El Reencuentro!

¡Compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo! Simón Bolívar.

Por: María Walter

Nada queda oculto bajo el sol por ello, que 26 nuevas y desconocidas leyes, hayan sido “aprobadas” por el ejecutivo nacional como forma de cierre del tiempo habilitante no puede ser visto sino como la precisa y definitiva manera de develar en el preciso tiempo electoral para “los electores” que, el poder estatuido -y las facciones que se sostienen con éste- deciden desde la cúspide de la estructura del Estado lo que a su consideración es pertinente porque tal estructura de poder se sustenta y consolida en el autoritarismo.

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Todos los gobiernos que hemos tenido en Venezuela se han manejado atendiendo a este esquema de estructuración es decir, la condición de dominio de unos -que ejercen el poder- con respecto a otros -que eligen a quienes ejercen el poder- decidiendo los primeros acerca de asuntos que tienen que ver con la vida de todos, mientras los segundos para contrarrestar las decisiones que les sean contrarias a sus intereses solo tienen como medio la protesta, en el entendido que, si quienes ejercen el poder, consideraran sus intereses están siendo amenazados, el uso de la “violencia legitima” del Estado puede ser utilizada en tanto la misma, es la función natural que ejerce el Estado para su mantenimiento al haber sido tácitamente “acordada” (legitimada) mediante pacto electoral hecho que le faculta para “dominar” las situaciones que se salen de su control…

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Visto lo anterior, fácil resulta comprender que, a medida que un gobierno se torna mas y mas autoritario, el militarismo se acreciente, en consecuencia, fácil también resulta comprender que, la voz y acción disidente vaya silenciándose en esa misma medida. Al haber quedado circunscrita la participación política al ámbito de los partidos y/o grupos de electores, la delegatura del poder “se instituye” como estrategia para la estructuración del Estado que, asumiendo el poder delegado neutraliza el ejercicio del poder mismo de la ciudadanía desmovilizándolo con la amenaza de la “violencia legitima” cuando “mantener” la condición estructural del Estado o los “cambios propuestos a la misma[1]” exigen de “aceptación” .

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Cuando el Estado tiende a acrecentar su equipamiento armamentista hace notoria su condición beligerante en pro de disuadir cualquier acción de protesta y organización ciudadana liberadora, así en Venezuela, el lema Patria, Socialismo o Muerte no es otra cosa que la manifestación expresa del mandato al que las fuerzas armadas nacionales y la guardia territorial2 estarían dispuestas si, llegado el momento, la ciudadanía se activara efectivamente renuente a la noción del socialismo que se pretende –y que no es tal- pero que, tenido como cierto ha logrado cautivar a gente crédula que, desatendidos y excluidos por años de los planes y acciones de los gobiernos precedentes ven en esta acción gubernamental su oportunidad de respuesta a través de las llamadas misiones, mientras ésto sucede, “otros” a quienes “esta noción de socialismo” les ha facilitado “estar a resguardo donde hay” la presente incapacidad gerencial, sencillamente les complace.

Que el petróleo y su renta lejos de ser utilizado para la construcción de la riqueza colectiva mediante inversión en el aparato productivo nacional sea desviado bajo el criterio de compensación comercial[2] ubica la real perspectiva del manejo de este recurso no renovable en el campo de las negociaciones binacionales de PetroCaribe llegando al extremo de viciar de nulidad por inconstitucionalidad el contrato marco de tales “acuerdos” en tanto, contraviene el mandato constitucional de la garantía alimentaria previsto por cuanto la esencia “base del acuerdo” estriba en mantenernos cautivos de la dependencia alimentaria[3] hecho contrario precisamente, al espíritu propósito y razón que motivó la presentación de la seguridad alimentaria como derecho de todas y todos los venezolanos[4], ello por cuanto existiendo tierras aptas para la producción agropecuaria no valen razones para la dependencia alimentaria, es decir que, si ésta existe, la causalidad asociada es la inexistencia de una sana política alimentaria que garantice y resguarde la producción nacional y por ende, que garantice la seguridad alimentaria para la garantía de la vida en tiempos de paz.

