Basta de atropellos

Por: Marino Alvarado

Ante el asesinato de otro manifestantes en los últimos seis meses y la represión a la marcha de la CTV: Provea exige al Ejecutivo Nacional garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), hace constar su preocupación por el asesinato por fuerzas policiales y militares de cinco manifestantes en los últimos diez meses, así como por la represión desproporcionada contra las personas que marcharon acudiendo a la convocatoria de la Confederación de Trabajadores de Venezuela para el primero de mayo de 2009.

Como se recordará, el estudiante Douglas ROJAS JIMÉNEZ (19), ocurrida el 10 de julio de 2008, por un impacto de metra en la cabeza y por la cual el Ministerio Público imputó el 22/07/2008 a cuatro funcionarios de la Policía de Mérida.

El 03de noviembre de 2008 fue asesinado el estudiante de quinto año de bachillerato Mervin Alexis CEPEDA, quien recibió una herida de bala en el pecho. Funcionarios de la Guardia Nacional y Policía del estado Bolívar fueron señalados como responsables de este acto.

El 29de enero de 2009 fueron asesinados por policías adscritos a la gobernación del estado Anzoátegui los trabajadores Gabriel Marcano Hurtado y Pedro Suárez, cuando realizaban una toma pacífica de las instalaciones de la ensambladora MMC Automotriz.

Ahora tenemos la muerte del estudiante Suban Ortega presidente de la Federación de Centros de Estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (IUTE).

A estos asesinatos de manifestantes y la represión de marchas pacíficas, se suma la criminalización de la protesta. El Ministerio Público y los tribunales penales se han convertido en instrumentos de represión. Los tribunales penales se llenan de juicios penales contra luchadores sociales. El movimiento campesino Jirajara denunció el pasado 20 de abril que cerca de 1.600 campesinos están sometidos a régimen de presentación en tribunales penales. Aproximadamente 300 estudiantes son sometidos a juicios penales incluyendo a adolescentes, cerca de 100 trabajadores y trabajadoras permanecen sometidos a régimen de presentación y un número no determinado de luchadores sociales de las comunidades populares del país. Por otra parte, voceros ligados al movimiento sindical estiman en más de 80 los trabajadores, en todo el país, sometidos a dicho mecanismo punitivo judicial. Todo esto configura un cuadro de represión que cercena el derecho a la vida y a la manifestación pacifica en el país. Ratificamos que la criminalización de la protesta y la obstaculización de las manifestaciones pacíficas debilita la capacidad de las personas, sobre todo de los más pobres, en exigir sus derechos ante la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado o ante las violaciones de derechos conquistados tal como viene ocurriendo en el campo sindical con las contrataciones colectivas. La represión a las manifestaciones crea un clima de zozobra y violencia que perturba la tranquilidad ciudadana y atenta contra la convivencia democrática.

Los asesinatos de cinco manifestantes son prueba fehaciente que el Estado venezolano no ha construido ni aplicado una política democrática de control de orden público. Mientras dicha deficiencia persista se mantendrá el riesgo que la lista de víctimas aumente. Por lo tanto, una vez más exhortamos al Ejecutivo Nacional a que, en conjunto con el resto de los Poderes Públicos y en consulta con la sociedad civil, avance en la construcción de dicha política donde se garantice el no uso de armas de fuego ni bombas lacrimógenas en el control de manifestaciones tal y como lo establece el artículo 68 de la Constitución.

En este contexto general Provea exige además a los Poderes Públicos:


1.- Que el Ministerio Público adelante una investigación imparcial y establezca responsabilidades en el asesinato del estudiante Suban Ortega

2.- Que todas las autoridades nacionales, estadales y municipales garanticen el libre ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente.

3.- Que el Ejecutivo Nacional rectifique e instruya a todos los funcionarios policiales para que se cumpla el mandato del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas

4.- El cese a la criminalización de la protesta, se conceda la libertad de los manifestantes encarcelados y cese el proceso judicial contra miles de manifestantes de distintos sectores sociales

5.- Exhortamos, una vez más, a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse en contra de la creciente criminalización de la protesta y el asesinato de manifestantes.

Marino Alvarado Betancourt
CELULAR 58-0424-272.09.87
OF: 58-212-862.10.11

Es una mala costumbre afirmar que los pensamientos ajenos son malos, que sólo los nuestros son buenos y que quienes sostienen puntos de vista distintos de los nuestros son enemigos de la patria. (Gandhi)