Chávez Arrecia Represión Laboral
El Libertario alerta sobre posible condena a los 14 de Sidor
Tras participar en una protesta por falta de condiciones de seguridad laboral en el año 2006, un grupo de 14 trabajadores de la contratista Transportes Camila de Sidor pueden ser condenados este 29 de abril a penas de entre 5 y 10 de prisión.
El 05 de septiembre del año 2006 un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales realizaron una protesta contra la empresa transportista Camila, una compañía contratista de SIDOR, la compañía siderúrgica bandera de las empresas básicas ubicadas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en Venezuela. Los trabajadores protestaban por el incumplimiento del salario, higiene y seguridad laboral, así como por la falta de implementos para cumplir con su trabajo. La protesta fue respaldada por dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss), realizando una paralización de equipos cuyos desperfectos y falta de mantenimiento representaban un peligro para la integridad de los trabajadores, siguiendo los procedimientos de seguridad laboral establecidos en las normativas laborales. Los patrones acudieron a las autoridades regionales, logrando que se emitiera, por parte del Ministerio Público una orden de aprehensión contra tres líderes sindicales y un grupo de trabajadores, labor que realiza la Guardia Nacional, originando en su momento la protesta de los trabajadores de la siderúrgica.
De esta manera fueron detenidos Leonel Grisett, miembro de la Comisión Paritaria de Sutiss; Juan Valor, secretario de Prensa y Propaganda; y Jhoel Hernández, secretario de Cultura y Deporte del referido sindicato. Los cargos contra ellos eran de apropiación indebida calificada y restricción a la libertad de trabajo. De esta manera se inicia un juicio por hechos definidos como delitos tras la reforma del Código Penal Venezolano (artículos 358 al 363), realizado en el año 2005, y la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (artículo 56) en el año 2002: ambos instrumentos aprobados durante el gobierno bolivariano y lesivos del derecho a huelga,. Estos tres líderes sindicales, junto a 11 trabajadores más, los 14 de Sidor, han sido sometidos desde el año 2006 a un régimen de presentación en tribunales, mientras que su juicio finalizará este miércoles 29 de abril de 2009, con la posibilidad de que se les imponga una pena entre 5 y 10 años de prisión.
Hay que recordar que SIDOR fue la empresa metalúrgica nacionalizada por el presidente Hugo Chávez en abril del año 2008, tras la revocación del contrato con la trasnacional argentina Techint. Sin embargo, un año después dicha estatización no ha significado una mejora en la calidad de vida de sus trabajadores. En declaraciones a El Libertario, Leonel Grisett afirmó que “Es falso que se ha eliminado la tercerización laboral; las condiciones de trabajo de los flexibilizados son tales que originan una proporción de accidentes laborales de 4 a 1 con respecto a los trabadores fijos. La discusión de la contratación colectiva se encuentra congelada y a pesar de que no existen técnicos de seguridad laboral, ineludibles según la ley, obligan a trabajar en condiciones irregulares”. Por otra parte, la estatización ha neutralizado a la actual junta directiva de SUTISS, la cual le ha dado la espalda a los 14 trabajadores enjuiciados, por lo que han tenido que costear de sus propios bolsillos el pago de los honorarios de sus abogados defensores, los cuales se remontan a 100 millones de bolívares (más de 44.000 dólares).