Desde esta perspectiva de la afectación real en que se encuentra la ciudadanía venezolana hoy ante el irrespeto por parte de quienes detentan los poderes públicos del Estado, se hace indispensable impulsar un movimiento de conciencia ciudadana que propicie el debate y accione en procura del necesario e impostergable cese del armamentismo que de manera resuelta y sin ambages, recurrentemente saca a colación la idea de una fulana guerra –de los 100 años dice- que prioriza el gasto armamentista en desmedro de la salud social de una ciudadanía que azotada por la delincuencia común y de “cuello blanco” esperanzada vislumbra el venidero 23 de noviembre como solución cual si, el resquebrajamiento del sistema de valores de la estima social del venezolano no señalara que la ruta a transitar es el impostergable reencuentro y unidad de los distintos factores que integran la totalidad de la sociedad venezolana como estrategia de inteligencia ciudadana para “desmontar” esta guerra al parecer anhelada a causa de la necesidad de reconocimiento que, en este caso, tiene la particularidad de augurarse “asimétrica” en medio de grandes extensiones de tierra improductivas…

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Es en este sentido que el extravío oficial puesto de manifiesto a través de la inconstitucional manera de legislar -en el contexto de una sociedad de participación protagónica, amante de la paz y la justicia- exige de nuestra parte acciones investidas de la fuerza moral del vuelo libertario, lo que implica entonces, atendiendo al principio de la convivencia pacifica trascender el paradigma del autoritarismo de manera de lograr espacios reales para la convivencia armónica[5] en condición de igualdad y fraternidad porque cuando los gobiernos tienden a acrecentar el equipamiento armamentista del Estado la ciudadanía tiene que estar cada vez mas conciente del valor de la Vida , la Justicia y la Libertad.

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En civilitud, el arma es la conciencia[6].

Compete a la ciudadanía hacer valer la constitución del 99 y develar la inconstitucionalidad de 26 decretos leyes que en total irrespeto a la constitución y la ciudadanía pretenden legitimidad. No a un nuevo fraude a la Constitución !

Despertad!

María Walter

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[1] Gaceta Oficial No. 38.983 Número 38.983. Caracas, jueves 31 de julio de 2008. AÑO CXXXV - MES X. http://www.globovision.com/news.php?nid=94733

2 Rueda de Prensa del secretario de Hacienda de Republica Dominicana, Vicente Bengoa: 'El plan que tenemos con Petrocaribe fundamentalmente es que Venezuela envíe turistas a la República Dominicana o que nosotros le exportemos excedente de productos agrícolas'

3 Cifras del Banco Central de Venezuela demuestran que en 2004 se importaron alimentos por el orden de 2.394 millones de dólares, es decir, 800 millones de dólares más que en 2003, lo que implica decir que, el efecto inflacionario sobre tales adquisiciones en el mercado internacional repercute significativamente en la accesibilidad a los alimentos de la población de escasos recursos económicos sumiéndoles en condición de riesgo por afectación de su calidad de vida. De hecho, en los registros de la FAO para la fecha Venezuela aparece formando parte junto a Haití, Nicaragua, Guatemala, Republica Dominicana y Panamá. del subgrupo de países de America Latina y El Caribe con menor disponibilidad de calorías (menos de 2.400 calorías diarias).

4 WALTER, María: Justificación de Motivos del Derecho a la Garantía Alimentaria de los Venezolanos: “(…) La seguridad alimentaria se alcanzará solo desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y por lo tanto de acción fundamental para el desarrollo económico y social de [5] El Proyecto “ La Carlota , Un Parque para la Vida ” adquiere en este contexto profunda significación al constituirse como elemento unificador de la fuerza libertaria de los habitantes de la ciudad capital que conciente del valor de la vida, no solo demanda la desmilitarización de la zona sino la humanización de la ciudad como espacio público para la garantía de la vida y la convivencia pacífica.

(6)Artículo 1

La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.

Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

Compete a la ciudadanía hacer valer la constitución del 99 y develar la inconstitucionalidad de 26 decretos leyes que en total irrespeto a la constitución y la ciudadanía propugnan legitimidad. No a un nuevo fraude a la Ley.