Règimen de Maduro habría otorgado concesiones al ELN para explotar oro en el Arco Minero, dice Misión de la ONU

Fuente: Efecto Cocuyo | @efectococuyo

Entre los hallazgos que documenta la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en su tercer informe, destacan las presuntas concesiones que habría otorgado el gobierno venezolano al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para explotar oro en el estado Bolívar.

Fuentes entrevistadas por los expertos de la ONU informaron que las autoridades venezolanas dieron la permisología a la guerrilla colombiana para la extracción aurífera en las orillas del río Cuyuní, por la comunidad de San Martín de Turumban, en áreas cercanas a la línea fronteriza con Guyana, en el municipio de Sifontes.

Otro testigo agregó que el ELN también hizo incursiones en las minas Guasipati, Las Claritas y en el Kilómetro 88 del municipio de Sifontes.

“Según testimonios recogidos por la misión, existen vínculos de colaboración entre el gobierno venezolano y el ELN. El gobierno permitió la entrada del ELN con el propósito de ´limpiar´las minas de ´sindicatos´no aliados con el gobierno, especialmente aquellos que no les estuvieran pagando cuotas o vacunas”, se lee en la investigación.

Economías ilícitas

La participación de los grupos ilegales en la industria del oro en la región del Arco Minero y en otras zonas también estaría vinculada a otras economías ilícitas como el tráfico de drogas, armas, combustibles, medicamentos o alimentos y la tala ilegal.

“Estas actividades les vinculan a los cárteles de la droga y a otros grupos delictivos de otros países como Colombia o México”, recoge el informe.

Aunque los reportes sobre la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano son de vieja data, la documentación de la misión, que aplica una metodología rigurosa de comprobación, arroja luz sobre el vínculo que existe entre el gobierno de Nicolás Maduro y el ELN. Esto adquiere relevancia, luego de que el mandatario venezolano aceptara ser el garante de la negociación que inicia el gobierno de Gustavo Petro con este grupo guerrillero.

La misión cree que existen motivos razonables para creer que el ELN ha estado involucrado en la minería de oro, diamantes y coltán con la que financia sus tropas y actividades. “Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales explica que el ELN se financia en al menos un 60% a través de la minería en la República Bolivariana de Venezuela”, refieren los expertos independientes.

Lucha por el control

En la zona del Arco Minero operan presuntamente los denominados “pranatos” (pran es el término que designa al líder de las bandas en las cárceles) y los denominados “sindicatos” (organizaciones ilícitas formadas originalmente por integrantes de las organizaciones sindicales de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar).

Ambas organizaciones se habrían fusionado en la práctica hasta constituir un solo frente con el cual luchan contra la guerrilla colombiana y otras bandas criminales por el controlar el territorio y el negocio de la minería ilegal.

“Los grupos ejercen una violencia brutal contra los mineros y la población local, tanto hombres como mujeres, a menudo en forma de castigos corporales. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma desproporcionada por la violencia de género, como su utilización forzada por los sindicatos criminales con fines sexuales”.

Se especifica también que, aunque el ELN ha estado presente en territorio venezolano desde por lo menos 1970, expandió su presencia en el territorio después del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, el 26 de septiembre de 2016.

Indicadores recopilados por la misión dan cuenta del aumento de violencia en el estado Bolívar tras la expansión de la minería ilegal. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), por ejemplo, registra que la entidad pasó de ser la cuarta con mayores índices de muertes violentas, en 2017, a ocupar el segundo puesto en 2019 y 2020. Aunque en 2021 el estado cayó al tercer lugar, el OVV identificó que precisamente en las áreas mineras se encuentran tres de los municipios más violentos del país: El Callao, Roscio y Sifontes.

Con respecto a la violencia de género, según datos recogidos por la ONG Observatorio Guayanés de Violencia basada en género, los casos de violencia contra la mujer aumentaron 18,27% entre 2017 y 2018 y 17,6% entre 2019 y 2020.

Pueblos indígenas atacados

El informe también alerta sobre las amenazas y ataques, por parte de grupos armados criminales, contra líderes y lideresas indígenas de comunidades que han impedido el paso de contrabando o el acceso a minas en su territorio. También se han reportado ataques por parte de representantes del Estado contra estos líderes por haberse opuesto a la militarización de sus territorios.

Diversas fuentes afirmaron a la misión que en 2018 autoridades militares y del gobierno empezaron a amenazar con la detención de los líderes y lideresas pemones y de los comandantes de las Guardias Territoriales.

“El Estado ha demostrado un patrón de detención arbitraria y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas acusadas por ´traición a la patria´”, dicen los expertos de la ONU.

El caso de José Vásquez, comandante de la Guardia Territorial Pemón en la comunidad de Turasen del municipio Gran Sabana, asesinado el 26 de septiembre de 2018, es destacado porque diversas fuentes aseveran que su muerte fue provocada para amedrentar y debilitar a este cuerpo indígena de protección. El Ministerio Público oficialmente acusó a un exfuncionario de la Fanb de homicidio agravado.

La misión ha documentado casos de ataques violentos dirigidos a obtener el control de territorios indígenas por parte de agentes del propio Estado. Este tipo de ataques se han producido a menudo en el contexto de operaciones militares, como la operación “Manos de Metal” o el plan “Tepuy Protector”.

“Dados los intereses económicos de las élites militares y económicas venezolanas en la explotación de oro y otros minerales estratégicos existen indicios de que el objetivo real de las operaciones militares en los territorios indígenas de Gran Sabana pueda ser el de asegurar el control sobre los recursos naturales, directamente por el Estado o por grupos afines”, concluyen los miembros de la misión.

Lea el informe completo aquí.