Diversas organizaciones de Derechos Humanos y laborales han venido denunciando la criminalización de la protesta en Venezuela, así como la activación de dispositivos judiciales para cercenar el derecho a huelga, tales como la aplicación de regímenes de presentación en tribunales y la amenaza de la aplicación del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Para los y las anarquistas dicha arquitectura jurídica de represión se enmarca dentro de la ofensiva gubernamental para acabar con la autonomía beligerante de las organizaciones sociales, con la excusa del combate al golpismo y bajo la máscara del retórico socialismo bolivariano, cuyas consecuencias están siendo padecidas por los y las de abajo. Si bien las propias organizaciones sindicales –divididas y partidizadas dentro del enfrentamiento interburgués ocurrido en el país en los últimos años- no llevan las estadísticas de los casos similares a los 14 de Sidor, se han reportado trabajadores en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Táchira sometidos a regímenes de presentación. En este sentido, declaraciones del movimiento campesino Jirajara, ubicado en el estado Yaracuy, han contabilizado 103 casos de campesinos que tras haber participado en protestas y ocupaciones de tierras, han sido pasados a tribunales. Para los activistas sindicales de los 14 de Sidor dichos procedimientos tienen como objetivo descabezar el movimiento sindical beligerante, por lo que su posible penalización a 5 ó 10 años de prisión será un aviso para el resto de los activistas y defensores de derechos laborales y sociales.
Desde siempre los libertarios y libertarias hemos afirmado que el pueblo no se sentirá mejor si el garrote que le pega lleva el nombre de palo del pueblo. Alertamos a las organizaciones de base y colectivos de Venezuela y del Mundo acerca de la potencial condena contra los 14 de Sidor. Los y las anarquistas miembros del periódico El Libertario nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras venezolanas en lucha por sus derechos, apoyamos a las organizaciones sindicales autónomas, honestas y beligerantes y seguiremos denunciando las contradicciones de un gobierno autoritario y servil a los intereses de la globalización económica capitalista; en la lucha por una alternativa, autogestionada, revolucionaria y desde abajo, a la falsa polarización existente en nuestro país.
Tras participar en una protesta por falta de condiciones de seguridad laboral en el año 2006, un grupo de 14 trabajadores de la contratista Transportes Camila de Sidor pueden ser condenados este 29 de abril a penas de entre 5 y 10 de prisión.
El 05 de septiembre del año 2006 un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales realizaron una protesta contra la empresa transportista Camila, una compañía contratista de SIDOR, la compañía siderúrgica bandera de las empresas básicas ubicadas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en Venezuela. Los trabajadores protestaban por el incumplimiento del salario, higiene y seguridad laboral, así como por la falta de implementos para cumplir con su trabajo. La protesta fue respaldada por dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss), realizando una paralización de equipos cuyos desperfectos y falta de mantenimiento representaban un peligro para la integridad de los trabajadores, siguiendo los procedimientos de seguridad laboral establecidos en las normativas laborales. Los patrones acudieron a las autoridades regionales, logrando que se emitiera, por parte del Ministerio Público una orden de aprehensión contra tres líderes sindicales y un grupo de trabajadores, labor que realiza la Guardia Nacional, originando en su momento la protesta de los trabajadores de la siderúrgica.
De esta manera fueron detenidos Leonel Grisett, miembro de la Comisión Paritaria de Sutiss; Juan Valor, secretario de Prensa y Propaganda; y Jhoel Hernández, secretario de Cultura y Deporte del referido sindicato. Los cargos contra ellos eran de apropiación indebida calificada y restricción a la libertad de trabajo. De esta manera se inicia un juicio por hechos definidos como delitos tras la reforma del Código Penal Venezolano (artículos 358 al 363), realizado en el año 2005, y la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (artículo 56) en el año 2002: ambos instrumentos aprobados durante el gobierno bolivariano y lesivos del derecho a huelga,. Estos tres líderes sindicales, junto a 11 trabajadores más, los 14 de Sidor, han sido sometidos desde el año 2006 a un régimen de presentación en tribunales, mientras que su juicio finalizará este miércoles 29 de abril de 2009, con la posibilidad de que se les imponga una pena entre 5 y 10 años de prisión.
