EEUU afirma que Urbano Fermín pagó a fiscal para evitar investigación en Venezuela

De acuerdo con el indictment presentado en una corte de Florida, el empresario, contratista de Pdvsa y solicitado por la justicia venezolana, depositó $100.000 a la cuenta de un abogado muy cercano a una alta autoridad del Ministerio Público venezolano. Luisa Ortega Díaz niega cualquier vinculación con ese caso. Dice desconocer el contenido de la denuncia

Por: Lewin Alejandro Granados/César Batiz - Equipo de Corresponsales

Fuente: El Pitazo

Carlos Enrique Urbano Fermín, junto a sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban, son investigado por el Ministerio Público. Foto captura de pantalla.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó al empresario venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín de supuestamente pagar coimas por $100.000 dólares a una alta funcionaria del Ministerio Público a principios de 2017, de acuerdo con el indictment presentado a la corte, en el cual se recomienda que el empresario pague precisamente $100.000 de fianza para enfrentar el juicio en libertad.

El soborno habría sido pagado a la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, para evitar que sus compañías en Venezuela fuesen investigadas por corrupción a raíz de sus contratos con filiales de Pdvsa.

La acusación fue presentada el pasado 20 de marzo ante la Corte Federal del Sur de la Florida y forma parte del juicio que se inició se lleva a cabo en Estados Unidos en contra de Urbano Fermín, quien enfrenta un juicio por pago de sobornos a funcionarios en el extranjero y lavado de dinero y de usar el sistema financiero del país norteamericano para pagar el soborno, reseña un reportaje de El Nuevo Herald de Miami.

En esa misma corte también se ventilan otros casos que involucran a personajes venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y los empresarios Raúl Gorrín, Luis Oberto y Francisco Convit, todos acusados de lavado de dinero proveniente de la corrupción.

El expediente de un documento de la fiscalía estadounidense sobre Urbarno Fermín indica que el empresario conspiró con otros, incluyendo con un intermediario, para realizar las transacciones. Los conspiradores habrían acordado esconder la naturaleza de los pagos que fueron realizados a través de cuentas bancarias en el Sur de la Florida.

“En o a inicios del 2017, ‘Intermediario 1’ le informó a Carlos Enrique Urbano Fermín que podía prevenir que los cargos criminales fuesen presentados contra sus empresas debido a su estrecha relación con Funcionario 1”, se lee en el texto.

De acuerdo con fuentes de El Nuevo Herald, Ortega es la persona identificada como Funcionario Venezolano Número 1 en el juicio contra el contratista venezolano. Una fuente aseguró a El Pitazo que el intermediario sería José Rafael Parra Saluzzo, preso en el Sebin desde septiembre de 2017, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de participar en una mafia extorsionadora, conformada también por el esposo de la fiscal en el exilio, el diputado Germán Ferrer, según la denuncia del jefe del Ministerio Público, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

“En o alrededor del 3 de abril, Carlos Enrique Urbano Fermín realizó una transferencia de aproximadamente $100.000 desde una cuenta de Urbano Fermín en Estados Unidos a una cuenta para beneficio de Intermediario 1 en un banco de Coral Gables, Florida”, añade el documento.

Paralelamente, en Venezuela Carlos Enrique Urbano Fermín, junto a sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban -este último preso desde septiembre de 2017-, es investigado por el Ministerio Público, al frente del fiscal Tarek William Saab, por presuntamente estar vinculado en el desfalco de 2.000 millones de dólares de la Faja Petrolífera del Orinoco entre los años 2010 y 2016.

De hecho, en Venezuela está detenido Massimo Giuseppe Decaro Prado, quien, según el gobierno de Nicolás Maduro, manejaba altas sumas de divisas por ser el “presunto testaferro de los hermanos Carlos Enrique y Carlos Eduardo Urbano Fermín”. 

En el caso de Carlos Esteban, después de su aprehensión, le imputaron los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista, también por el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco.

“El caso es un montaje”

La fiscal salió al paso de las acusaciones al negar haber recibido sobornos por parte de Carlos Enrique, durante un video difundido el pasado 8 de abril a través de su cuenta de Twitter.

Reconoció que existe una denuncia por parte del empresario, quien posee vínculos con Pdvsa y el gobierno de Nicolás Maduro, pero calificó dicho acto como operación de extorsión emprendida desde Venezuela por el fiscal de Maduro, Tareck William Saab.

“El solo hecho de que Carlos Enrique Urbano Fermín tenga preso en Venezuela a su hermano y que luego de ese hecho aparezca en los Estados Unidos declarando en mi contra, es un clave indicio de que él está coaccionado por el régimen venezolano”, dijo Ortega quien también expresó “sorpresa” al conocer que el caso se está investigando en juzgados estadounidenses. 

La funcionaria ha acusado a William Saab de establecer una “red de extorsión a los ciudadanos que son procesados en el Ministerio Público”. “No hay justicia en Venezuela, además de que está secuestrada, Venezuela es un Estado forajido, un Estado de delincuentes”, remarcó. 

Ortega Díaz actualmente se encuentra exiliada en Colombia luego de romper nexos con Maduro, cuyo gobierno ha denunciado por quebrar el hilo constitucional de Venezuela.

El Pitazo trató de entrevistar a la fiscal sobre su supuesta participación en este hecho, con la presunta intermediación de Parra Saluzzo como intermediario o si había recibido una llamada de la Fiscalía de EEUU, pero respondió, a través de su oficina de prensa, que prefería no responder en espera de tener más información acerca de la investigación del caso Urbano Fermín, pues lo único que sabe es lo que ha recibido a través de la prensa.

“Confío en la Justicia norteamericana, pues en Estados Unidos las instituciones sí funcionan”, agregó la fiscal, reconocida en el cargo por el gobierno interino de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.