alvarado, de acuerdo a la credencial de la junta directiva cuya solicitud llegó el 17 de diciembre de 2018 en el Centro Nacional de Registros (CNR).

La DGME divulgó un comunicado de prensa, titulado “3 altos ejecutivos de Alba Petróleos son obligados a abandonar el país”, en el cual se decía que eran cuatro venezolanos expulsados, pero después se informó que eran tres.

“La Dirección de Control Migratorio y la Unidad de Verificación Migratoria solicitaron los documentos de viaje y las autorizaciones correspondientes para el desempeño de labores de los ciudadanos venezolanos, en ese momento se identificó que no cumplían con los requisitos para ejercer funciones en territorio salvadoreño”, reporta la DGME.

Esta oficina migratoria emitió, según el reporte, una orden “para abandonar” la región CA-4, conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en un plazo de cinco días.

También multaron a Alba Petróleos y a los ejecutivos que recibían salarios entre $5,000 y $8,500, “además del arrendamiento de viviendas en la Residencial Gardel Hill, ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán y el suministro de vehículos particulares”, dice el comunicado de la DGME. Entre los salvadoreños que forman parte de Alba Petróleos está Jaime Alberto Recinos Crespín, exalcalde del FMLN.

El pasado 1 de junio, la Fiscalía General de la República allanó Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas.

El pasado martes, se dio a conocer que el FMLN hipotecó “Termopuertos”, empresa vinculada a Alba Petróleos y que tiene $30 millones de patrimonio. Alba Petróleos fue fundada con fondos estatales proveniente de Venezuela y de alcaldías del FMLN.

Cuatro venezolanos en la directiva de Alba Petróleos

Cuatro ciudadanos venezolanos se encuentran en la junta directiva de la sociedad Alba Petróleos de acuerdo a documentos del Centro Nacional de Registros (CNR).

El director presidente es Marcos Alejandro Rojas Marchena, de 29 años, quien es licenciado en relaciones internacionales, según la credencial de junta directiva, cuya inscripción fue soli­citada el 17 de diciembre de 2018 y fue inscrita el 21 de diciembre de 2018.

Como directora secreta­ria se encuentra Mary Ysabel Fernández Briceño, también venezolana y como directores suplentes: Williams Jesús Martínez, de 75 años, y José Rafael Espinoza Alvarado, de 30, también de nacionalidad venezolana.

En la junta directiva están los salvadoreños, como director vicepresidente de Alba Petróleos, el exalcalde de Cuscatancingo, Jaime Alberto Recinos Crespín, un médico salvadoreño de 49 años; y el director tesorero es el exalcalde de Ciudad Delgado, José Tomás Mine­ro Domínguez, de 53 años.

El 16 de enero de 2019, el director vicepresidente de Alba Petróleos dio un po­der general administrativo y judicial a cuatro abogados: José García, Emma Paniagua, Gladys Buizuela y Juan Escobar. El poder inscrito en el CNR servirá también para que los abogados puedan “intervenir” como acusadores o defensores en causas penales por delitos o faltas, entre otras facultades.