Comunicado conjunto de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela

Comunicado conjunto de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela

Departamento de Estado de los Estados Unidos

Oficina de la Portavoz

Para su divulgación inmediata

Nota para los medios

2 de diciembre de 2020

El texto de la siguiente declaración fue divulgado por el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela.

Nosotros, el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela, reconocemos la degradación del Estado de derecho en Venezuela debido a la falta de voluntad, por parte del régimen ilegítimo de Maduro, de detener el narcotráfico y erradicar los elementos delictivos que usufructúan cada rincón de Venezuela. Consideramos que Nicolás Maduro, el dictador ilegítimo venezolano y cabecilla del narcotráfico, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, y no solo de Venezuela. A fin de promover la seguridad del pueblo venezolano y de nuestro hemisferio, el narcorrégimen ilegítimo de Maduro debe responder por sus actos y enfrentar la justicia por los crímenes que ha cometido.

Con este fin, nuestros dos gobiernos mantienen su compromiso de erradicar el transbordo de drogas a través de Venezuela, prevenir el cultivo y el consumo de drogas ilícitas, combatir la corrupción endémica de funcionarios del régimen e impedir el lavado de dinero y la acción de las redes delictivas vinculadas con el tráfico ilegal de materias primas.

El 24 de noviembre de 2020, nos reunimos con países que comparten los mismos valores que nosotros en un encuentro de trabajo para abordar la delincuencia transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas facilitadas por la ausencia de Estado de derecho en Venezuela. Tras el encuentro, el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela expresaron su apoyo a los principios de cooperación siguientes:

1. Subrayar nuestro compromiso con los principios consagrados en los tratados sobre drogas de la ONU, incluida la Convención de 1961, con sus enmiendas, la Convención de 1971 y la Convención de 1988;
2. Mejorar el intercambio de información de las sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minerales ilícitos; trata de personas, incluidos el trabajo forzado, la criminalidad forzada, la trata para fines de explotación sexual y el reclutamiento forzado de menores para conflictos armados; y las tendencias e investigaciones sobre el lavado de dinero;
3. Impulsar la cooperación regional para combatir la producción y el tráfico de narcóticos, la trata de personas en todas sus formas y otros tipos de criminalidad relacionados;
4. Mantener las sanciones dirigidas a personas clave implicadas en tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su posibilidad de desplazarse y realizar transacciones financieras a nivel internacional;
5. Adoptar políticas de reducción de la demanda de drogas empíricamente comprobadas, que se enfoquen en la prevención del consumo de drogas y el tratamiento, incluidas las Normas Internacionales sobre la Prevención del Uso de Drogas y para el Tratamiento de los Trastornos causados por el Uso de Drogas;
6. Reafirmar las obligaciones en materia anticorrupción que se asumieron conforme a la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción;
7. Impulsar los principios de asociación, cooperación informal, transparencia y rendición de cuentas para la recuperación de activos robados;
8. Asumir la determinación de cooperar para combatir todas las formas de criminalidad organizada transnacional y reafirmar los compromisos que asumimos en virtud de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus correspondientes protocolos, en particular, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; y
9. Reconocer la necesidad de incrementar la capacidad de las autoridades pertinentes para mejorar la seguridad pública en Venezuela y concretar las acciones mencionadas precedentemente contra la delincuencia y la corrupción que han surgido en Venezuela como resultado de la ausencia del Estado de derecho con el presidente ilegítimo Nicolás Maduro.