Hay que recordar que SIDOR fue la empresa metalúrgica nacionalizada por el presidente Hugo Chávez en abril del año 2008, tras la revocación del contrato con la trasnacional argentina Techint. Sin embargo, un año después dicha estatización no ha significado una mejora en la calidad de vida de sus trabajadores. En declaraciones a El Libertario, Leonel Grisett afirmó que “Es falso que se ha eliminado la tercerización laboral; las condiciones de trabajo de los flexibilizados son tales que originan una proporción de accidentes laborales de 4 a 1 con respecto a los trabadores fijos. La discusión de la contratación colectiva se encuentra congelada y a pesar de que no existen técnicos de seguridad laboral, ineludibles según la ley, obligan a trabajar en condiciones irregulares”. Por otra parte, la estatización ha neutralizado a la actual junta directiva de SUTISS, la cual le ha dado la espalda a los 14 trabajadores enjuiciados, por lo que han tenido que costear de sus propios bolsillos el pago de los honorarios de sus abogados defensores, los cuales se remontan a 100 millones de bolívares (más de 44.000 dólares).
Diversas organizaciones de Derechos Humanos y laborales han venido denunciando la criminalización de la protesta en Venezuela, así como la activación de dispositivos judiciales para cercenar el derecho a huelga, tales como la aplicación de regímenes de presentación en tribunales y la amenaza de la aplicación del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Para los y las anarquistas dicha arquitectura jurídica de represión se enmarca dentro de la ofensiva gubernamental para acabar con la autonomía beligerante de las organizaciones sociales, con la excusa del combate al golpismo y bajo la máscara del retórico socialismo bolivariano, cuyas consecuencias están siendo padecidas por los y las de abajo. Si bien las propias organizaciones sindicales –divididas y partidizadas dentro del enfrentamiento interburgués ocurrido en el país en los últimos años- no llevan las estadísticas de los casos similares a los 14 de Sidor, se han reportado trabajadores en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Táchira sometidos a regímenes de presentación. En este sentido, declaraciones del movimiento campesino Jirajara, ubicado en el estado Yaracuy, han contabilizado 103 casos de campesinos que tras haber participado en protestas y ocupaciones de tierras, han sido pasados a tribunales. Para los activistas sindicales de los 14 de Sidor dichos procedimientos tienen como objetivo descabezar el movimiento sindical beligerante, por lo que su posible penalización a 5 ó 10 años de prisión será un aviso para el resto de los activistas y defensores de derechos laborales y sociales.
Desde siempre los libertarios y libertarias hemos afirmado que el pueblo no se sentirá mejor si el garrote que le pega lleva el nombre de palo del pueblo. Alertamos a las organizaciones de base y colectivos de Venezuela y del Mundo acerca de la potencial condena contra los 14 de Sidor. Los y las anarquistas miembros del periódico El Libertario nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras venezolanas en lucha por sus derechos, apoyamos a las organizaciones sindicales autónomas, honestas y beligerantes y seguiremos denunciando las contradicciones de un gobierno autoritario y servil a los intereses de la globalización económica capitalista; en la lucha por una alternativa, autogestionada, revolucionaria y desde abajo, a la falsa polarización existente en nuestro país.
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COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS BANDERA ROJA
En la misma dirección, se pretende desde el Gobierno encarcelar a 5 trabajadores de SVS Planta de Gas de Santa Rosa en Anaco que junto a sus compañerros de lucha han decidido hacer uso de su derecho alternativo para defender sus derechos económicos y sociales. En tal sentido desde la Comisión de DDHH de Bandera Roja nos solidarizamos militantemente con los trabajadores de la contratista Transportes Camila de SIDOR y condenamos la amenaza del Gobierno. Necesario es que coordinemos todas las iniciativas pertinentes para fortalecer la Unidad en la acción Popular por la defensa de los DDHH de la clase obrera venezolana en el marco de la próxima conmemoración del 123 aniversario del 1º de mayo y del LKI aniversario de la Declaración Universal de los DDHH el próximo 10 de diciembre. Por tales circunstancias decimos a los cuatro vientos:
Chávez y su Gobierno fascista continúan con el ¡¡¡EXTERMINIO SINDICAL!!!
