PDVSA: Acoso Laboral y Criminalización

(Caracas, 15.07.09) Robert González, dirigente sindical de la refinería El Palito e integrante de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA) en la industria petrolera, denunció que la administración de la refinería El Palito pretende doblegar a los trabajadores al atacar a los sectores clasistas y combativos que defienden los derechos de los trabajadores, las elecciones sindicales autónomas y el contrato petrolero. Indicó que los afectados con la medida cautelar que les imposibilita ejercer su función de dirigentes sindicales son integrantes de la Plancha No. 1 que encabeza José Bodas.

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Con una boleta de notificación remitida por el Tribunal de Control del estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, firmado por la jueza titular N° 1, Ana María del Ciaccio Cellis, se les prohíbe a cinco dirigentes sindicales de la Refinería El Palito (REP) promover o incitar asambleas, concentraciones y reuniones dentro de las cuales pongan en riesgo el normal desenvolvimiento instalaciones del complejo petrolero. La medida afecta a los dirigentes sindicales Robert González, Juan Barreto, Freddy Pulgar, José Servelión y Efralí Pastrán.

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Fue el lunes 13.07.09 cuando los dirigentes gremiales recibieron el oficio, pues el documento fue redactado el pasado 9 de julio, pero no será hasta el 16 de julio cuando los imputados puedan conocer el contenido del expediente.Con estas acciones legales en contra de estos cinco dirigentes sindicales, serían en total 10 trabajadores petroleros, quienes son amenazados, por propiciar acciones de protestas dentro de la petrolera, pues los primeros cinco poseen una medida cautelar desde hace un año, quienes aún se mantienen a la espera para conocer la decisión del Ministerio Público.

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Los trabajadores petroleros también denunciaron los 70 días que lleva parada la refinería después de las actividades de mantenimiento lo cual representa, por una lado, un duro golpe al patrimonio de la nación y por el otro una muestra de ineficiencia por parte del equipo gerencial de la refinería. En palabras de Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, esta medida punitiva se inscribe en el marco de la política de criminalización de la protesta realizada por el Ejecutivo Nacional.

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Según informaciones que maneja la ONG, más de 2200 trabajadores, campesinos, estudiantes y miembros de comunidades estarían afectados por medidas de presentación periódica en tribunales por ejercer su derecho a la protesta. Asimismo, invitó a la manifestación a realizarse el próximo 29 de julio, frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, para exigir el respeto al derecho a la protesta pacífica, y solidarizarse con el juicio que les realizan a 14 t rabajadores de la contratista Camila de Sidor por exigir mejoras en sus condiciones laborales.