Exfiscales venezolanos Daniel D’Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez son acusados en Estados Unidos de recibir sobornos de contratista de PDVSA

Fuente: El Nuevo Herald

Dos exfiscales venezolanos fueron acusados ​​de aceptar sobornos por más de un millón de dólares de un contratista de PDVSA a través de una cuenta bancaria en el sur de Florida. Esto fue revelado por una acusación federal esta semana en Miami.

A cambio de los presuntos pagos de sobornos hace cinco años, los entonces fiscales superiores no acusaron al contratista que hizo negocios con PDVSA, según la acusación.

Durante la última década, PDVSA ha estado en el centro de decenas de importantes casos de corrupción extranjera presentados en Miami y otras partes de Estados Unidos, reseñó Primer Informe.

La acusación se hizo pública en medio de las conversaciones sobre petróleo que la administración Biden ha estado desarrollando con el régimen de Nicolás Maduro.

La acusación señala a los exfiscales venezolanos Daniel D’Andrea Golindano, de 43 años, y Luis Javier Sánchez Rangel, de 35, con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de aceptar sobornos derivados d

El nuevo caso, investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional, alega que los dos fiscales venezolanos estaban investigando a un contratista sospechoso de corrupción en los tratos de su empresa con una subsidiaria de PDVSA.

D’Andrea y Sánchez acordaron recibir sobornos por más de $1 millón a cambio de no presentar cargos penales contra el contratista y otros, según la acusación presentada por los fiscales federales Michael Berger y Alexander Kramer. El sospechoso en la acusación se identifica como “Contratista 1”.

Según la acusación, D’Andrea hizo arreglos para que un co-conspirador creara facturas falsas en busca de pagos por supuestos equipos de diagnóstico médico del «Contratista 1». A su vez, el contratista realizó pagos de $1 millón a través de una cuenta bancaria del sur de Florida a los dos fiscales venezolanos en 2017, dice la acusación. Los fiscales optaron por no presentar cargos penales contra el contratista y otros y utilizaron los pagos de soborno para ellos mismos.

Si son condenados, los acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de conspiración de lavado de dinero y hasta 10 años por cada cargo de transacciones de soborno.