2052 trabajadores(as) del Consorcio (SVS) SADEVEN VINCLER SODINSA,Contratista de PDVSA en la zona del Municipio Anaco del Estado Anzoátegui denominada “PLANTA DE GAS SANTA ROSA” fueron despedidos durante el año 2008 sin cancelárseles sus prestaciones sociales ni tomar en cuenta ninguna otra consideración social. Actualmente, 266 obreros se encuentran en Caracas y como consecuencia de su irreductible posición de clase que mantienen ante el Ministerio del Trabajo, reclamando sus derechos económicos y sociales y en virtud de que la Inspectoría del Trabajo en la zona se ha pronunciado a su favor, exigen a la ministra María Cristina Iglesias se pronuncie firmando la debida “Providencia”, lo que implicaría su reenganche total y debido pago de sus salarios caídos. En tal sentido, hoy han sido encarcelados cinco (5) trabajadores luego de que la masa presente ejerciendo su derecho a la protesta fuera reprimida brutalmente por la PM sin tomar en cuenta que se encontraban acompañados por sus pequeños hijos y esposas. El caso es que el Gobierno amenaza con abrir juicio y mandarles largos años a la cárcel a los ciudadanos José Solano, José Gutiérrez, José Radonsky, Pedro Pérez, Manuel González quienes han sido detenidos y trasladados hacia Boleita presuntamente hacia la DIM para luego ser pasados a la Cárcel “La Planta”.Por otro lado, como parte de la sistemática acción represiva del Gobierno, el día domingo 26 de abril en horas de la noche la GN acantonada en el peaje de Barcelona detuvo hasta la cinco y media de la mañana de día lunes 27 a 87 trabajadores de la referida planta que se dirigían hacia Caracas a respaldar a sus compañeros y anoche de nuevo la GN en el Terminal de Pasajeros de la ciudad de Anaco impidió la salida de más de 40 trabajadores que se disponían a salir de viaje para caracas también en respaldo a sus compañeros.
Como podemos observar, está clarísimo que el Gobierno representa la más genuina y verdadera estafa a la clase trabajadora cuando en nombre de una falsa revolución y un aventurero socialismo del siglo XXI desconoce los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora, y procede a una sistemática persecución policial militar contra el movimiento sindical, sus sindicatos, militariza las empresas, violenta la libertad sindical y pisotea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en todo su preámbulo y el Mandato que en materia de DDHH contiene.
Urge inequívocamente desde todos los ámbitos del qué hacer social y político impulsar la unificación de las diversas corrientes sindicales y la construcción de un poderoso movimiento de solidaridad sindical como la única y verdadera posibilidad real de crear las condiciones para frenar la sistemática arremetida patronal y del gobierno al pretender acallar la voz de protesta de los trabajadores. Es allí donde todas los sindicatos venezolanos, gremios, partidos políticos, ONGs de DDHH, individualidades, medios de comunicación apelando al Mandato Constitucional previsto en los Arts 70 y 132 referido a las Asambleas de Ciudadanos y al de que toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política(…)promoviendo y defendiendo los DDHH como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social, debemos impulsar la unidad y accionar en la lucha popular como derecho humano alternativo.
Los trabajadores presos pasan a engrosar la larga fila de Presos Políticos de Venezuela y en consecuencia necesario es la movilización popular por la defensa de los DDHH y por la Libertad inmediata de todos los Presos Políticos.
Estamos llamados a aferrarnos a lo que nos une, es decir unir lo diverso y contradictorio obliga a privilegiar lo común, lo que todos compartimos, lo que nos une, y aplazar el tratamiento de lo que nos separa para otro momento. La defensa de la Constitución y los DDHH es un punto de partida común ante las violaciones que el Presidente y su Gobierno le imponen.
José Araque C.I. 4.629.299
Coordinador Comisión DDHH
Bandera Roja
E-mail: derechoshumanosbr1@gmail.com
heroescantaura1@gmail.com
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