Caso Emtrasur: Declararon dos venezolanos de la tripulación

La indagatoria terminó esta madrugada. La declaración de tres iraníes se postergó. La semana pasada, la DAIA había pedido la indagatoria de cinco tripulantes

Por: Nicolás Pizzi

Fuente: Infobae

A casi cuatro meses de la llegada del avión de Emtrasur a Buenos Aires, el juez federal Federico Villena arrancó con las indagatorias de los tripulantes que siguen retenidos en el país. Esta madrugada terminó la declaración de los dos venezolanos citados: Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta. En tanto, la indagatoria de los tres iraníes prevista para hoy se postergó por cuestiones de seguridad.

Los dos venezolanos están sospechados de una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión. Cuando tuvo que justificar la prohibición de salida del país, Villena mencionó la apertura de cuentas bancarias en Panamá y en Singapur, utilizadas para cobrar parte del dinero de los traslados.

A Pérez Goméz, la Justicia le secuestró una nota dirigida a Samir Maklad, quien “se trataría de una persona que podría estar vinculado a Hezbollah y que, de acuerdo a fuentes abiertas, la familia Maklad podría ser dueña del Aeropuerto Santiago Mariño de Nueva Esparta, ubicado en la República Bolivariana de Venezuela”. El gerente de Operaciones de Emtrasur admitió ser dueño de una empresa, Willcomet Aviation Services, que presta servicios en ese aeropuerto.

“Hay que destacar que esta suposición vinculada a que la familia Maklad podría ser dueña del Aeropuerto Santiago Mariño de Nueva Esparta, ubicado en la República Bolivariana de Venezuela, es evidentemente falsa, debido a que no existen aeropuertos internacionales privados. El aeropuerto pertenece al Estado Nacional. La familia “Maklad” jamás podría ser “dueña” del aeropuerto mencionado en la resolución”, sostuvo.

Las indagatorias de los venezolanos comenzaron ayer a la tarde y terminaron pasadas las 2 de la madrugada de este martes. Además de contestar preguntas, los dos venezolanos, representados por la abogada Mariana Barbitta, presentaron descargos por escrito y pidieron su sobreseimiento.

En su descargo, Arraga Urdaneta volvió a insistir con que los iraníes cumplían el rol de instructores: “Hemos tenido que viajar con una tripulación compuesta por 19 personas, justamente porque, tal como hemos referido en diversas oportunidades, Venezuela no cuenta actualmente con pilotos capacitados para poder manejar una aeronave de tal magnitud, motivo por el cual nuestros pilotos se encontraban siendo capacitados por los ciudadanos iraníes, dentro del marco de la asistencia técnica contemplada en el contrato, aunado también a que ellos tienen gran prestigio y antigüedad en el manejo de esta aeronave. Por estas razones, la tripulación contaba con 19 personas de nacionalidad iraní y nacionalidad venezolana”.

Además justificó la cadena de sub contrataciones de empresas detrás del vuelo de México a Buenos Aires. Dijo que está relacionado con “la situación política y económica que atraviesa Venezuela a raíz del bloqueo económico que recae sobre el país”. “En relación con Venezuela, se configura en forma de sanciones internacionales (impuestas por EE.UU.) que bloquean la economía del país y limitan el movimiento de 55 de las empresas nacionales, como EMTRASUR”, agregó.

Según la querella de la DAIA, los cinco tripulantes citados a indagatoria están sospechados de haber participado “en una operación comercial lícita con el fin de obtener dinero y/o bienes con la intención de ser utilizados o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a organizaciones consideradas terroristas”.

En el caso del piloto Gholamreza Ghasemi, la prueba más valiosa en su contra sigue siendo el informe del FBI que lo vincula con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah. “La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, apuntó ese informe.

La DAIA también valoró el contenido de las fotos y videos que se encontraron en el celular de Ghasemi. “Los antecedentes profesionales y comerciales de Ghasemi no parecen compatibles con la actividad que pretende haber desarrollado en el Boeing cuestionado. Contradice la lógica que una persona con su expertise y cargos jerárquicos en diferentes empresas, venga a Argentina transportando una irrelevante carga de autopartes – flete que por añadidura resulta no rentable- y, aunque se pretenda que hacía las veces de instructor para la tripulación venezolana, vale la pena subrayar que, aunque dicha ‘excusa’ se escuchara por primera vez de nuestro Secretario de Inteligencia- Agustín Rossi-, no existían en la aeronave al momento del arribo papel alguno que diera cuenta de dicha finalidad lo que es internacionalmente obligatorio”, dice el escrito presentado en el jugado de Lomas de Zamora.

Ayer, la fiscal federal Cecilia Incardona ratificó a través de un breve dictamen la continuidad de la investigación y sostuvo que el plazo impuesto por la Cámara Federal de La Plata de diez días, que vencía este martes, solo debe aplicarse para definir la prohibición de salida del país de 7 de los 19 tripulantes.

Hace dos semanas, al autorizar la salida del país de 12 tripulantes, la Cámara había sostenido que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”.

La situación del avión tramita en un incidente aparte. Hace un mes, el juez Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión de Emtrasur por la transferencia no autorizada entre Mahan Air, una aerolínea vinculada a la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, y Emtrasur. Esa decisión fue ratificada por la Cámara de La Plata y ahora fue apelada ante la Cámara de Casación por el abogado Maximiliano Rusconi.